Lo único que no fue aprobado ayer en el Senado, fue la iniciativa para crear una comisión investigadora por el escándalo desatado en relación a la «cripto estafa» promocionada por javier Milei.
A continuación, detallamos cada una de las leyes aprobadas y mostramos cómo fueron las votaciones y los debates.
Ley Anti Mafia
El Senado convirtió ayer jueves en ley proyecto Anti Mafia que propone el abordaje integral del crimen organizado. La iniciativa se aprobó con 38 votos afirmativos, cero negativos ni abstenciones. El kirchnerismo se levantó casi en su totalidad antes de la votación.
Fue acompañada por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y espacios federales. A este lote se sumaron los votos de los kirchneristas Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy).
Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre crimen organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.
Una de las modificaciones es que se contempla es una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.
En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.
Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
También crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.
Se dispuso que cuando se autoriza judicialmente una zona sujeta a investigación especial, «las actuaciones pasarán a la Justicia Federal».
La reforma incluye que, cuando se trata de una investigación conjunta de varios distritos, «la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas, para integrar una Comisión Investigadora Conjunta».
En ese contexto, cuando se declara la necesidad de una investigación especial, las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán detener a una persona por 48 horas para averiguación por la comisión de determinados delitos, pero siempre que «exista una razón fundada».
En caso de una investigación por una cantidad de delitos por tratarse de delincuencia transnacional, la detención podrá tener hasta 15 días, con la posibilidad de que sea prorrogada con la autorización judicial correspondiente.
Además, se podrá incautar mercadería presuntamente vinculada con la comisión de ilícitos, así como hacer requisas en las cárceles nacionales o provinciales.
A lo largo del dictamen de mayoría se determina que podrá inmovilizar activos de personas humanas o jurídicas, previa orden judicial, cuando existieren sospechas de un vínculo con una organización criminal.
También los investigadores con previa orden judicial podrán realizar allanamientos sobre los domicilios de un área determinada.
Ante la urgencia, los allanamientos podrán ser autorizados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por cualquier medio, dando inmediata noticia a la autoridad judicial competente que emitió la orden original.
Otra potestad que tendrán será interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación, con orden de la autoridad judicial competente y mediante los sistemas que prevé la ley.
El debate
La miembro informante del proyecto fue la senadora Carolina Losada (Santa Fe), una de las alentadoras del proyecto: «Estamos dando una batalla muy dura en contra del narcotráfico y esta ley va a ser fundamental para esa lucha porque va sobre cada eslabón de la cadena y eso es importante porque todos son igualmente responsables».
El bloque kirchnerista se desmarcó, parcialmente, a través de la voz del senador Oscar Parrilli (Neuquén): «Creo que tenemos que corregir el avasallamiento al federalismo y a las autonomías provinciales. Representamos a la provincias y este proyecto sobre crimen organizado se mete sobre la autoridad jurisdiccional de cada gobernador».
Tras su intervención, casi la totalidad de los integrantes del interbloque peronista dejaron el recinto. No obstante, uno de sus integrantes, el santafesino Marcelo Lewandowski argumentó su acompañamiento favorable a la iniciativa.
«Voy a acompañar esta ley para otorgar una herramienta más para combatir el delito. Tenemos la necesidad de pacificar los barrios, pero también tiene que haber igualdad de oportunidades en la educación y el trabajo», dijo el ex candidato a la Gobernación de Santa Fe.
Ley Anti «Puerta Giratoria»
El Senado también aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal Federal para terminar con la modalidad de la «Puerta Giratoria» de los delincuentes en la Justicia y lo convirtió en ley, ya que tenía media sanción de Diputados.
La iniciativa se aprobó en general con 67 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.
El proyecto establece que, si alguien está procesado y comete un nuevo delito, se proceda a la detención, al modificarse el concepto de reincidencia por reiterancia para terminar con la denominada «puerta giratoria».
La discusión se produce en momentos en que recrudecieron los casos de inseguridad y en medio de la polémica entre el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por el aumento de los delitos en el conurbano.
El proyecto considerará reincidente a «toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme».
Fija que la condena sufrida en el extranjero «se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a extradición».
En ese sentido, la iniciativa de reforma al artículo 17 del Código Procesal establece que «las medidas restrictivas de la libertad sólo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga, de obstaculización de la investigación o de reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada».
A lo largo del dictamen se permite sumar condenas de varios tribunales hasta llegar a un máximo de 50 años de prisión.
En tanto, no se tendrá en cuenta para dar lugar a la reincidencia la pena impuestos por delitos cometidos por menores de 18 años o por aquellos donde hubo amnistía.
El debate
El miembro informante del proyecto fue el senador libertario y presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Juan Carlos Pagotto, que argumentó: «La Justicia penal se encuentra sobrepasada, necesitamos reformular la Justicia, la construcción de cárceles nuevas y de institutos que reciban a menores para evitar que caigan en escuelas del delito y necesitamos que las normas de excarcelación se cumplan».
Por su parte, el senador de Unión por la Patria Oscar Parrilli (Neuquén) fustigó contra algunos artículos del proyecto, pero acompañó en general: «Vamos a volver a una legislación que existía anteriormente, estamos de acuerdo, pero vamos a votar favorablemente 2 artículos en general y luego vamos a votar en contra del resto de los artículos que establecen la reiterancia».
Sobre el final, el senador y titular del bloque libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy), defendió el proyecto: «No podemos seguir permitiendo la puerta giratoria, delincuentes que entran y que salen. Si hoy se escucha a los argentinos entonces deberíamos aprobar esta ley sobre reincidencia y reiterancia en el delito».
Ley de Juicio en Ausencia
Por último, el Senado aprobó proyecto Juicio en Ausencia y lo convirtió en ley con 45 votos afirmativos, 22 negativos y cero abstenciones. De esta manera, los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, que provocó 85 muertos y 300 heridos, podrán ser juzgados sin estar presentes en la Argentina.
Fue apoyado por el pleno de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y una porción del kirchnerismo, que profundizó su crisis interna y otro desaire a la expresidenta Cristina Kirchner, involucrada en la causa por el Memorándum con Irán.
Entre los kirchneristas que acompañaron el proyecto resaltan los apellidos de: los santiagueños José Emilio Neder y Gerardo Montenegro, Daniel Bensusán (La Pampa), Carolina Moisés (Jujuy) y los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza.
En primera instancia, la senadora Lucía Corpacci (Catamarca) había votado a favor, pero luego admitió que se había confundido.
Este criterio de juzgamiento sin el imputado presente durante el juicio es válido para crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, crímenes de guerra, delitos de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
La iniciativa modifica la legislación procesal penal para garantizar que los procesos judiciales continúen incluso si el imputado no se presenta.
Es una herramienta que se aplicará en casos donde el acusado haya sido declarado en rebeldía por el juez tras no comparecer ante el tribunal, ausentarse de su domicilio sin justificación o fugarse de su lugar de detención.
A su vez, determina que el imputado tendrá derecho a hacerse defender por un abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial, siempre que eso no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso.
El debate
El senador Oscar Parrilli (Neuquén), que fue uno de los que rechazó proyecto, sostuvo que la aprobación no cerrará las heridas, sino que «las va a profundizar». «En todo caso, lo que se va a hacer es dejar una sensación de que en la Argentina lo que hacemos es esconder debajo de la alfombra los problemas que tenemos», agregó.
«Queremos decir ‘con esto se termina y no hablemos más; y no se va a terminar la historia con esta ley porque la deuda que tenemos los argentinos y la Justicia es buscar a los verdaderos responsables. Con esta ley no lo vamos a solucionar», reflexionó una de las voces principales de Cristina Kirchner en el Senado.
Al cruce le salió el senador Luis Juez (Córdoba): «Esto no es una ley que va a resolver un problema. Esta es un ley que nos permite pararnos al terrorismo internacional de otra manera. Lo escucho a Parrilli con tanta liviandad de un tema tan profundo. Han gobernado este país y se llevaron puesto al fiscal de la causa. Dejemos en paz a esa gente».
Por su parte, el senador Maximiliano Abad (Buenos Aires) argumentó favorablemente y dijo: “Este proyecto de ley es una señal muy fuerte, muy contundente, muy potente de que la Argentina no pacta con el terrorismo, que si nuestro país comete un acto terrorista los vamos a ir a buscar, y si no se presentan, si no compadecen ante los tribunales, los vamos a juzgar”
