Por medio de un comunicado, esa cartera puntualizó también que se reducirá el 30% del personal de la Dirección Nacional de Registros Automotor (DNRPA) «en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas».

El 21 de diciembre pasado, apenas 11 días de haber asumido Javier Milei, se había firmado el decreto que en su artículo 364 proponía la transformación del sistema registral de automotores de la República Argentina. Allí se indicaba que “los Registros de la Propiedad Automotor se convirtieran en Registro Automotor digital de alcance nacional, con un plazo máximo de implementación del 2 de mayo de 2024”.

Para la simplificación de los trámites registrales, el 25 de abril pasado se había publicado en el Boletín Oficial la Resolución General 5505/2024, con la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) derogó el trámite que se necesitaba para obtener el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA). Era el que había que pedir al momento de realizar la transferencia de titularidad de automotores y motovehículos usados radicados en el país para los vehículos que superaran los $ 4.500.000.

En Argentina existen 1.554 Registros del Automotor, con unas 180.000 transferencias o inscripciones mensuales y alrededor del 40% de los registros están manejados por interventores. Una de las incógnitas que se plantean para el sector es cómo impactará el cierre de los organismos intervenidos.

De acuerdo al comunicado del Ministerio de Justicia que comanda Mariano Cúneo Libarona “a partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”.

Uno por uno, todos los cambios

• Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.
• Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
• Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
• Se eliminará la “Cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
• Se eliminará el vencimiento de todas las “Cédulas verdes”.
• Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
• Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.
• Se propondrá a las provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
• Se implementará un Régimen de Concursos Transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
• Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
• Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.
• Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
• Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.