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Durante la sesión ordinaria realizada este miércoles, los bloques del Partido Justicialista y la Unión Cívica Nacional del Concejo Deliberante capitalino se pronunciaron en defensa de la universidad pública y en contra del anunciado veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Por su parte, los concejales Patricio Evans (monobloque Nuevo País), Macarena Romero (monobloque PRO) y Marcelo Ocampo (monobloque 5 de Marzo) no se expresaron al respecto.

Desde el PJ leyeron un documento para manifestarse “en contra del desfinanciamiento de las universidades públicas, del eventual veto presidencial y del avance del Gobierno nacional hacia una política de arancelamiento universitario”.

Se dijeron “contestes con la preocupación que resuena en todo el país de no truncar el sueño de más de 2 millones de estudiantes, y evitar así el irreparable perjuicio de nuestras jóvenes generaciones de afectar su derecho colectivo a una educación pública, gratuita y de calidad”.

Por esto, los ediles justicialistas adhirieron “a la multitudinaria marcha en la Plaza del Congreso y la protesta en todo el país, entendiendo que no podemos dejar de advertir junto a la ciudadanía que, de no detenerse el desmantelamiento promovido por el Estado –por los canales institucionales democráticos e incluso oyendo el clamor social–, inexorablemente la Argentina quedará excluida del mundo al desamparar a instituciones estratégicas para el progreso nacional”.

 

Como ejemplo, mencionaron a la Universidad de Buenos Aires (UBA), que con reconocimiento internacional “ha prestigiado a los argentinos y argentinas con docentes y profesionales egresados de instituciones de excelencia académica, tecnológicamente innovadoras y de altísima calidad científica de investigación”.

El documento inició planteando que el proyecto de ley aprobado en el Congreso Nacional recompone el presupuesto de las universidades nacionales, “indiscutiblemente insuficiente a esta altura del año para financiar los gastos de su normal y correcto funcionamiento, así como para honrar los salarios del personal docente y no docente”.

Se manifestó que la actualización del presupuesto en dicha formulación normativa, está prevista que sea por inflación con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado y que en lo venidero sea aplicable mensualmente a fin de que los fondos que el Estado destine a las sesenta (60) universidades de todo el país alcancen para cubrir sus gastos operativos corrientes.

En virtud de lo expresado, “carece de sentido la aprensión del gobierno nacional de descalificar como ‘incremento contra el equilibrio fiscal’ a dichas previsiones presupuestarias que, valga decirlo, como costo fiscal representa tan solo un 0.14% del Producto Bruto Interno”.

Los concejales remarcaron que no se trata de “incremento” sino de recomposición presupuestaria, y denunciaron “el progresivo desfinanciamiento dispuesto por el gobierno nacional, el más alto de los últimos 30 años”, que “ha empujado a las universidades públicas a una situación de emergencia presupuestaria inexplicable, la que empeora sin lugar a duda cuando el gobierno nacional a través de su Ministerio de Capital Humano difunde información falsa sobre los salarios de docentes”.

Aquí citaron datos de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) que demuestran que las altas casas de estudio argentinas tienen el salario docente más bajo en dólares de la región: USD 1.125, muy lejos de los USD 4.231 de Brasil, e incluso lejos de los USD 3.343 de Uruguay, los USD 2.170 de Bolivia, o los USD 1.870 de Paraguay, solo por citar algunos casos.

Radicalismo

Por su parte, los ediles de la UCR, Enzo Casadei y Diego Herrera, también leyeron un pronunciamiento partidario, asegurando que “el Gobierno Nacional ha lanzado un ataque sistemático a las universidades públicas, cuestionando su financiamiento y relevancia en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos”.

“Ante este embate, la Unión Cívica Radical (UCR) reafirma su compromiso con los valores y principios que históricamente han sustentado su lucha por una educación inclusiva y de calidad. La UCR se ha caracterizado por su defensa de la democracia y el acceso equitativo a la educación. Desde su fundación, hemos sostenido que la educación es un derecho fundamental, esencial para el desarrollo personal y colectivo de nuestra sociedad.

La universidad pública ha sido, y debe seguir siendo, un pilar en la formación de profesionales capacitados que contribuyan al progreso del país”, afirmaron.

“Pero –continuaron-, el rol de la Universidad Pública no se agota allí: es la aspiración de una sociedad donde el esfuerzo personal encuentra oportunidades y donde la movilidad social ascendente es posible para todos. Es el anhelo de miles de familias que creen que con sacrificio se puede llegar más lejos”.

Por esto, dijeron que la reducción de presupuestos, la deslegitimación de las universidades y el fomento de la educación privada a expensas de la pública son medidas que atentan contra la igualdad de oportunidades. “La educación no debe ser un privilegio, sino un derecho accesible para todos”, remarcaron.

Ante esto, exigieron “un compromiso claro del Estado para garantizar el financiamiento adecuado de las universidades públicas, reconociendo su papel fundamental en la educación superior, promoviendo políticas que fortalezcan la investigación y el desarrollo en las universidades, asegurando que sean espacios de innovación y avance científico”.

“La Unión Cívica Radical se posiciona firmemente en defensa de las universidades públicas como instituciones esenciales para la construcción de una sociedad justa y democrática. Ante los desafíos que se presentan, hacemos un llamado a todos los ciudadanos a unir esfuerzos para proteger el acceso a la educación y garantizar un futuro en el que todos tengamos la oportunidad de formarnos y contribuir al bienestar de nuestra nación. La lucha por una educación pública de calidad es una lucha por la libertad, la igualdad y la movilidad social ascendente”, concluyeron.