En este contexto, los representantes legales expusieron los argumentos de la apelación contra la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, a la que calificaron de “errónea” y partiendo de una interpretación equivocada del derecho argentino.

Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación en un comunicado oficial, los abogados del Estado argentino se focalizaron en la necesidad de respetar la jurisdicción nacional en un caso que debería haberse tramitado ante los tribunales locales.

En el marco de la audiencia, subrayaron que la sentencia inicial se fundó en “ficciones jurídicas de graves consecuencias” y que el reclamo promovido por Petersen Energía y Eton Park Capital Management carece de vinculación con el mercado bursátil estadounidense.

Los fondos, recordaron, no adquirieron sus acciones en la oferta pública inicial de YPF de 1993, sino muchos años después, mediante operaciones privadas con Repsol en España, “rodeadas de serias sospechas de corrupción”.

Mientras que la Procuración sostuvo que esos accionistas, junto con Repsol, “drenaron los recursos de YPF” a través del pago de dividendos extraordinarios antes de la expropiación, y que eran plenamente conscientes de que cualquier controversia debía resolverse de acuerdo a la legislación argentina.

En ese sentido, el comunicado subrayó que los demandantes “optaron por no acudir a los tribunales argentinos” y, años después, buscaron obtener una reparación en los Estados Unidos, donde ningún juez argentino habría llegado a las mismas conclusiones.

El comunicado oficial criticó directamente a Burford Capital, el fondo británico que compró el reclamo de Petersen por 15 millones de euros y que ahora busca una ganancia “superior al 37.000%”. “Burford está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria derivada de una controversia puramente doméstica”, señaló el texto. Y acusó que el fondo “busca interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República”.

La Procuración insistió que el caso en lo que describió como “el modus operandi de gobiernos anteriores liderados por Cristina Fernández de Kirchner”, bajo los cuales “determinados grupos empresariales se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas”. En ese contexto, acusó a los exaccionistas de Petersen de intentar beneficiarse nuevamente “a través de la especulación judicial en un tribunal extranjero sin competencia ni experiencia en derecho argentino”.