Según informó la Policía local, los hombres habían mantenido una discusión entre sí y, luego de la pelea, rompieron una moto que estaba estacionada en el lugar. El dueño era uno de los involucrados.

Un video mostró el momento en que patearon la moto y la destruyeron. “Los naranjitas (como se los conoce en esa provincia), sin autorización de trabajar en el barrio, nos vuelven locos a todos. Todo muy de terror”, escribieron en el Centro Vecinal de Nueva Córdoba en su cuenta de X.

El video también generó una ola de comentarios entre las personas que presenciaron el violento hecho. “¿Cuándo se van a encargar de esto? Nueva Córdoba está tomada por estas personas. ¡Tomen medidas!”, pidió una usuaria de esa red social. “No cuidan coches. No cuidan nada. Extorsionan y rompen/rayan/roban”, opinó otra.

Los conflictos con los “trapitos” vienen ocurriendo hace tiempo en Córdoba y han sido motivo de más de un cruce entre vecinos, conductores y autoridades. En agosto pasado, la Legislatura Unicameral de la provincia debatió un proyecto para prohibir esta actividad, impulsado por el legislador Gregorio Maqueda, de Juntos por el Cambio. Sin embargo, la iniciativa quedó en la nada.

El proyecto buscaba modificar el artículo 60 del Código de Convivencia, estableciendo sanciones de hasta seis días de trabajo comunitario, multas o arrestos de hasta tres días para aquellos que “exigieran retribución económica por permitir el estacionamiento o cuidar vehículos en la vía pública”.

En octubre pasado, y tras otro episodio de tensión con los “naranjitas”, el Ministerio Público Fiscal de la provincia anunció un protocolo de acción para intentar ponerle un freno a los cobros abusivos. Según explicó el fiscal Marcelo Fenoll, la primera instancia es disuasiva: se les informa a los cuidacoches sobre los límites de su actividad. “Ellos saben que no pueden tarifar su trabajo ni exigir el cobro por adelantado”, aclaró Fenoll.

Si no cumplen, la situación puede derivar en una falta contravencional, aunque el fiscal también recordó que, en casos de extorsión, las penas pueden llegar hasta cinco años de prisión.