Se suspendió la interpelación a Manuel Adorni por falta de quórum: cuándo es la nueva convocatoria
Los sectores impulsores no alcanzaron el apoyo suficiente y tuvieron que hacer un nuevo llamado para el próximo 20 de mayo para poder solicitar los informes verbales del Jefe de Gabinete.
Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/
Este jueves a las 11 horas estaba prevista la interpelación a Manuel Adorni, una solicitud impulsada por la oposición. Sin embargo, fueron estos sectores los que finalmente decidieron suspender la convocatoria al recinto de la Cámara de Diputados porque no iban a contar con el quórum necesario, un apoyo con el que no contaban de antemano.
El objetivo para esta mañana era llevar a cabo interpelaciones verbales, solicitud de informes e incluso una moción de censura del Jefe de Gabinete de la Nación Argentina, actualmente investigado por la Justicia Federal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Los opositores sabían que iba a ser difícil alcanzar el número deseado. “Si no llegamos, igual nos sirve como ‘principio de revelación’, como dicen ellos», explicaron el martes pasado. Además, hicieron hincapié en la complicidad y apoyo que hay hacia el político argentino ante las graves acusaciones que recibe: «Hay una clara la línea divisoria entre quiénes buscamos las explicaciones que el funcionario elude, y quienes se suman el juego del blindaje que propone el Gobierno”.
La convocatoria apenas sumaba los 100 diputados confirmados, por lo que tuvieron que dar un giro y presentar una nota ante Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para levantar la sesión con las firmas de Germán Martínez, Esteban Paulón, Mónica Frade, Pablo Juliano y otros representantes. Buscaron un plan B: sumaron a Unión por la Patria para un nuevo llamado el próximo 20 de mayo, con el objetivo de alcanzar el quórum de 129 diputados para habilitar una sesión especial.
A este nuevo llamado, se sumarían sectores del peronismo, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y algunos monobloques, como los que encabezan Marcela Pagano y Natalia de la Sota. La agenda incluirá los cuatro proyectos que impulsan la interpelación de Manuel Adorni, pero además tratarán las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, licencias por nacimiento, régimen de licencias parentales, la creación del plan Remediar y pedidos de informes sobre el PAMI.
La convocatoria fue un fracaso de antemano. Varios de los bloques que deberían de haber apoyado la interpelación al funcionario, se negaron a hacerlo. Unión por La Patria, el bloque opositor más importante, con 93 diputados, dijo que no desde un principio y, conscientes de que sin su apoyo no iban a llegar al número de diputados requeridos, ninguno firmó. La realidad es que hubo cierto «enojo», porque sintieron que los sectores que impulsaron esta convocatoria les faltaron el respeto al correr de lado la inclusión de iniciativas sociales que el peronismo viene impulsando en Diputados y porque limitaron el debate exclusivamente a la interpelación. Fue Germán Martínez, jefe de la coalición, quien no aceptó los pedidos.
Provincias Unidas fue otro de los sectores que quiso mantenerse fuera. Aunque algunos integrantes de la coalición encabezaron la sesión, no consiguieron que todos los digan presente en la Cámara. Diputados nacionales específicos provenientes del PRO, como Gisela Scaglia, José Núñez y Sergio Capozzi iban a faltar. “No se meten en temas netamente políticos”, expresaron también legisladores cordobeses de esta misma agrupación.
La iniciativa impulsada por Paulón y y otros integrantes del interbloque Unidos se cayó y avanzaron a un nuevo llamado, ahora sí con la presencia de Unión por La Patria para llevar a cabo el plan.
El pedido para que Manuel Adorni vuelva a la Cámara de Diputados se respalda con el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita a cualquiera de las dos cámaras del Congreso a pedir su interpelación. Solicitan informes verbales del jefe de Gabinete sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos, pedidos de información vinculados a su patrimonio declarado y la posibilidad de avanzar con una remoción eventual del funcionario.
