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Luego del anuncio del Gobierno nacional de revisar los pagos de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado por presuntas irregularidades en sus otorgamientos, el periodista, escritor y analista político Ceferino Reato dijo  que esta medida revela un cambio de política en este Gobierno respecto de los Derechos Humanos, por lo que expresó su optimismo en relación a posibles anuncios para los héroes del 5 de Octubre de Formosa.

En declaraciones a este Diario, Reato recordó que una de las denuncias más importantes sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado “fue efectivamente realizada por Jovina Luna, la hermana del soldado formoseño Hermindo Luna, héroe en aquel combate tan recordado el 5 de octubre de 1975” durante el ataque de Montoneros al RIMte 29 del Ejército Argentino.

Recordó que personalmente había acompañado a Jovina en la presentación de este reclamo en Buenos Aires, señalando que la misma “consistía en, por un lado, borrar del monumento a las víctimas del terrorismo de Estado acá en la Costanera porteña a los guerrilleros que ese día habían caído en un combate franco contra los defensores del cuartel, incluido el hermano de Luna, que también murió, y además había sido atacado este cuartel en plena democracia, en el Gobierno constitucional de Isabel Perón”.

“Es decir –advirtió- que no pueden figurar como víctimas de un gobierno de Estado porque no lo son. Esa era una de las partes de la denuncia de la tan recordada Jovina Luna”.

Indicó que la otra presentación era un pedido para “anular efectivamente el pago de las indemnizaciones a los parientes de estos guerrilleros que en democracia asaltaron un cuartel y murieron en combate, porque hasta hoy a mí me resulta como que estoy hablando de algo obvio, pero no es obvio. Estos guerrilleros asaltaron el cuartel en Formosa en democracia, y es el mismo Estado el que luego no sólo indemnizó a sus familiares sino que erigió monumentos donde se los recuerda, en cada uno de sus pueblos, como si fueran víctimas del terrorismo de Estado, y acá en el monumento central, en el Parque de la Memoria, también aparece. Esto que se cae del sentido común es lo que la valiente Jovina Luna presentó en su momento y por lo cual su recuerdo sigue tan vivo”, enfatizó Reato.

Con respecto al anuncio del ministro de Justicia, Cúneo Libarona, de revisar estas indemnizaciones a supuestas víctimas del terrorismo de Estado, opinó que “esta medida indica un cambio de política en este Gobierno respecto de los Derechos Humanos, y yo esperaría confiado al 5 de Octubre con anuncios importantes sobre los familiares de los caídos en defensa del Regimiento 29, pero también respecto de los soldados que combatieron a los montoneros en aquel intento de toma del cuartel durante un gobierno democrático del peronismo”.

“Esperaría con optimismo que eso se concrete”, remarcó, y añadió: “Vamos a ver qué sucede, pero me parece que esta decisión era más difícil de tomar que la otra, que me parece que ya tiene un consenso muy importante en la Argentina. Hay consenso en que los héroes de Formosa tienen que ser reconocidos por parte del Estado nacional, yo tengo confianza en eso”, sentenció.

Villarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel celebró la decisión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de revisar los pagos de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en el país, tras haber detectado irregularidades en los trámites.

“Lo dije en campaña. Hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones”, señaló Villarruel a través de sus redes sociales. “Celebro la decisión del ministro Cúneo Libarona y del Presidente”, completó.

Esta semana, el Gobierno nacional notificó el inicio de “una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”. De acuerdo al comunicado, la medida se debe a la detección de irregularidades “en la tramitación, otorgamiento y/o pago” del beneficio para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad.

Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno de facto, entre los años 1976 y 1983, en los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. Hasta hoy, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas. Ahora eso será sometido a revisión.

Los motivos

Entre los fundamentos, desde el Ministerio de Justicia indicaron que la medida surge a partir de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros, sobre defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita” y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal y Correccional Federal. En ese expediente fueron procesadas personas a quienes se acusa de haber falseado datos para percibir el beneficio que otorga el Estado. El organismo nacional asegura que no es el único caso.

“El ministerio articulará las medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no corresponda. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, completó el texto que compartió Cúneo Libarona.

Las compensaciones económicas y pensiones que otorgó hasta hoy el Estado a las víctimas de la última dictadura militar están previstas por seis leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013. Se aplican cuando un denunciante inicia un juicio contra el Estado y prueba el daño en una causa judicial. Sin embargo, el Gobierno sostiene que muchos de los fallos pueden haber sido obtenidos a través de documentación falsa.

El organismo encargado de su ejecución fue la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, que coordina con el Poder Judicial, para obtener las pruebas necesarias para la acreditación de cada pedido de reparación, y que depende del Ministerio de Justicia.

Luego de la resolución, el ministro informó que la presunta estafa anida en alrededor de 100 casos, con trámites iniciados en la Justicia, en las que se reclamaron pagos por 150 mil dólares en cada presentación, lo que hace una cifra de 15 millones de dólares. El Gobierno sostiene que todos esos presentan sospechas, por parte de quienes iniciaron el trámite, de haber falseado datos. “Esto no puedo haber ocurrido sin la colaboración de funcionarios”, denunció Cúneo Libarona en declaraciones a LN+.

El funcionario indicó que el Estado ya pagó 7.996 indemnizaciones a víctimas del terrorismo en Argentina. También afrontó la compensación de 14.400 casos de exiliados.

La resolución tiene como antecedente una iniciativa que había defendido la propia Villarruel antes de ser electa Vicepresidenta.

En 2021, incluso antes de convertirse en diputada nacional, había advertido: “El curro de los Derechos Humanos sigue vigente. Consiste en una cantidad impresionante de indemnizaciones a personas detenidas, desaparecidas, que se exiliaron y a niños apropiados. Hubo víctimas de estas supuestas desapariciones que fueron indemnizadas, porque hay una ley que así lo dispone”.