Pilagás reclaman justicia por la masacre de Rincón Bomba ante la Corte Suprema, que aún no se expide en la causa
La causa enfrenta además una nueva situación, debido a que la Procuraduría General de la Nación emitió un dictamen que pone en duda la calificación de genocidio de la masacre, argumentando que la sentencia de 2019 no fundamentó suficientemente un “ataque generalizado o sistemático”
La causa por la masacre de Rincón Bomba, ocurrida en 1947 en Las Lomitas, sigue su curso en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La abogada de la Fundación Pilagá, Dra. Paula Alvarado, confirmó a La Mañana que actualmente el expediente permanece sin modificaciones y que la causa continúa viva, tanto en el Juzgado Federal 1 de Formosa como en la Corte, donde se tramitan los reclamos de daños y perjuicios.
El 8 de octubre de 2025, una delegación de la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá fue recibida por el Dr. Sergio Napoli, secretario de la Secretaría N.º 4 de la Corte Suprema, en una audiencia en la que se escucharon los pedidos de justicia de la comunidad. La reunión, gestionada a través del amicus curiae SERPAJ, se desarrolló en un marco de respeto y diálogo intercultural.
Durante el encuentro, representantes de la Federación solicitaron una reparación histórica y justa, destacando que la causa lleva más de veinte años de lucha. Entre los oradores, Noole Cipriana Palomo, presidenta del Consejo de Mujeres de la Federación, y Doroteo Domínguez, consejero representante, enfatizaron la importancia de mantener viva la memoria de los sobrevivientes y el legado espiritual de los ancianos fallecidos.
César Zalazar, titular del Consejo de Ancianos, se dirigió a los funcionarios en lengua originaria, y el material documental de la causa fue entregado al secretario de la Corte como símbolo del reclamo. Desde la CSJN, se destacó que recibir a las comunidades es un derecho garantizado y que la decisión final corresponde a los ministros del máximo tribunal.
Genocidio
La causa enfrenta además una nueva situación, debido a que la Procuraduría General de la Nación emitió un dictamen que pone en duda la calificación de genocidio de la masacre, argumentando que la sentencia de 2019 no fundamentó suficientemente un “ataque generalizado o sistemático”. En esa resolución histórica, el juez federal Fernando Carbajal reconoció la masacre como crimen de lesa humanidad y ordenó reparaciones económicas y simbólicas para las comunidades. Posteriormente, en 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la existencia de genocidio.
“Para nuestra organización y los descendientes de los sobrevivientes, el dictamen es muy desfavorable. Desconoce los derechos humanos y todo el procedimiento judicial que culminó en la sentencia histórica”, señaló Palomo al respecto.
Consultada por La Mañana, la abogada de la Fundación Pilagá, la Dra. Paula Alvarado, dijo que la causa “sigue en la Corte, por el tema daños y perjuicios y la otra se encuentra en el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa”.
Reveló que luego de la reunión del año pasado en la Corte, “todavía no hubo ninguna modificación en la causa. El expediente está igual, no hubo ningún movimiento hasta el momento”, remarcó, señalando que todas las semanas eleva notas ante el máximo tribunal para consultar posibles novedades.
