El tribunal también dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la IGJ y consideró que el organismo nacional ya no tiene competencia para ejercer controles sobre la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, tras el traslado de la sede social a Pilar y su inscripción en la provincia de Buenos Aires, las facultades de fiscalización quedaron bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

“Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, señalaron los magistrados en la resolución.

La decisión representa un respaldo judicial para la conducción de Tapia, que había cuestionado la intervención de la IGJ y la designación de veedores por considerar que se trataba de medidas adoptadas sin competencia legal sobre la asociación.

La Cámara declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y también dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores por 180 días hábiles.

La controversia se originó luego de que la Asamblea General de la AFA aprobara en octubre de 2024 la modificación de su estatuto para trasladar su domicilio social desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la localidad bonaerense de Pilar.

Posteriormente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas autorizó la inscripción del cambio de jurisdicción y consolidó la radicación de la entidad en territorio bonaerense.

Frente a esa situación, la Cámara entendió que la IGJ carecía de facultades para revisar decisiones adoptadas por el organismo provincial o para cuestionar la validez del nuevo domicilio social.

Los jueces remarcaron que los actos administrativos emitidos por organismos provinciales poseen plena validez mientras no sean impugnados y que la IGJ no puede ejercer funciones revisoras sobre decisiones adoptadas dentro de otra jurisdicción.

Además, el fallo aclaró que el control sobre los estados contables de la AFA continuará bajo la autoridad competente en la provincia de Buenos Aires y que el cambio de jurisdicción no implica la desaparición de las obligaciones de fiscalización.

Las causas judiciales siguen abiertas

La resolución de la Cámara Civil no modifica el curso de las investigaciones penales que involucran a la AFA y a algunos de sus dirigentes.

Entre ellas figura una pesquisa por presunto lavado de dinero vinculada a propiedades ubicadas en Pilar, así como una causa en la que Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, se encuentran procesados por presunta retención indebida de aportes.

De esta manera, la Justicia civil ratificó el traslado institucional de la AFA a la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto los intentos de control impulsados desde la IGJ, aunque las investigaciones penales continuarán su trámite en los tribunales correspondientes.