Por su parte, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) pidió un régimen de inversiones «pero no uno que condene al país a desaprovechar una oportunidad«. «La discusión de fondo es que no hay nada más cavernícola que confundir inversión con desarrollo», le contestó a Benegas Lynch.

Asimismo, Martín Lousteau (Provincias Unidas) cuestionó la falta de definición en el proyecto de Súper RIGI sobre qué tipo de actividades serán beneficiarias del paquete de exenciones fiscales, algo que sí estaba delimitado en el RIGI. “¿Para quién es esta ley? El proyecto dice que es para actividades ‘genuinamente nuevas’, pero no se sabe qué es a ciencia cierta. El artículo 16 les pide a los potenciales inversores que se autoperciban ‘genuinamente novedosos’. Le pregunté al secretario de Energía Daniel González en la comisión y dijo que no tenía certeza para quién era esta ley”, criticó el legislador opositor.

Previo al debate del Súper RIGI, el oficialismo había logrado aprobar y convertir en ley en la Cámara de Diputados el proyecto que autoriza el plan de pago a los dos últimos grupos de acreedores con demandas activas contra el Estado nacional por el default de 2001. El acuerdo implica pagar US$67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP) de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original. A las empresas que ingresen en el Súper RIGI se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), esta versión tiene un plazo más largo de cinco años y uno extra de prórroga. Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI que excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura, y además excluye a proyectos preexistentes ampliables.

En lo concreto, propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%. Los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.

A su vez, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar. Y se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.