Durante una audiencia virtual, la Fiscalía estaba presentando pruebas contra el exmandatario cuando abrió un video y apareció una persona con enanismo bailando, lo que causó risas entre los asistentes a la diligencia judicial.

Luego de cerrar ese video, la funcionaria reprodujo otra pieza que resultó siendo una película porno, algo que puso incómodos a algunos de los asistentes. Después de este momento el juicio continuó sin mayores novedades.

«Gracias, su Señoría, qué pena, es que queríamos mostrar todo lo que mandó el doctor Cadena y no hubo previsión que una cuestión era esa», se justificó la investigadora Marlene Orjuela, tras proyectarse el video meme en el que aparecía una persona de talla baja mientras bailaba e ingería licor.

Orjuela en realidad pretendía mostrar el material que se atribuye al abogado Diego Cadena, defensor de Uribe en 2018 y uno de los señalados de ofrecer beneficios a exparamilitares para modificar testimonios en favor del expresidente. Sin embargo, el segundo intento para resarcir el fallo fue peor.

En la pantalla de la audiencia, que también se seguía en vivo por Internet, apareció el video inapropiado de la mujer. «¡Ah no, tampoco!», aseveró Orjuela. Y agregó: «¡qué vergüenza!». La jueza, por su parte, agregó: «Díganos cuáles son los archivos que tienen contenido serio«.

El juicio

La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador izquierdista Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.

El juicio comenzó el jueves pasado luego de que el Tribunal Superior de Bogotá admitiera como pruebas las interceptaciones que en 2018 le hizo la Corte Suprema a Uribe.

El expresidente renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.

Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que el año pasado la Fiscalía decidió acusarlo.