El fallo de la Sala I firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, remarcó que el artículo 55 de la Ley 27.802 aprobada por el Congreso Nacional viola los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, como también el artículo 14 bis.

La sentencia fue emitida en relación al despido de un trabajador de un lavadero, y establece que el apartado de la reforma laboral “no supera el examen de constitucionalidad”.

El punto central de la discusión está en la forma en que la normativa establece la actualización de las deudas laborales. Según el fallo, el artículo 55 fija un piso mínimo equivalente al 67% del monto que surgiría de actualizar el crédito mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual.

Así, quienes habían iniciado una demanda antes de la entrada en vigencia de la reforma quedarían, en los hechos, con una reducción del 33% de sus indemnizaciones frente al mecanismo general contemplado en el artículo 54 de la misma ley.

Catani explicó que la norma “lesiona el derecho de propiedad privada del acreedor”, ya que “aún aplicando el piso mínimo contemplado en la propia disposición -el 67% por ciento del importe que resultaría de actualizar el capital conforme la variación del IPC con más una tasa del 3% anual- el régimen conduce necesariamente a la pérdida de una parte sustancial del valor del crédito”.

Por otro lado, remarcó que la ley coloca en “peor situación” a quienes “se vieron obligados a promover una demanda judicial para obtener la satisfacción de su derecho” con respecto a las indemnizaciones. “La distinción es irrazonable, porque no se funda ni en la naturaleza del crédito ni en la fecha de su devengamiento, sino exclusivamente en su judicialización”, agregó.

También explayó que el artículo 55 “somete a un régimen menos favorable a quienes recurrieron al Poder Judicial para obtener tutela”, pese a que la Constitución establece la “prohibición de imponer cargas o perjuicios por el solo hecho de ejercer legítimamente”.

El juez consideró también que en este caso no cabe invocar la “doctrina del esfuerzo compartido”, ya que “la Constitución no autoriza a distribuir la pérdida entre acreedor y deudor”.

De esta forma, el fallo sentó un precedente sobre el artículo 55. Sin embargo, Catani afirmó que esto no implica que se aplique el régimen anterior a la ley 27.802, sino que se establecen los parámetros establecidos en el artículo 54 de la misma. Este dice: “Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados por la variación que resulte del Índice de Precios al Consumidor (IPC)-Nivel General, elaborado por el INDEC, con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual sobre el capital actualizado, desde que cada suma sea debida y hasta el momento del efectivo pago”.

La historia comenzó en febrero de este año, cuando la mujer recibió un mensaje a través de Facebook de un hombre que se presentó como Michael Lawrence Williams y aseguró ser ciudadano del Reino Unido. Con el paso del tiempo, la conversación continuó por WhatsApp y el vínculo fue adquiriendo un tono sentimental. El hombre utilizaba una línea telefónica con característica británica, algo que contribuyó a que la víctima creyera en la identidad que le había dado.

Según relató la damnificada en su denuncia, durante todo ese tiempo nunca llegaron a realizar una videollamada, pero ella estaba convencida de que la relación era real. En determinado momento, el supuesto novio le manifestó que quería viajar desde el Reino Unido hasta Paraná para finalmente conocerse en persona.

Fue entonces cuando comenzó la maniobra. El hombre le explicó que necesitaba dinero y una autorización para poder concretar el viaje y le pidió ayuda económica. La mujer, convencida de que estaba colaborando con su pareja, solicitó créditos en entidades bancarias y no bancarias hasta reunir el dinero que le reclamaban.

Finalmente, realizó distintas transferencias que alcanzaron un total de $29.816.400,69. El dinero fue enviado a una cuenta cuya titularidad figuraba a nombre de una mujer identificada con las iniciales D.C.M.. Después de recibir los fondos, el supuesto británico dejó de responder y el viaje prometido jamás se concretó. Ante esa situación, la mujer comprendió que había sido engañada y radicó la denuncia.

A partir de la investigación, personal de la División Cibercrimen logró seguir parte del recorrido del dinero y determinó que los fondos habían terminado vinculados con una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años, con domicilio en Concordia.

Con esos elementos, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Las Heras al 1044, en Concordia. El procedimiento fue realizado por agentes de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, quienes notificaron a la mujer y secuestraron tres teléfonos celulares.

Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información que permita establecer quiénes participaron de la maniobra, cómo se realizaron las transferencias y cuál fue el destino final del dinero.

La mujer que fue localizada en Concordia quedó vinculada a la causa por el delito de estafa, en principio como presunta coautora. De todos modos, su eventual responsabilidad penal deberá determinarse a partir de las pruebas que surjan de los teléfonos secuestrados, las cuentas investigadas y el resto de las medidas ordenadas por la Justicia.

El caso vuelve a poner en evidencia una modalidad conocida como estafa romántica, en la que los delincuentes construyen durante semanas o meses un vínculo afectivo con sus víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Una vez que logran ganarse su confianza, comienzan a solicitar dinero bajo distintos pretextos, como viajes, problemas económicos, trámites o supuestas emergencias.

En este caso, el argumento utilizado fue la necesidad de reunir dinero para que el supuesto novio pudiera viajar desde el Reino Unido hasta Paraná. La promesa de un encuentro presencial terminó siendo el mecanismo utilizado para conseguir que la víctima entregara una suma cercana a los 30 millones de pesos.

La joven, que trabaja de personal trainer, fue detenida cuando intentaba regresar a su hogar luego de un reencuentro familiar en Florida.

Pavlovsky vivía en Aspen junto a su pareja, el estadounidense Cody Kosinski. Según relató Kosinski a Aspen Daily News, la detención se produjo de forma sorpresiva, en un episodio que definió como traumático. La rodearon agentes de civil en una puerta de embarque, mientras se disponía a regresar a Aspen.

Tras reducirla y ponerla bajo custodia, la fuerza antimigración trasladaron primero al centro de procesamiento de ICE en Miramar, Florida. Posteriormente, fue enviada al Centro de Transición de Broward.

A la personal trainer luego la embarcaron en un avión rumbo al Centro de Procesamiento Core Civic Laredo, en Texas. Allí permanece, a la espera de una audiencia judicial el 1 de septiembre.

Pavlovsky ingresó a Estados Unidos con una visa de turista, pero su proceso de regularización migratoria quedó inconcluso tras un divorcio. No posee antecedentes penales y cuenta con el respaldo de un importante número de vecinos de Aspen, que reunieron cerca de USD 50.000 mediante una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos de su defensa legal.

Mientras permanece detenida, su entorno también manifestó preocupación por las condiciones en las que se encuentra. Según los testimonios recogidos, habría tenido problemas relacionados con el acceso al agua y la alimentación, además de falta de privacidad en los espacios destinados a la higiene.

El caso se conoce pocas semanas después de que otra argentina detenida por el ICE recuperara la libertad. Se trata de Iliana Noeli Lick, una niñera de 30 años que había sido arrestada el 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia cuando viajaba para asistir a un partido del Mundial. Permaneció cerca de un mes detenida y finalmente fue liberada tras el pago de una fianza de 10.000 dólares.

El hecho ocurrió cerca de las 5.20 de este viernes en una estación de servicio YPF ubicada en la intersección de la Ruta 21 y Calderón de la Barca. La mujer resultó ilesa, mientras que uno de los presuntos delincuentes recibió un disparo en una de sus extremidades y quedó tendido, herido dentro del predio, con un arma de fuego a su lado, que luego fue secuestrada.

La oficial fue identificada con las iniciales M. B. y, pese a encontrarse fuera de servicio, estaba uniformada. Según el parte policial, había llegado al lugar en su vehículo particular y se detuvo junto a uno de los surtidores para cargar combustible cuando observó a dos hombres que circulaban en una moto e intentaban asaltar a una persona.

El hecho ocurrió durante la madrugada en el Hotel Aguas del Corral, situado en la calle Amigorena 36. Allí, Tamara Daniela Schiaffini, oriunda de la provincia de Buenos Aires, murió al precipitarse desde la ventana de la habitación 502. Su pareja, Daniel Gazzoti, de 32 años, quedó aprehendido en el Polo Judicial de la capital provincial.

En un principio, el hombre relató que ambos descansaban en la misma cama cuando escuchó ruidos y observó a Tamara sentada en la ventana. De acuerdo con su testimonio, “intentó sujetarla cuando se arrojó al exterior, sin lograr evitar la caída”.

Luego de la caída, Gazzoti reaccionó desesperado. En medio de la situación le gritó a la joven: “No te me mueras, mi amor. Mirá las vacaciones que me hiciste pasar. Me quiero matar yo también”.

El fiscal de la causa, Oscar Mallá, consignó que peritos de la Policía Científica realizan pericias tendientes a esclarecer el suceso y se activó el protocolo de femicidio.

«Escuché el golpe seco de la caída y el grito de la persona que bajó las escaleras diciendo ‘¡no, no, no!’. Pedía auxilio. Fue muy feo escuchar todo, no se pudo dormir», aseguró una de las pasajeras del hotel en declaraciones a la prensa mendocina.

Los investigadores intentan determinar con precisión qué sucedió en los minutos previos a la caída de la mujer desde la ventana del quinto piso y determinar si existió alguna intervención de terceros. En ese sentido, trabajan sobre la escena y las declaraciones tomadas hasta el momento.

Uno de los elementos que todavía no pudieron ser analizados son los teléfonos celulares de la pareja.

La situación procesal del hombre podría definirse en un plazo de entre 24 y 36 horas. En caso de confirmarse la hipótesis del suicidio, sería liberado.