La medida fue de prisión preventiva y no la ejecución de su condena a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. El objetivo apuntó a evitar una posible fuga tras constatar que se había quitado la tobillera electrónica que controla su domiciliaria. Según medios brasileños, el STF tomó la decisión para «garantizar el orden público».

“La información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo Flávio”, señaló el auto del juez Alexandre de Moraes, relator del proceso. El magistrado recordó que otros aliados del exjefe de Estado (2019-2022) condenados o procesados por prácticas golpistas huyeron del país recientemente, entre ellos su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro.

El operativo para la detención de Bolsonaro se desplegó cerca de las 6 de la mañana, cuando un convoy policial llegó al condominio donde vive en la capital del país. El expresidente reaccionó con tranquilidad al momento del arresto. Michelle Bolsonaro, exprimera dama, no se encontraba en la vivienda.

Poco después, Bolsonaro fue trasladado a la sede de la Policía Federal, donde lo sometieron a un examen de cuerpo médico-legal, procedimiento habitual en estos casos, realizado por agentes del Instituto Médico-Legal para evitar su exposición pública. Quedó alojado en una sala de Estado, un espacio reservado para expresidentes y otras figuras públicas de alto rango.

El exmandatario había sido condenado en septiembre por haber conspirado para impedir la asunción de Lula da Silva tras perder las elecciones en 2022. El líder de la derecha y ultraderecha brasileñas se encontraba bajo prisión domiciliaria desde agosto, monitoreado electrónicamente en su vivienda en un condominio de lujo en la capital.

La detención ocurrió a pesar de que los abogados de Bolsonaro habían solicitado el viernes a la corte que su cliente pudiera cumplir la condena en su casa “por razones humanitarias”, debido a sus delicadas condiciones de salud. La defensa argumentó que la alteración de la prisión domiciliaria representa un “riesgo de vida” para el exjefe de Estado, que sufre secuelas permanentes de la puñalada que recibió en el vientre en 2018.

Los abogados citaron múltiples cirugías, episodios de reflujo e “hipo incontrolable” que le han provocado falta de aire, además de un diagnóstico reciente de cáncer de piel. El período para que los letrados presenten nuevos recursos para apelar la pena vence el próximo lunes.