El edificio que está ubicado en la intersección de la avenida Rivadavia 2749/89 y Pueyrredón 19 fue investigado por irregularidades en la instalación de la sede.

Según notificó el titular de la cartera, «en 2023 la Universidad recibió del Ministerio el equivalente a $4.500 millones de pesos de hoy y se recibieron cero alumnos», por lo que procedieron a efectuar una denuncia penal y solicitaron un allanamiento que fue realizaron por la Policía Federal.

En la denuncia, constataron que el equipo del Ministerio detectó en el segundo piso funciona el Centro Migrante, dependiente del Ministerio de Justicia, pero también la Asociación Civil de Derechos Humanos, Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA) y la sede de la Asociación de los Haitianos Viviendo en la Argentina» (OHVA), ambas de índole privada.

«También se observó un espacio en desuso que antiguamente funcionaba la radio Radio 9 Rebelde, pero que presenta faja de clausura en la puerta con fecha 2015. El resto del piso se encuentra sin uso y con mal estado de mantenimiento, con presencia de filtraciones y espacios inhabitables», detalla el escrito. Desde el Ministerio de Justicia detallan que el tercer nivel «se encuentra ocupado por una familia utilizando todo el piso en cuestión» y cuenta con dos salones que se destinan para alquiler de eventos.

«Este piso se encuentra directamente cerrado ya que desde el hall de acceso tienen una reja con la llave en poder de dicha familia», aclararon.

«El inmueble será recuperado para su posterior venta», prometió Cúneo Libarona al tiempo que remarcó que en el marco de la inspección, se constató que el desarrollo de actividades políticas partidarias y otras prácticas que calificó de «ilegales».

Asimismo, completó: «Este despilfarro es una prueba más del saqueo sistemático realizado por el Partido del Estado. Aquellos responsables de este escándalo, tanto quienes lo ejecutaron como quienes lo facilitaron, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia».

En sintonía, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el encargado de informar el anuncio aseguró que el hallazgo «representa una grave desviación de los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) concedió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos de la República Argentina».

Por su parte, responsabilizó al Partido Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), quienes según la denuncia- habían instalado una especie de bunker con banners de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

La Justicia electoral reconoció a La Libertad Avanza como partido político nacional

La jueza federal con competencia electoral María Servini reconoció como partido político de orden nacional a La Libertad Avanza, con lo cual podrá presentarse a los comicios sin necesidad de realizar alianzas y le dio seis meses de plazo para convocar a elecciones internas de autoridades definitivas.

Servini firmó la resolución a favor de la agrupación política del presidente Javier Milei y dispuso «reconocer la personería jurídico política a la entidad La Libertad Avanza para actuar como partido de orden nacional, con todos los derechos y deberes emergentes del ordenamiento jurídico vigente y con derecho exclusivo al nombre, logos y símbolos que fueran adoptados en su oportunidad por la agrupación».

En la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la magistrada dispuso tener como integrantes del partido La Libertad Avanza orden nacional a La Rioja, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Capital Federal y San Juan.