El operativo permitió rescatar a una joven de 23 años que permanecía bajo su control y cuya historia refleja el nivel de vulnerabilidad, abuso y violencia al que eran sometidas las víctimas.

La investigación comenzó el 11 de julio, cuando un vecino denunció de manera anónima que en los monoblocks del complejo Soip, en la zona de Antártida Argentina al 3400, un hombre retenía a “cinco o seis chicas” contra su voluntad. El informante dio además el nombre de Uribe y señaló el departamento 3 del monoblock 21 como epicentro de la explotación.

A partir de esa denuncia, la fiscal Graciela Trill, de la Unidad Funcional de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, y su equipo -junto al auxiliar Emiliano Fortunato- iniciaron un trabajo de campo que incluyó observaciones encubiertas, seguimientos vehiculares y testimonios. Las pruebas fueron contundentes: la luz roja encendida en el departamento 4 del monoblock funcionaba como señal de “disponibilidad” de mujeres para prostitución.

La víctima rescatada, identificada como L.P., relató que Uribe la explotaba desde hacía meses, aprovechándose de su adicción a las drogas. Con apenas 23 años y un hijo de 4, la joven fue sometida a prácticas aberrantes: además de obligarla a prostituirse, el imputado la “marcó” en su cuerpo tatuándole la letra “F” en la pelvis y las iniciales “FU” en un glúteo, en alusión a su nombre.

Según su testimonio, cada encuentro sexual tenía un valor de 90.000 pesos por media hora. Los clientes pagaban directamente a Uribe y las mujeres no veían ese dinero: a cambio recibían dosis de droga para mantenerlas bajo control. L.P. detalló que llegó a recaudar 700.000 pesos en un solo día, sin quedarse con un solo peso. Uribe incluso administraba sus redes sociales para pactar las citas.

Allanamiento en Mar del Plata

Durante el allanamiento se secuestraron elementos clave: una camioneta Volkswagen Amarok utilizada para trasladar a las víctimas, una máquina de tatuajes con agujas e insumos, balanzas de precisión, un teléfono celular, una notebook, un pendrive con grabaciones sexuales y un cuadro con un orificio presuntamente destinado a ocultar una cámara espía.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense intervino de inmediato para garantizar asistencia médica, psicológica y social a la víctima rescatada, que quedó internada en el Hospital Interzonal de Agudos.

Los antecedentes de Uribe revelan un historial de delitos violentos. Desde el año 2000 enfrentó causas por robo, abuso sexual agravado y tenencia ilegal de armas. En enero de este año había sido imputado por lesiones leves contra una mujer. A pesar de esa trayectoria, nunca había enfrentado una condena firme.

En esta causa, la fiscalía lo imputó por “explotación de la prostitución ajena”, delito que prevé penas de entre 4 y 6 años de prisión, aunque el agravante por violencia, amenazas y vulnerabilidad de las víctimas podría elevar la condena hasta los 10 años. Tras ser trasladado a Tribunales, Uribe se negó a declarar por recomendación de su abogado, quien solicitó la excarcelación. El pedido será analizado en los próximos días por el Juzgado de Garantías N°6, a cargo de Lucrecia Bustos. Mientras tanto, el acusado seguirá detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Los investigadores creen que hay más víctimas que aún no dieron testimonio. “La gravedad de los hechos muestra una forma sistemática de violencia contra las mujeres, sin visos de cese en el tiempo. Es necesario proteger a estas mujeres y dar con todas las posibles damnificadas”, señalaron fuentes judiciales.

El caso puso en evidencia una trama de explotación sostenida sobre la vulnerabilidad de mujeres jóvenes, muchas de ellas atrapadas por el consumo problemático de drogas. La escena de la luz roja encendida en los monoblocks del Soip, como símbolo de disponibilidad de cuerpos, retrata con crudeza la normalización del abuso en barrios periféricos.

Ahora la Justicia busca reconstruir la magnitud de la red que manejaba Uribe. El hallazgo de dispositivos electrónicos y grabaciones será clave para identificar a otras víctimas y establecer la mecánica completa de la explotación. Mientras tanto, la sociedad marplatense asimila el horror de un caso que estuvo a la vista de todos y que recién se desbarató gracias a la denuncia de un vecino.