El robo de teléfonos móviles dejó hace tiempo de ser un hecho aislado para convertirse en uno de los negocios ilegales más rentables del crimen urbano. Fuentes judiciales ubican el fenómeno en torno a los 9.000 robos diarios en el AMBA. Se trata de 375 equipos arrebatados en la vía pública por hora, lo que marca la gravedad del fenómeno.

Las modalidades cambian según el lugar y la oportunidad. Los arrebatos a personas que caminan hablando por teléfono siguen siendo la mecánica más frecuente. También abundan los ataques desde motos, los robos en paradas de colectivos, estaciones ferroviarias, trenes y subtes, además del accionar de «pungas» que aprovechan recitales, partidos de fútbol y otros eventos masivos para sustraer equipos sin que la víctima lo advierta.

Los delincuentes buscan, principalmente, celulares de alta gama por su mayor valor de reventa, aunque cualquier dispositivo tiene salida en el mercado ilegal. Incluso modelos antiguos pueden comercializarse por piezas o utilizarse para extraer componentes.

Detrás de cada robo existe una estructura mucho más amplia que el ladrón que concreta el arrebato. Los investigadores describen una cadena que comienza con el robo en la vía pública y continúa con intermediarios encargados de recibir los equipos, desbloquearlos, modificar su identificación técnica (IMEI), borrar la información almacenada y volver a introducirlos en el mercado negro.

En muchos casos, los aparatos terminan en galerías comerciales o talleres clandestinos donde son reacondicionados para su venta. En otros, son desarmados y vendidos por partes. También existe un circuito de exportación ilegal hacia países limítrofes, donde los controles sobre los equipos denunciados resultan más difíciles.

Semanas atrás, por ejemplo, una investigación permitió desbaratar una organización que enviaba «pungas» a recitales porteños para robar celulares. Luego los trasladaban hasta una galería comercial de Villa Celina, en La Matanza, donde alteraban los IMEI, restauraban los equipos y los revendían. En los allanamientos se secuestraron 49 teléfonos robados, herramientas de precisión para desbloqueo, equipos técnicos y más de cuatro millones de pesos en efectivo.

Especialistas en seguridad sostienen que el negocio se mantiene por la alta demanda de teléfonos usados sin trazabilidad. Un equipo robado puede venderse rápidamente a una fracción de su valor original, generando ganancias suficientes para alimentar una cadena delictiva que involucra arrebatadores, reducidores, técnicos especializados y vendedores.

Por eso, además de denunciar el hecho, recomiendan bloquear inmediatamente la línea y el equipo llamando al *910, trámite que inutiliza el aparato en las redes de telefonía móvil argentinas y dificulta su reventa. También aconsejan activar funciones de localización remota, utilizar bloqueos biométricos y evitar exhibir el teléfono en la vía pública, especialmente al caminar, esperar el transporte o circular cerca del cordón de la vereda, donde suelen actuar los motochorros.

El caso del jubilado de Ciudadela volvió a exponer una realidad cotidiana: el celular dejó de ser solamente un dispositivo de comunicación para convertirse en uno de los botines preferidos del delito urbano, impulsado por un mercado clandestino que mueve miles de equipos robados cada semana y encuentra compradores dispuestos a sostener un negocio millonario.