La informalidad laboral no solo es generalizada, sino que también afecta de manera crítica a ciertos sectores. El servicio doméstico es el más perjudicado, con apenas 474 mil de 1.580.000 empleados en blanco.

En la construcción, 385 mil trabajadores están registrados, mientras que 567 mil operan informalmente. La agricultura presenta un panorama similar, con 481 mil de 825 mil empleados en la informalidad. Otros sectores con alta incidencia de trabajo en negro incluyen servicios sociales y de salud privados, y actividades comunitarias.

Algunos sectores muestran una menor incidencia de trabajo informal. La pesca cuenta con solo un 12% de informalidad entre sus 17 mil trabajadores. La explotación de minas y canteras presenta un porcentaje similar, con 14 mil de 116 mil empleados operando sin registro. En la intermediación financiera, 38 mil de 282 mil asalariados trabajan en la informalidad, un número relativamente bajo en comparación con otros sectores.

Por otro lado, las horas trabajadas totales tuvieron un descenso de 1,6 por ciento interanual, con caídas en todos los subgrupos de trabajadores. En el caso de los asalariados registrados la baja fue del 1,8 por ciento y en los no registrados fue más severa, del 2,8 por ciento interanual. En tanto los no asalariados tuvieron una mejor performance y las hojas por ellos trabajadas retrocedieron apenas 0,1 por ciento.

Esta caída de puestos de trabajo coincide con el desplome de la actividad económica, que experimentó una contracción interanual acumulada del 3,1% en julio. La Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo anticipa que en agosto la situación no mejorará, proyectándose una nueva caída del 0,1%, equivalente a 6.225 puestos.

En el plano provincial, Buenos Aires, CABA y Chaco fueron las más afectadas en términos absolutos en julio de 2024, con pérdidas de 5.292, 1.439 y 1.079 puestos de trabajo, respectivamente. En algunos casos, como el de Formosa, la situación es aún más crítica, habiendo perdido el 11,8% de sus empleos registrados en tan sólo ocho meses.

El fenómeno no solo afecta a los trabajadores, sino que también representa un desafío para el sistema previsional argentino. Con menos aportes, el financiamiento de las jubilaciones se ve comprometido, lo que podría llevar a futuras reformas en el sistema de seguridad social para garantizar su sostenibilidad.