La denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la ciudad de Buenos Aires, donde quedó radicada por sorteo, informaron fuentes judiciales.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró en la conferencia de prensa de hoy que el operativo para aplacar la movilización en rechazo al veto de la ley de actuación de jubilaciones fue exitoso y reveló que hay una revisión profunda en curso.

Así respaldó el accionar de la ministra de Seguridad y, además, habló del episodio en el que un efectivo de seguridad arrojó gases a una menor de 10 años y responsabilizó a su madre. «Nos apena de sobremanera, la responsabilidad es de la madre», sostuvo y añadió: «Eso no implica que el operativo no haya sido exitoso».

Asimismo, remarcó: «La doctora Bullrich entiende que el operativo fue impecable, por supuesto, sin los lastimosos episodios».

En otro pasaje de la conferencia contó que suele realizarse una revisión profunda de cada operativo y evitó precisar el futuro del Jefe de Policía, Luis Rolle, y de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El abogado Dalbón pidió ser citado para ratificar y ampliar la denuncia por la represión que incluyó el rociado con gas pimienta a una nena de diez años que asistía a la marcha con su mamá y que según imágenes difundidas por medios de comunicación estaba junto con ella agachada para protegerse cuando un policía las roció.

La denuncia se presentó por el artículo 248 del Código Penal que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

De manera posterior, también fue denunciada en los tribunales federales de Retiro por los mismos hechos la funcionaria del Ministerio de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva por presunta violación de deberes de funcionario público.

La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.