En una audiencia convocada por la Sala I del Tribunal de Apelaciones en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, las víctimas -entre ellas un fiscal-, cuya identidad se resguarda, detallaron lo que vivieron en Venezuela antes de irse del país.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quedaron así en condiciones de resolver si hacen lugar a un planteo de la querella y la fiscalía y ordenan la detención de Maduro en base al principio de «justicia universal», o si por el contrario le dan la razón al juez del caso, Sebastián Ramos, quien rechazó el pedido hasta concluir con medidas de prueba.

Entre los testimonios se contó en la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 el de un fiscal que investigaba en Venezuela asesinatos durante manifestaciones estudiantiles y llegó a quienes habían dado las órdenes, pero sufrió un secuestro ilegal, fue torturado y se exilió en Argentina, según relató en la audiencia.

La causa es impulsada por el Foro Argentino por la Democracia con el patrocinio del abogado Tomás Farini Duggan, quien pidió a los jueces que se cite a Maduro a declaración indagatoria con orden de detención por delitos considerados de «lesa humanidad» ante la «peor dictadura cívico militar» en la que se ha «transformado a Venezuela en un centro de torturas», manifestó en la audiencia.

Además estuvieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par en la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, impulsor del Foro Argentino por la Democracia. El fiscal ante esa instancia, José Aguero Iturbe, insistió en pedir la captura internacional contra Maduro, Diosdado Cabello y otros militares y agentes de inteligencia venezolanos imputados. A la audiencia también concurrió el fiscal que lleva la causa en instrucción, Carlos Stornelli.

Un informe de la ONU condena al gobierno de Venezuela

Una misión de la ONU detalló sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Venezuela entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, con un enfoque especial en la crisis posterior a los comicios del 28 de julio pasado.

En su reporte, la misión de investigación sobre el país caribeño, encargada por el Consejo de Derechos Humanos respaldado por la ONU, denuncia violaciones de derechos como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual y de género por parte de las fuerzas que responden al régimen chavista.

“En su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Durante el periodo que cubre este informe, y especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Estado reactivó e intensificó los mecanismos más duros y violentos de su aparato de represión», agregan en el informe, que abarca hasta el 31 de agosto.

Dichas conclusiones se hacen eco de las preocupaciones expresadas por el secretario general de la ONU, António Guterres; el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken; Human Rights Watch y otros acerca del país y su democracia.

Marta Valiñas, jefa del equipo de expertos independientes, reveló que entre el 29 de julio y el 6 de agosto, las autoridades venezolanas reconocieron la detención de más de 2.200 personas, según detalló el sitio Newsweek Argentina.

«Entre ellos, hemos confirmado el arresto de al menos 158 menores, algunos de ellos con discapacidad», precisó Valiñas en una conferencia de prensa este martes en Ginebra, añadiendo que algunos han sido acusados de delitos graves como terrorismo.