“Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”, sostuvieron los fiscales en su presentación.
Además, plantearon que si la expresidenta continúa en prisión domiciliaria debería ser en un lugar distinto al departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde cumple actualmente la condena. Al respecto, señalaron que «lo que se observó desde su detención es que genera complicaciones al barrio que fueron expuestas en un informe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires» y también en la «propia seguridad de la exmandataria que en 2022 sufrió un intento de homicidio». Así señalaron que “se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria”.
El Tribunal Oral Federal 2 le había dado la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner por razones de seguridad. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron que por su rol de dos veces jefa de Estado y por el intento de homicidio que sufrió en una cárcel debería estar en un régimen de aislamiento que no es compatible con razones humanitarias de una detención. Además, hicieron referencia a que la exmandataria tiene 72 años.
Los fiscales, quienes en dos instancias previas ya habían pedido que la condena se cumpla en una cárcel, objetaron esos argumentos. Por un lado, plantearon que su postura es que “las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto”. Y detallaron que «en una detención domiciliaria no hay expectativas de resociabilización, tal como la ley establece».
Sobre la seguridad de Cristina Kirchner en una cárcel, Luciani y Mola indicaron que el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, había enumerado una serie de lugares de fuerzas federales donde la expresidenta podría cumplir la condena acorde a sus características.
La presentación de Luciani y Mola
Los fiscales precisaron que el Tribunal Oral no había analizado ese informe y que su detención en alguno de esos lugares no implicaría un aislamiento de su persona. “No se ha demostrado que las condiciones de alojamiento en una unidad penitenciaria supongan un trato inhumano”, señalaron. También rechazaron el argumento de los 72 años, ya que «la edad es un requisito no obligatorio, sino una facultad del juez».
Por otra parte, la Fiscalía sostuvo que a Cristina Kirchner se le dio un trato especial porque los otros ocho condenados en la causa se presentaron en Comodoro Py para quedar detenidos. A la expresidenta, en cambio, «no se le impuso ese trámite después que se le concedió la detención domiciliaria».
“Concretamente, es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real alguno para que Fernández de Kirchner cumpla intramuros la pena que se le impuso. Su situación (sin dejar de ponderar las particularidades que presenta cada una de las personas condenadas) no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso, que se han presentado a cumplir la pena y fueron alojados en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal», consignaron Luciani y Mola.
En otro tramo de su dictamen, la Fiscalía hizo referencia al departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple la detención. Mencionaron un informe de la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires que dio cuenta que desde que la expresidenta está allí se produjeron marchas y concentraciones que afectaron al barrio. Concretamente hicieron referencia a los los servicios de recolección de residuos, el paso de ambulancias y el mantenimiento de redes; así como también a las denuncias de vecinos por ruidos molestos, entre otros.
Los fiscales citaron en su presentación imágenes de medios de comunicación con gente subida a balcones de departamentos linderos y las concentraciones frente al domicilio de la expresidenta. Así, entendieron que se presenta una situación que afecta al barrio pero también a la propia seguridad de la condenada.
“En base a tal informe -en caso de no hacerse lugar a la revocación de la prisión domiciliaria que aquí reclamamos-, es que se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria que mitigue las falencias de seguridad advertidas”, plantearon los fiscales.
La Sala IV deberá resolver sobre las apelaciones
Ahora deberá intervenir la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes tendrán que analizar distintas apelaciones que se presentaron en la causa. Una de ellas es sobre el régimen de visitas.
El Tribunal Oral le impuso a Cristina Kirchner que sus familiares, médicos, abogados y custodios podían ingresar al departamento sin pedir autorización judicial. Toda otra persona debe pedir autorización. La defensa apeló esa decisión y Casación citó a una audiencia para el próximo 7 de julio a las 12 horas para escuchar los argumentos. La defensa también apeló el uso de la tobillera electrónica que le puso el Tribunal Oral y ahora la Fiscalía hizo lo propio con la prisión domiciliaria. Esos planteos también llegarán a Casación.
