Los cuestionamientos al proyecto

Entre las principales objeciones planteadas por las organizaciones que impulsaron la demanda figuran:

• Un presunto incremento del volumen edilicio encubierto bajo el concepto de “superficie nueva”, algo prohibido en inmuebles con protección estructural.
• La demolición completa del interior del estadio, considerada incompatible con los criterios de preservación patrimonial.
• Cambios en la cubierta y en la fachada, pese a las normas que obligan a conservar esos elementos originales.
• La ausencia de participación de organismos fundamentales como el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) y la Legislatura porteña.
• Un eventual impacto acústico ambiental, con niveles de ruido que superarían los límites permitidos.

• Los argumentos de la Cámara

  Al evaluar el expediente, los jueces Gabriela Seijas, Horacio Corti y Hugo Zuleta entendieron que existen indicios suficientes para considerar que el proyecto podría incumplir la normativa vigente.

  Entre los puntos destacados del fallo, señalaron que:

  • La intervención afectaría más del 20% de la superficie total del inmueble, lo que activa mayores exigencias legales.
  • Existen señales de que la iniciativa modificaría el volumen original del edificio, algo expresamente restringido.
  • El Gobierno porteño no logró responder de forma sólida a varios de los planteos legales presentados.
  • La legislación actual obliga a preservar tanto la fachada como la cubierta, lo que pone bajo análisis la legalidad de su reemplazo.

  Además, el tribunal advirtió que, al tratarse de un Monumento Histórico Nacional, cualquier obra podría ocasionar daños irreversibles si se ejecuta antes de una revisión judicial completa

• Obras paralizadas hasta una resolución definitiva

  Con estos fundamentos, la Cámara consideró acreditados los requisitos de “verosimilitud del derecho” y “peligro en la demora”, por lo que dispuso la suspensión integral de las obras como medida cautelar.

  La decisión significa un nuevo golpe para DF Entertainment y Live Nation, que buscaban avanzar con una profunda transformación del estadio, y deja abierto un escenario de incertidumbre sobre el futuro del Luna Park.

  Por el momento, el histórico recinto permanecerá protegido bajo supervisión judicial, a la espera de una sentencia final que determine si el proyecto podrá continuar o deberá modificarse de manera sustancial.

  Cómo comenzó el conflicto

  La disputa judicial alrededor del estadio se extiende desde hace varios meses. En diciembre de 2025 se había dispuesto una primera suspensión de las obras; posteriormente, en marzo de 2026, otra instancia judicial habilitó ciertos avances, y ahora la Cámara volvió a ordenar la paralización del proceso.

  Mientras tanto, la demolición seguirá detenida hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo, lo que incluso podría derivar en cambios profundos en el proyecto o en su cancelación definitiva.

  El caso mantiene enfrentados a distintos sectores, ya que el Luna Park no solo representa un estadio icónico de Buenos Aires, sino también un símbolo de la historia cultural argentina, sede de espectáculos musicales, eventos deportivos y actos políticos a lo largo de varias generaciones.