De acuerdo con un informe publicado por el diario La Nación, Vázquez administra dos de las tres propiedades adquiridas en el estado de Florida a través de un entramado de sociedades off shore que sigue activo en la actualidad. Esta red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá.

Según se detalló, las firmas panameñas fueron, a su vez, el vehículo que permitió llevar a cabo la adquisición de los tres inmuebles en Estados Unidos. Los departamentos se encuentran en el complejo de alta categoría Icon Brickell, el condominio Chateau Beach Residences y el edificio Brickell 1060.

Vázquez, de 64 años, ingresó en 1990 como empleado rasa a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora renombrada ARCA. Desde aquel momento ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal y director de la Regional Sur Metropolitana en 2009 y 2016, según publicó en su perfil de Linkedin.

Su designación al frente de la DGI generó ruido interno en el Gobierno. De hecho, el decreto con su nombramiento fue firmado por Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El jefe de Gabinete, Guillermo Franco, y el ministro de Economía, Luis Caputo, no participaron de la resolución. Tampoco lo hizo la directora de la AFIP en ese momento, Florencia Misrahi, a quien el Presidente despidió de ese cargo la semana pasada.

El jefe de la DGI ya tenía antecedentes de operaciones en paraísos fiscales. Hace más de diez años afrontó una denuncia porque desde noviembre de 2004 habría controlado junto a su hermana Silvia Mónica Vázquez una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por alrededor de 440.000 dólares, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo.

Como no lo informó ante el fisco argentino, Vázquez fue objeto de una investigación penal en la que, finalmente, logró ser sobreseído en 2022. Esto se debió a que el juez federal Ariel Lijo -uno de los candidatos del gobierno para la Corte Suprema- no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas bancarias. Ante esa imposibilidad, Lijo decidió cerrar la pesquisa.

Al ser funcionario de alto nivel, Vázquez está obligados por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público.

No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La revelación de la compra de tres departamentos en Miami por parte de Vázquez, mediante sociedades off shore, generó distintas reacciones en el ámbito político. Así como desde el oficialismo, el PRO y el kirchnerismo prefirieron el silencio, los referentes de la Coalición Cívica, un sector del radicalismo, el socialismo y la izquierda eligieron referirse al tema.

“Milei en algún momento puede perseguir empresarios, periodistas y opositores, como hacía Kirchner con [Ricardo] Echegaray; si no, no se explica Andrés Vázquez a cargo de la DGI”, planteó el diputado nacional de la CC, Juan Manuel López, en su cuenta de la red social X.

Echegaray fue titular de la AFIP entre 2008 y 2015, durante las presidencias de Cristina Kirchner. “A Vázquez la impunidad se la viene garantizando el juez [Ariel] Lijo. Bullrich firmó lo que Toto Caputo no”, resumió el legislador.