El titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, Pablo Yadarola, procesó al acusado, sin prisión preventiva, por sobrefacturación de importaciones a través de HLB Pharma y Alpharma, dos laboratorios que habrían importado maquinaria del gigante asiático entre marzo y agosto de 2022, mediante una operación de US$5 millones, pero la causa constató que la cifra real fue de US$500.000.

En este contexto, el magistrado corroboró que García Furfaro utilizó documentación falsa ante la Aduana en cinco operaciones y le trabó un embargo por $25 mil millones.

Por su parte, otros dos implicados fueron procesados y embargados por el mismo monto en la causa donde la Aduana es querellante.

Las defensas apelaron la medida, mientras que el dueño del laboratorio vinculado al fentanilo contaminado permanecerá en libertad.

Piden la detención de García Furfaro por el fentanilo contaminado

Un abogado cordobés pidió la detención del empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, y otras 24 personas vinculadas al fentanilo contaminado que provocó 96 muertes.

El letrado Carlos Nayi, representante legal de cinco familias de víctimas por el opioide adulterado, solicitó la aprehensión de los implicados porque “han tenido directa o indirecta vinculación con los eventos anoticiados” y por los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense que detectaron un “nexo concausal” del fármaco en el desenlace fatal.

Con respecto al estudio que se conoció en las últimas horas, el profesional remarcó que «la contaminación del fentanilo fue, a criterio de los peritos, una condición necesaria para que los decesos se produzcan».

«Consecuentemente, la relación causal exigida para vincular un resultado típico a una conducta humana, como primer paso para la imputación, se encuentra científicamente acreditado», agrega.

«Estaría suficientemente probada la existencia del hecho y la intervención punible de los investigados en él, como así también estaría demostrado, en base a indicios serios, coherentes y contundentes, el peligro procesal que la libertad de aquellos significa para la presente causa, todo ello en base a las razones de hecho y de derecho que, seguidamente, se exponen», sostiene el documento presentado ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

Nayi peticiona que se «evalúe el grado de responsabilidad penal y la adopción de medidas» contra los sindicados, quienes fueron «debidamente identificados», a la vez que «se han dispuesto medidas cautelares sin perjuicio de otras responsabilidades funcionales a establecer».