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Venezuela exige a la ONU el «cese inmediato» de las operaciones militares de EE.UU

Venezuela exige a la ONU el «cese inmediato» de las operaciones militares de EE.UU

El gobierno venezolano llevó a las Naciones Unidas su pedido al considerar que las acciones estadounidenses son contrarias a lo consagrado en el derecho internacional

Venezuela exige a la ONU el cese inmediato de las operaciones militares de EE.UU

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La representación de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU), demandó este viernes el «cese inmediato» de las operaciones militares de los Estados Unidos al sur del Caribe, al considerar que las acciones son contrarias a lo consagrado en el derecho internacional, que proscribe explícitamente la amenaza del uso de la fuerza contra naciones soberanas, así como el bombardeo de civiles.

«Instamos a todo el sistema de la ONU y a este Consejo [de Derechos Humanos] a condenar estas políticas de fuerza que ponen en riesgo la paz y seguridad internacionales, exigir al Gobierno de EE.UU. poner fin a estas acciones hostiles y respetar plenamente la soberanía e integridad territorial y la independencia política de Venezuela», pidió el embajador Héctor Constant Rosales, cabeza de la delegación venezolana en las oficinas de la ONU en Ginebra.

«Ejecuciones extrajudiciales»

En su exposición, el diplomático alegó que «según fuentes oficiales de los Estados Unidos, ya están realizando ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, bombardeando con misiles inteligentes pequeñas embarcaciones artesanales, violando todo derecho existente contra países y personas».

Constant destacó que «desde hace años, Venezuela ha sido objeto de una política sistemática de hostigamiento por parte de EE.UU., que ha venido escalando a partir de la ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales, campañas de descrédito y desconocimiento» a las instituciones «legítimas, que buscan justificar una intervención extranjera en Venezuela», por lo que el despliegue militar de Washington constituye una escalada «hacia un plano más peligroso» en el marco de una «agresión» prolongada.

«Estas acciones que configuran violaciones flagrantes a la Carta de la ONU, amenazan gravemente la estabilidad hemisférica y ponen en peligro los derechos humanos del pueblo venezolano y de la región», completó.

El despliegue de EE.UU en el Caribe

El despliegue estadounidense en aguas del Caribe sur supuso una nueva escalada de tensiones entre Washington y Caracas. Según lo denunciado por Maduro, ocho destructores, 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan directamente a Venezuela. El sábado 13 de septiembre arribaron a Puerto Rico cinco cazas F-35, que se suman a lo que la Casa Blanca denominó una operación contra los cárteles.

El 12 de septiembre, fuerzas militares estadounidenses incursionaron en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela y asaltaron una embarcación pesquera. La tripulación quedó retenida por varias horas y Caracas denuncia que se trató de una maniobra «ilegal».

Maduro aseveró que su país es presa de «una guerra multiforme» orquestada desde los Estados Unidos en interés de propiciar un «cambio de régimen» para controlar los vastos recursos naturales venezolanos, mientras que su par estadounidense, Donald Trump, afirmó que no ha entablado conversaciones con miembros de su Gobierno para esos fines.

Como respuesta a los movimientos militares de los Estados Unidos, Maduro llamó al alistamiento masivo de milicianos. De su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puso en marcha el ‘Plan Independencia 200’, al tiempo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comunicó la realización de un ejercicio de «apresto militar» en la isla de La Orchila. Aseguró asimismo que el país se prepara «para un escenario de conflicto armado en la mar»

Entretanto, los marines apostados en Puerto Rico simularon un desembarco anfibio este 18 de septiembre. Mientras que Washington reabrió la Estación Naval Roosevelt Roads, una instalación de unos 15,8 kilómetros asentada en territorio portorriqueño que permanecía cerrada desde 2004.

 

Crece la lista de fondos buitre que exigen recibir acciones de YPF

Crece la lista de fondos buitre que exigen recibir acciones de YPF

Se trata de un grupo de holdouts que busca cobrar con papeles de la petrolera un juicio por la deuda en default de 2001. Presentaron un escrito ante la jueza Loretta Preska y pidieron tener prioridad ante un eventual reparto de acciones.

El Gobierno prepara una apelación tras el fallo adverso del último lunes.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

NO SE PREOCUPEN CUERVOS.

HAY PARA TODOS EN EL REPARTO

Más fondos de inversión se sumaron a los acreedores que pretenden recibir acciones de YPF, luego del fallo adverso dictado por la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que ordenó entregar el 51% de la principal petrolera argentina para cumplir con la condena por U$S16.1000 millones, más intereses, en la causa por la expropiación de la empresa.

Los nuevos demandantes son los fondos Attestor Master, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee, que le ganaron a la Argentina un juicio por U$S475 millones por la deuda en default en 2001 y, ahora, le reclamaron a Preska que los habilite a cobrar parte de ese dinero con acciones de YPF.

En el escrito presentado ante jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pidieron tener prioridad sobre otros demandantes al momento de un eventual reparto de papeles de la petrolera. Según su análisis, la sentencia a su favor es previa a la de los casos que fueron beneficiados el último lunes y sacudió al gobierno de Javier Milei.

Para Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y quien sigue al detalle los casos por la deuda soberana en el exterior, «esto puede abrir la puerta a que más acreedores, sobre todo los que tienen más recursos, busquen cobrar sus sentencias contra la Argentina con una parte de YPF”.

Los fondos Attestor Master y Trinity Investments son representados por el abogado Dennis Hranitzky, el mismo que logró confiscar la Fragata Libertad en Ghana, en 2012, cuando asesoraba al fondo NML – Elliott Capital Management. En los últimos días, este grupo pidió a Preska una orden conocida como “me too”, la figura legal que permite extender los efectos de una sentencia anterior a nuevos beneficiarios.

El objetivo es sumarse a la ejecución de las acciones de YPF actualmente en manos del Estado, tal como ya dispuso la jueza estadounidense en fallos previos. Los acreedores sostienen que la Argentina mantiene la titularidad del 51% de la petrolera, y que ese activo debe ser utilizado para satisfacer las sentencias aún incumplidas por el país.

Además, sostienen que su derecho surge tanto de la legislación estadounidense como de normas internacionales aplicables a defaults de deuda soberana.

Juicio por YPF: qué dijo el presidente de la petrolera

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, consideró que el fallo dictado días atrás por Preska “no afecta a la empresa”, sino “a la República Argentina”. “El juicio no compromete nuestras operaciones, ni impacta en el precio de la nafta”, subrayó.

“La nafta depende del precio internacional del petróleo, del tipo de cambio, de los biocombustibles y de los impuestos. No tiene nada que ver con la sentencia”, explicó Marín, al despejar rumores sobre un posible aumento inmediato en los surtidores.

En una entrevista televisiva, se refirió también al futuro de Vaca Muerta, al que calificó como “el gran motor energético del país”, y proyectó exportaciones por 30.000 millones de dólares anuales para 2030. “El juicio no afecta este camino. Estamos cerrando el financiamiento del nuevo oleoducto, una obra de 3.000 millones de dólares que es clave para transportar nuestros recursos”, resumió.