El requerimiento fue presentado el pasado 10 de agosto por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien estableció un plazo de 15 días para que Adorni entregue documentación y brinde explicaciones sobre las dudas que surgieron a partir del análisis de la evolución de sus bienes y gastos.

Según fuentes vinculadas al expediente, la defensa del ex funcionario podría solicitar una prórroga antes de que finalice el plazo. Una vez recibidas las respuestas y la documentación, Pollicita deberá definir los próximos pasos de la investigación y determinar si corresponde citar a Adorni a declaración indagatoria.

En su presentación, el fiscal sostuvo que “los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos”, al ser confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.

Lo que se analiza

Uno de los principales puntos bajo análisis es la diferencia entre los ingresos y los gastos registrados durante el período en el que Adorni estuvo al frente de la Jefatura de Gabinete. De acuerdo con la información incorporada al expediente, el ex funcionario percibió 35 haberes durante su permanencia en el cargo.

Al sumar esos ingresos con los correspondientes a su esposa, Angeletti, el patrimonio contabilizado durante ese período alcanzó los $229.752.283,20. Sin embargo, los gastos del grupo familiar fueron significativamente superiores y llegaron a $272.820.832,20.

La diferencia entre ambos montos asciende a $43.068.549, un desfasaje que forma parte de las cuestiones que la fiscalía busca esclarecer.

A ese análisis se agrega otro dato que despertó la atención de los investigadores: durante el mismo período se registraron gastos por US$402.578,12. Para Pollicita, ese nivel de desembolsos en moneda estadounidense tampoco encuentra, hasta el momento, un correlato suficiente con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar.

Las respuestas de Adorni serán ahora determinantes para establecer si las inconsistencias pueden ser justificadas mediante documentación y explicaciones sobre el origen de los fondos. Con esa información, el fiscal deberá evaluar si corresponde profundizar las medidas de prueba o avanzar hacia una eventual indagatoria del ex funcionario.

Ahora, los mismos ciudadanos que ya pagaron a través del impuesto al combustible volverán a pagar cuando pasen por las barreras. Un doble cobro que viola la ley, deteriora la infraestructura y entrega el control de la red vial nacional al sector privado.

Este lunes el Gobierno formalizó la adjudicación de la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, mediante la Resolución 1379/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, aprueba lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública comunicando las empresas que pasarán a administrar ocho tramos estratégicos de la “Red Federal de Concesiones – Etapa III”.

El proceso licitatorio determinó a los ganadores para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.

Los corredores concesionados en esta ocasión suman más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país, y completan un total superior a los 9.000 kilómetros adjudicados entre los distintos tramos licitados.

En esta última etapa, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

Los consorcios ganadores y las tarifas adjudicadas

• Tramo Centro: adjudicado a la oferta presentada por Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., por una tarifa de $1.399.
• Tramo Centro Norte: adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una oferta de $2.175.
• Tramo Mesopotámico: adjudicado a la firma IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99.
• Tramo Noroeste: adjudicado al consorcio Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., por un valor de $2.285.
• Tramo Litoral: adjudicado a JCR S.A. – Nestor Julio Guerechet S.A., por una tarifa de $2.876,04.
• Tramo Noreste: adjudicado a Carlos e Enriquez S.A. – Hormi S.A., con un valor de $2.950.
• Tramo Chaco-Santa Fe: adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., por una tarifa de $3.520
• Tramo Cuyo: adjudicado a Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462.

La ley que Caputo ignora

El ICL tiene una afectación específica establecida por normativa: un porcentaje de lo recaudado debe destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales a través de Vialidad Nacional. Desde diciembre de 2023, el Ministerio de Economía retiene esos fondos sin ejecutarlos en obra pública vial. Ya acumula $ 1,4 billones inmovilizados. El desvío no es una omisión administrativa: es una política deliberada que consolida el superávit fiscal con dinero que legalmente no le pertenece al Tesoro.

Cuando se lo consultó por esta situación, el vocero presidencial Adrián Ravier no cuestionó la retención sino que la justificó: sostuvo que «el ministro Caputo lleva a cabo un proceso de transformación que ha tenido éxito en otros países, donde las rutas nacionales se hacen con inversiones privadas». La declaración equivale a reconocer que el Gobierno optó por reemplazar la inversión pública garantizada por ley con concesiones privadas que los propios usuarios solventarán a través de peajes.

Las consecuencias de la desinversión trascienden los siniestros viales. Si se considera que hoy circulan por la red nacional 128 millones de toneladas de carga y que las proyecciones para 2035 estiman un volumen de 194 millones de toneladas, el deterioro de la infraestructura vial implica un costo creciente sobre toda la cadena productiva: encarece el transporte, frena la competitividad y compromete el abastecimiento de insumos críticos para sectores que el propio Gobierno exhibe como motor del crecimiento. La retención del ICL no es solo una irregularidad legal: es un ajuste que recae sobre la infraestructura común para sostener un superávit que la propia deuda externa hace insostenible.

La agenda comenzará a las 10 con el encuentro del Gabinete Nacional, el primero que Milei mantendrá con sus ministros desde el 9 de julio, tras el Tedeum realizado en la Catedral Metropolitana por el Día de la Independencia.

También este lunes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará de la apertura del NQN Day, una jornada de negocios y atracción de inversiones organizada por el Gobierno de Neuquén en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, Santilli firmará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, un convenio con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. El acuerdo buscará avanzar en el traspaso a la provincia de ferrocarriles y rutas.

Conferencia de Ravier

El martes, a las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su conferencia de prensa habitual. Dos horas más tarde se reunirá la Mesa Política del Gobierno, que vuelve a concentrarse en la estrategia parlamentaria del oficialismo y en las reformas que continúan trabadas en el Congreso.

Por la tarde, Milei recibirá a diputados y senadores oficialistas y aliados. El encuentro se realizará antes de la sesión prevista para el miércoles 26 en Diputados, donde se debatirán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto denominado Inocencia Fiscal II.

La actividad del Congreso también tendrá movimiento en el Senado, que ese día celebrará una reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la agenda de la Cámara alta.

El jueves 27, el Presidente dará un discurso ante alumnos de cuarto y quinto año del Colegio ORT. Según anticiparon desde el Gobierno, Milei abordará como ejes la ética y la inteligencia artificial.

El resto de la agenda

La agenda semanal incluirá, además, actividades de ministros en distintas provincias. La titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, viajará a Tierra del Fuego entre el 27 y el 29 de agosto para participar de la inauguración de una nueva región de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En tanto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará en Posadas de un acto por la puesta en vigencia del Código Procesal Penal Federal en Misiones. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabezará en Salta el inicio de las actividades del Tren 25 de Mayo, en Campo Quijano.

Con la mira puesta en el Congreso, la Casa Rosada buscará ordenar apoyos para una semana que considera decisiva para el avance de sus iniciativas.

La joven había salido a bailar junto a Ramírez durante la noche del viernes. Según la investigación, ambos discutieron después de retirarse del local, momento en el que el hombre habría atacado a Díaz Orellana con golpes de puño y un elemento contundente. Cerca de las 4 de la madrugada, Ramírez se presentó en una comisaría y relató lo ocurrido.

A partir de esa información, efectivos policiales se dirigieron al lugar señalado y encontraron a la joven inconsciente y con múltiples heridas. Primero fue trasladada al hospital Del Carmen de Metán y luego derivada al hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta, debido a la gravedad de su estado. Allí falleció durante la mañana del domingo.

La causa está a cargo del fiscal penal Nicolás Rodríguez López, interino de la Fiscalía Penal N°1 de Metán, quien ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y el secuestro de prendas de vestir. Ramírez permanece detenido y será sometido este lunes a una audiencia de imputación, mientras la Justicia intenta determinar cómo ocurrió el ataque.

«Por segunda vez, a Sergio le llega un mensaje con la foto de WhatsApp de Mica, diciendo: ‘Hola, pa. Se me rompió mi celular y voy a estar usando este número mientras’”, contó Bochi, esposa de Sergio, en un video que con el conductor hicieron juntos y que compartieron, en redes sociales.

“Este tipo es un delincuente, ¿Para qué va a ser? Para robarme todo. Ya lo bloquée y reporté, pero tengan en cuenta ese número porque es un trucho”, explicó, Lapegue, al mostrar la imagen en donde se lo ve al estafador escribirle por WhatsApp, haciéndose pasar por su hija, Micaela, quien también trabaja con el magazine matutino televisivo.

“Es importante que todos estemos atentos. Los delincuentes se aprovechan de la confianza y el cariño que uno tiene por sus seres queridos”, destacó el matrimonio, a modo de advertencia para todas aquellas personas que pudiese llegar su mensaje.

LA DELICUENCIA GOLPEA LA PUERTA DE SERGIO

Este intento de estafa no fue el primer episodio de inseguridad que atravesó la familia Sergio, en los últimos meses. En febrero pasado, el periodista vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida cuando su madre, Elba, una señora mayor de 90 años y con diagnóstico de Alzheimer, fue asaltada en su propia casa. Cuatro delincuentes aprovecharon que la puerta no estaba cerrada con llave e ingresaron en el domicilio en el que se encontraban la mujer y su cuidadora.

Los delincuentes se llevaron 50.000 pesos y un teléfono móvil de la propiedad, luego de amedrentar a las mujeres. Y, antes de huir, notaron la existencia de cámaras de seguridad en la casa y, para evitar dejar registros por si intervenía el personal policial, se llevaron los DVR donde se almacenaban las grabaciones.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3, a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de Mercedes. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron restos de cocaína, elementos que serían utilizados para el corte de la sustancia y una balanza de precisión, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación.

La causa se originó luego de que vecinos de la zona expresaran su preocupación por una presunta venta de drogas en la localidad durante un encuentro con autoridades municipales. En esa instancia, señalaron al funcionario como supuesto responsable de las maniobras que ahora son objeto de investigación judicial.

El concejal será trasladado

Díaz permanecerá alojado en una dependencia policial hasta ser trasladado a Mercedes, donde deberá prestar declaración indagatoria ante la fiscal María Laura Cordiviola. En esa instancia, podrá conocer formalmente la acusación en su contra y ejercer su defensa.

Tras conocerse la detención, el bloque de concejales de La Libertad Avanza de Bragado difundió un comunicado firmado por su presidenta, Daniela Monzón, y el resto de los integrantes de la bancada. Allí expresaron su “enérgico repudio” a la comercialización de estupefacientes y señalaron que la investigación y la situación personal del edil deben resolverse exclusivamente en la Justicia.

En paralelo, los distintos sectores del Concejo Deliberante prevén una reunión interbloque para evaluar los pasos institucionales a seguir. Entre las alternativas, analizarán una eventual suspensión o sanción del concejal imputado, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia de Mercedes y la responsabilidad penal del acusado deberá ser determinada en el proceso judicial.

El episodio comenzó cuando los delincuentes siguieron a la víctima a bordo de una moto por la calle Ramón Falcón. Uno de los asaltantes le disparó durante la persecución y lo hirió en el hombro. Al escuchar las detonaciones y advertir lo que ocurría, uno de los custodios se identificó como policía e intervino, lo que desencadenó un intercambio de disparos.