Según se detalló, María Alexandra Gómez García, nacida en Venezuela y el niño Víctor Benjamín, nacido en Argentina y de dos años de edad, partieron rumbo a Buenos Aires desde Bogotá y con escala en Panamá. De acuerdo con lo que se detalló, en primer término salieron desde su casa, en Anzoátegui, y cruzaron la frontera hasta Cúcuta por tierra.

Según revelaron, se trató de un operativo liderado por el Gobierno argentino, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su equipo. Contó con el apoyo logístico, entre ellos los de la activista venezolana de Derechos Humanos, Elisa Trotta, que vive aquí y mantiene el contacto con la pareja de Gallo.

En la noche del martes ya estaban en Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela. Mientras que al mediodía de este miércoles ya estaban en vuelo a Buenos Aires.

Argentina exige liberar al gendarme Nahuel Gallo

El Gobierno exigió el pasado viernes la inmediata liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, y condenó el proceso sistemático de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones generalizadas de los derechos humanos en ese país.

En un comunicado difundido por la Cancillería, el Gobierno de Javier Milei exigió la inmediata liberación del gendarme Nahuel Gallo, así como de todos los connacionales que se encuentren ilegalmente privados de su libertad por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Responsabilizó, además, directamente a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y figura clave del chavismo, por liderar una estructura represiva: El Sr. Diosdado Cabello lidera una maquinaria represiva que se apoya en el miedo, el secuestro de inocentes, la desaparición forzada y el hostigamiento sistemático a los entornos familiares de los perseguidos.

El pronunciamiento oficial señala que estas prácticas se ejercen desde el poder del Estado, con amparo institucional y complicidad de las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia y las calificó de «terrorismo de Estado», por tratarse de un patrón sistemático, intimidatorio y arbitrario.

La Cancillería adelantó además que Argentina intensificará las denuncias ante la Corte Penal Internacional, a la que exigirá un pronunciamiento urgente sobre lo que considera «crímenes de lesa humanidad».

El Gobierno argentino también instó a la comunidad internacional a actuar: Nuestro país exhorta a todas las naciones democráticas a unir esfuerzos para poner fin a la persecución y a la violencia ejercida desde las instituciones.

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, las relaciones entre Argentina y Venezuela se han deteriorado significativamente. Tras meses de tensiones verbales, el primer conflicto diplomático se produjo en febrero de 2024, con el decomiso en Buenos Aires de un avión venezolano y la posterior decisión de Caracas de cerrar su espacio aéreo para vuelos desde y hacia Argentina.

En julio, el Gobierno argentino anunció su reincorporación a la denuncia contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), de la cual se había retirado en 2021.

La crisis se profundizó tras los comicios presidenciales venezolanos del 28 de julio, cuando Argentina denunció fraude y Caracas respondió con la expulsión de diplomáticos argentinos. Brasil asumió entonces la representación consular argentina y la protección de los opositores asilados.

La tensión es intensificó el 8 de diciembre, con la detención del gendarme Gallo en Venezuela, acusado de espionaje, lo que provocó una fuerte condena del Gobierno de Milei.