Bermolén, a su vez, lo comparó con los resultados obtenidos en ciclos presidenciales previos.

Como primera lectura, el director del Observatorio indicó que Argentina «vuelve a ser aplazada en la lucha contra la corrupción, paradójicamente bajo la administración de un gobierno que prometió ser diferente».

«La batalla contra la corrupción ha mostrado nulos progresos durante el primer año de gestión», apuntó Bermolén, en relación al mandato de Milei.

Según el informe de TI, Argentina se ubica en el fondo de la tabla de posiciones, siendo uno de los países latinoamericanos más relegados.

También se encuentra muy por debajo de los «líderes indiscutibles» de la transparencia sudamericana: Uruguay (76/100) y Chile (63/100).

Corrupción generalizada

En una mirada más general del continente, Bermolén sostuvo que América «se muestra con corrupción generalizada, marcadas polarizaciones y experiencias rayanas al populismo».

Volviendo al caso argentino, el abogado también expresó su opinión sobre el mandato de Mauricio Macri (2015-2019), calificándolo con un «modesto aprobado».

«Fue el único mandatario que elevó las marcas del indicador de Transparencia internacional, año tras año, hasta mejorar 13 puntos en su periodo central de gobierno (2016-2019)». Y agregó: «Al menos consiguió sacar a la Argentina de la constante y vergonzosa desaprobación».

Oficina Anticorrupción

Bermolén mencionó a la Oficina Anticorrupción (OA), al sostener que Argentina «carece de manera sistemática y transversal» de una «política pública de anticorrupción clara, contundente, perdurable y eficaz».

«La OA sigue sin dar señales de independencia, neutralidad y continuidad jurídica», sentenció. Y sumó a la Unidad de Información Financiera (UIF) diciendo que «vale como demostración», ya que el Gobierno pidió retirar a ambos organismos de todas las causas judiciales en donde se habían constituido en parte querellante por delitos cometidos en perjuicio del Estado.

«No resulta casual que estemos frente a uno de los gobiernos con mayores casos de conflictos de intereses, que abarcan áreas tan diversas como salud, minería, petróleo y gas, entre otras», fue una de las críticas más duras que hizo el director del Observatorio hacia la administración libertaria.

En ese mismo sentido, agregó que entre las famosas «leyes anti- casta» de Milei «no existe referencia alguna a un proyecto que promueva el dictado de una nueva ley de ética pública».

Bermolén también se refirió a la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, un órgano independiente que protege los derechos de las personas.

Declaró que la administración de Milei «no ha demostrado interés» en designar a alguien como Defensor del Pueblo, y citó como ejemplo la «preocupación y pedidos de transparencia» por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) para el proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

En la misma línea sobre la lucha contra la corrupción, también subrayó como importante las restricciones que puso el Gobierno hacia la Ley 27.275 (de acceso a la información pública).

«Esta peligrosa regulación sucede -llamativamente- en medio de un gobierno que se jacta de blandir la bandera de la desregulación», criticó y citó la opinión de la TI en cuanto al mismo tema: «Un nuevo decreto definió los conceptos de información pública y privada, limitando el acceso de la gente a la información, mientras que la cantidad y calidad de las respuestas del poder ejecutivo a las solicitudes de información disminuyó».

A su vez, soltó una crítica frente al Congreso: «El parlamento argentino, por caso, fue expuesto en la vidriera social con la detención del ahora ex senador (Edgardo) Kueider quien votara como aliado del oficialismo». Y no dejó de lado al Poder Judicial, al cual acusó de tener una «actitud pendular».

«Coronando este fracaso, aparece el poder judicial el que, con sus idas y vueltas, su morosidad, y su evidente actitud pendular avanza a regañadientes con condenas a ex funcionarios, las que por su escasez no lograrían disuadir las tentaciones de incurrir en comportamientos corruptos de aquellos que detentan el poder».

Al momento de finalizar, Bermolén dejó su mirada para el 2025 y el gobierno de Milei, donde expresó «advertencias» por un posible «deterioro institucional».

«El gobierno que exhibe logros en otros ámbitos, corre el peligro de ahondar el socavamiento de principios republicanos básicos, la profundización de la ausencia de información y de rendición de cuentas, la inobservancia de ciertas disposiciones constitucionales, y los ataques a la prensa y a periodistas independientes -y de investigación- que podrían leerse como intentos de coartar la libertad de expresión».