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Para Gialluca, el llamado a asamblea constituyente apunta a garantizar derechos económicos, sociales y ambientales

Para Gialluca, el llamado a asamblea constituyente apunta a garantizar derechos económicos, sociales y ambientales

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa expresaron que se observa con beneplácito que el proyecto de ley para reformar la Constitución Provincial esté destinado a la defensa de derechos económicos, sociales y culturales, en una época en que este tipo de aspectos son “atacados sistemáticamente”.

Para Gialluca, el llamado a asamblea constituyente apunta a garantizar derechos económicos, sociales y ambientales - Diario La Mañana

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En este sentido, el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, consideró necesaria la actualización de este cuerpo normativo local en momentos en que en la Argentina “se ha impuesto un modelo de Gobierno llevado a cabo mediante decretos y vetos, teniendo como cimiento la Ley Bases aprobada por el Congreso de la Nación, donde lo único que importa es el tan preciado déficit cero, ignorándose a los jubilados, pensionados, discapacitados, estudiantes, usuarios, consumidores, inquilinos, etcétera”.

En este sentido, el defensor planteó que en la actualidad, la gestión nacional desconoce “derechos esenciales como lo son la educación, la salud y la seguridad pública”, entre otros, que “justamente son los temas que en el día a día, les interesan realmente a la gente, pues los medicamentos continúan subiendo de precio, al igual que los productos alimenticios, las telecomunicaciones, aplicándose por otro lado, impuestos a diarios, revistas, publicaciones periodísticas, así como también a las suscripciones digitales, que obviamente perjudicarán a los medios de comunicación, avasallando la libertad de prensa, evitando la circulación de ideas y que los ciudadanos estén informados y puedan tomar correctamente sus decisiones”.

En lo concerniente a la modificación de la carta magna provincial, Gialluca dijo que se pretende “contemplar los derechos de cuarta generación que surgen en el marco de la sociedad del conocimiento”.

Asimismo, agregó que “limitar una reforma a cuestiones partidarias o políticas o a futurología respecto al fallo de la CSJN -como ya se adelantaron en afirmar sectores políticos locales- simplemente significa desconocer los movimientos de derechos acordes a las exigencias de los tiempos”.

“Una Constitución renovada traerá consigo mayor desarrollo científico y tecnológico, receptando con jerarquía constitucional los derechos de la comunidad al agua y a la energía, buscando la diversificación de la matriz energética en el marco de la aplicación de políticas federales, fomentando la innovación para brindar más y mejores respuestas a las necesidades de la comunidad, consolidando la responsabilidad del Estado en la formulación de políticas públicas en materia de salud y educación, fortaleciendo criterios de universalidad y accesibilidad. También se fortalecerán las políticas ambientales, promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, incorporando los instrumentos de política ambiental más adecuados y eficientes”, explicó.

“Estos temas, como otros de relevancia, son los propuestos en la ley de necesidad de reforma de la Constitución Provincial, y el objetivo es claro: reconocer con categoría constitucional no sólo derechos, sino la posibilidad de atraer inversiones. Una provincia viable necesita ajustarse a estándares y este proyecto de constitución está orientado a la búsqueda del mejoramiento integral de sus instituciones y de una administración más eficaz y más eficiente fomentando la modernización e innovación”, aseveró.

“No podemos perder de vista que la asamblea constituyente es soberana. Es el pueblo de Formosa quien decidirá las reglas que regirán en el futuro, pues los cambios que se avecinan necesitan de un instrumento a la altura de los mismos que no sólo garanticen derechos presentes, sino también que protejan a las próximas generaciones”, manifestó José Gialluca.

Gialluca dijo que sectores asalariados no poseen la capacidad necesaria para producir energía renovable

Gialluca dijo que sectores asalariados no poseen la capacidad necesaria para producir energía renovable

Acerca del proyecto que propone la adhesión provincial a la Ley de Energía Distribuida

Gialluca dijo que sectores asalariados no poseen la capacidad necesaria  para producir energía renovable - Diario La Mañana

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el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, señaló ayer que “ordenando las prioridades y necesidades urgentes de la gente, el tratamiento y aprobación por el Congreso de la Nación de un Proyecto de Ley de Zonas Cálidas traerá mayores beneficios que la Ley Nacional Nº 27.424”.

En este sentido, dijo que “si bien apoyamos todas las acciones e iniciativas que buscan potenciar la generación de energía y que los usuarios se conviertan en productores, salvo los empresarios, los sectores asalariados no poseen la capacidad necesaria para enfrentar los costos de los estudios de viabilidad, obtener la infraestructura, en su caso paneles y medidores bidireccionales, que les permitan a partir de fuentes de energía renovable, autoabastecerse y, eventualmente, inyectar el sobrante a la red eléctrica”.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo de la Provincia solicitó formalmente al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, a la presidente del Senado, Victoria Villarruel, como así también a la Comisión Permanente de Energía y Combustible, presidida por Lorena Villaverde, “la unificación de los proyectos que buscan establecer tarifas diferenciadas por zona de los servicios públicos de energía eléctrica, para las Zonas Cálidas, con la finalidad de reducir los precios, en atención a los altos consumos frente a los factores climáticos extremos”.

Los proyectos de “Tarifa Eléctrica Diferencial para Zonas Cálidas” comprenden a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero, planteándose una reducción del 30% del valor del consumo y un 50% para aquellos grupos familiares cuyo estado socioeconómico así lo merezca.

Al respecto, el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, señaló que la idea es tomar el espíritu de la Ley de Zonas Frías Nº 25.565, que fue mantenida por la Ley Bases y que se financia con un porcentaje de la tarifa de gas que pagan todos los hogares, comercios e industrias del país, beneficiando a unos 4,3 millones de usuarios, “orientándolo a todas las localidades del Norte Grande que poseen altas temperaturas y donde la proporción de los ingresos destinados al pago del servicio eléctrico es de los más altos, no existiendo gas por redes en las mismas”.

Denuncian el sobreendeudamiento en el que se encuentran millones de consumidores y usuarios

Denuncian el sobreendeudamiento en el que se encuentran millones de consumidores y usuarios

El defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, y otros defensores nucleados en la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA)

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 Formaron parte de una reunión de trabajo en el Congreso de la Nación, específicamente en la Comisión de Defensa del Consumidor, Usuario y de la Competencia, presidida por Carolina Yutrovic, encuentro del que también participó la diputada nacional Graciela Parola.

En este marco, el ombudsman provincial se refirió al sobreendeudamiento en el que se encuentran millones de consumidores y usuarios, a raíz de la caída del poder adquisitivo y la imposibilidad de reclamar la defensa de sus derechos en determinadas situaciones.

 

Gialluca denunció la derogación de leyes y de más de 69 resoluciones que garantizaban derechos a los consumidores y usuarios, y dijo que esas personas “hoy son víctimas de variados abusos por empresas públicas y privadas”.

En este contexto, el funcionario se refirió a la no recepción de reclamos por parte de firmas como Telecom Personal, la cual, en Formosa, únicamente “cobra a sus usuarios y ante cualquier duda o inconveniente, los derivan a un 0800 que nunca soluciona nada”.

De la misma manera, mencionó el caso de aquellos supermercados que trabajan con entidades financieras o bancarias, ofreciendo tarjetas de crédito, pero que “a la hora de requerir la baja del servicio o desconocer algún consumo, derivan a Aplicaciones que no brindan respuestas a los consumidores”.

A su vez, se precisó que los diputados presentes en la reunión se comprometieron a llevar éstas y otras cuestiones planteadas, como las estafas virtuales, al recinto de la Cámara Baja y encontrar resultados constructivos para la ciudadanía.