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El Gobierno reestructuró por DNU la SIDE: más poder, nuevas agencias y control del sistema de inteligencia

El Gobierno reestructuró por DNU la SIDE: más poder, nuevas agencias y control del sistema de inteligencia

El decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año redefine el esquema de espionaje estatal, introduce cambios en seguridad, ciberinteligencia y Fuerzas Armadas, y centraliza decisiones clave dentro del organismo.

El Decreto 941/2025 modifica la Ley de Inteligencia Nacional N.º 25.520.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El arranque del año trajo un cambio profundo en la Secretaría de Inteligencia de Estado, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el Ejecutivo avanzó con una reforma integral del esquema de inteligencia, con el objetivo declarado de actualizar su funcionamiento, ordenar competencias y reforzar los controles internos.

La norma redefine el rol del sistema de espionaje estatal, que pierde algunas áreas operativas, pero gana poder de conducción. Desde ahora, el organismo concentra la coordinación general del sistema y amplía su influencia sobre otras dependencias, en un esquema más centralizado que el vigente hasta ahora.

Uno de los puntos que más polémica generó es la decisión de considerar todas las actividades de inteligencia como encubiertas. Según la explicación oficial, la medida apunta a «proteger información sensible y disminuir riesgos estratégicos para el país», aunque despertó cuestionamientos por el alcance de esa definición. El decreto también habilita a los agentes a aprehender personas en casos de flagrancia o por orden judicial, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. El Gobierno sostuvo que se trata de una herramienta excepcional y acotada a situaciones específicas.

En el rediseño institucional, se disolvió la Agencia de Seguridad Nacional y se creó la Agencia Nacional de Contrainteligencia, enfocada en prevenir espionaje, sabotajes, injerencias externas y operaciones que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos, sus acciones alcanzarán a todo el sector público nacional. En el plano tecnológico, la reforma separó funciones, la ciberseguridad quedó bajo la Jefatura de Gabinete, mediante un nuevo Centro Nacional, mientras que la ciberinteligencia pasó a depender del área de espionaje, con una agencia específica dedicada exclusivamente al ciberespacio.

Otro cambio estructural fue la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que desde ahora, quedará bajo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con la intención de evitar superposiciones y simplificar la cadena de mando. Además, el organismo pasa a conducir todo el Sistema de Inteligencia Nacional, aprobar presupuestos, incluidos los gastos reservados, y requerir información a Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Para eso, se crean dos ámbitos de coordinación que integran fuerzas, organismos financieros y áreas clave del Estado.

Desde la Casa Rosada aseguran que la reforma busca modernizar, legitimar y transparentar el sistema, separarlo de funciones policiales y adaptarlo a las amenazas actuales, con un esquema más claro de control político y administrativo.

Tras aprobar el paquete fiscal, el Gobierno reestructuró y achicó la AFIP

Tras aprobar el paquete fiscal, el Gobierno reestructuró y achicó la AFIP

La AFIP dispuso unificar la fiscalización tributaria y previsional antes de la puesta en marcha de la moratoria y el blanqueo aprobados en la Ley Bases.

En la agencia que dirige Florencia Misrahi afirmaron que buscan “eficientizar y reducir costos de estructura”.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

LEY BASES = LAVADO ACTIVOS

El Gobierno dispuso una reestructuración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con la mira puesta en el control de la moratoria y el blanqueo de capitales tras la aprobación del Paquete Fiscal en el Congreso.

La decisión del Ejecutivo se conoció este miércoles a través de la publicación del Decreto 559/2024 en el Boletín Oficial en el que se consideró que “por razones operativas resulta necesario modificar la estructura organizativa” de la AFIP.

En la agencia que dirige Florencia Misrahi afirmaron que buscan “eficientizar y reducir costos de estructura”, por lo que impulsarán una fusión de áreas que, además de bajar gastos, serviría para generar una “ventanilla única” para el contribuyente.

La normativa determinó concentrar en las dependencias de la Dirección General Impositiva (DGI) la fiscalización en materia tributaria y previsional en el ámbito metropolitano, por lo que unos 700 agentes de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) pasarán a estar bajo su órbita.

Además, los cambios en el organigrama del organismo incluyen la eliminación de ocho direcciones y tres subdirecciones, lo que implicaría una reducción de 44 cargos jerárquicos. Sin embargo, desde AFIP aclararon que esto significa “una reducción de estructura, pero no de personal con la finalidad de modernizar los controles de fiscalización en miras a la moratoria y blanqueo”.

Asimismo, explicaron que la unificación de las actividades de control tributario y previsional está orientada sobre el propósito de que “esta ‘ventanilla única’ va a facilitar el cumplimiento del contribuyente porque queda toda en un solo canal y ya no habrá doble fiscalización”, por lo que “desde ahora habrá un solo control”.

Continuando en esa línea, precisaron que “las modificaciones en la estructura también aseguran la aplicación uniforme de criterios y mejores prácticas operativas, circunstancia que resultará de utilidad en el proceso de exteriorización de activos y de deudas, próximo a implementarse”.

En el texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que “la presente medida propenderá a la complementación e interrelación entre la materia impositiva y la de los tributos del sistema de la Seguridad Social, en miras de lograr sinergia en las actividades operativas de la Administración Federal de Ingresos Públicos”.

Al mismo tiempo, aseguró que “ello contribuirá a constituir una Administración Pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, prioridad del Estado Nacional”.

Desde el organismo que dirige Florencia Misrahi aclararon que en la DGRSS “permanecerán la distribución de los fondos con destino a los subsistemas de seguridad social, el contacto con las instituciones públicas y privadas en materia de seguridad social, así como la investigación y denuncia en caso de trata de personas”.

El Gobierno tiene, como escenario de base, una proyección en la que el blanqueo de capitales incluido en el paquete fiscal de la Ley Bases, le aporte una recaudación de 0,3% del PBI. Esa estimación de recaudación fue revelada por el Gobierno en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y quedó plasmada, en un pie de página, en el informe del staff técnico en que realizó cálculos sobre cuánto podría aportar el paquete fiscal al plan de ajuste de 5 puntos del PBI que necesita el ministro de Economía Luis Caputo para llegar al déficit cero en el primer año de mandato.