“Es indispensable conocer la realidad de la Justicia Federal de todo el país y de las justicias provinciales, algo que tuve el privilegio de ver de primera mano, cuando en mi rol de secretario general de la Asociación de Jueces Federales interactué con los diferentes actores que tienen a su cargo resolver los fenómenos criminales de cada región y las personas que los padecen”, explicó durante su presentación.

Entre sus antecedentes resaltó los más de treinta años que lleva trabajando en el Poder Judicial y aseguró que la función de los magistrados no se agota en intervenir en los casos que le tocan, sino que es necesario establecer políticas judiciales que irradien a todos los integrantes del Poder Judicial.

“Atrás de cada decisión hay una realidad que no se puede volcar en los papeles. Son, centralmente, las experiencias humanas. Por eso deben establecerse políticas institucionales desde la Corte hacia adentro y hacia afuera”, indicó.

“Los casos no se terminan en los papeles que los jueces tienen en su escritorio. Detrás de los casos de criminalidad organizada hay consecuencias que las personas siguen sufriendo y de las cuales también el Poder Judicial debe ocuparse, ya sea con acciones directas formando a sus integrantes como hace permanentemente la UEJN, o bien, coordinando acciones concretas con el Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal, así como emprendiendo acciones en conjunto con el Parlamento para soluciones integrales”, agregó.

En lo que respecta especialmente a la función del Máximo Tribunal, sostuvo que “la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial debe enfocarse en garantizar el acceso a la justicia eliminando las barreras que hoy en día existen y de este modo hacer que la sociedad pueda gozar de manera efectiva de todos los derechos que la asisten”.

“Debe existir sensibilización del sistema para develar los problemas reales que existen detrás de un conflicto”, agregó. “En el acceso a la justicia hay una barrera cultural y social: personas que no se animan a presentarse en Tribunales; personas que no saben cómo acudir a la justicia, a dónde denunciar, cómo hacerlo. También puede mencionarse la autoexclusión, aquellos que consideran ‘¿para qué voy a ir si no me van a solucionar nada?’”, explicó.

Además, pidió que “la Corte Suprema debe tener una política que implique una tutela efectiva de los casos de violencia doméstica, de género, laboral, de menores y adicciones”.

“Se trata de dar respuestas efectivas que resuelvan los problemas de las personas y no quedar en meros discursos o puestas en escena. Este enfoque permite establecer políticas efectivas que marquen el camino a todos los integrantes del Poder Judicial, y las que ya existen mejorarlas para que sean herramientas útiles”, remarcó. Por último, el candidato propuesto por el Ejecutivo nacional agradeció al presidente Javier Milei y dijo que la posible designación es “un gran honor para mí como abogado y como integrante del Poder Judicial”.

La Comisión de Acuerdos, que preside e integra la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri (CABA), está compuesta por otros 16 miembros: siete kirchneristas; cuatro de la Unión Cívica Radical (UCR), uno de La Libertad Avanza (LLA) y cuatro pertenecientes a bloques federales.

Para que el pliego de Lijo llegue al recinto necesita la firma de nueve de sus 17 integrantes. El kirchnerismo ya avisó que, por lo menos hoy, no le dará luz verde al despacho que habilitaría la discusión en el hemiciclo.

Algo similar sucede con el radicalismo. La senadora de la UCR Carolina Losada (Santa Fe) es una de las figuras que se opone a la candidatura de Lijo; el otro es su compañero de bancada de la UCR Pablo Blanco (Tierra del Fuego). Lijo necesita, al menos, dos votos de estos nueve.