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Gialluca dijo que el aumento de la energía mayorista, sumado al recorte de subsidios, explican los incrementos en las tarifas

Gialluca dijo que el aumento de la energía mayorista, sumado al recorte de subsidios, explican los incrementos en las tarifas

El ombudsman provincial explicó que la estructura de las tarifas depende en un 80% de los valores de generación y transporte, determinados por Nación y el 20% restante corresponde a los cuadros tarifarios que fijan los costos de distribución del servicio que sí son establecidos por las provincias y de allí surge, entonces, el Valor Final que terminan pagando los usuarios

Gialluca dijo que el aumento de la energía mayorista, sumado al recorte de  subsidios, explican los incrementos en las tarifas - Diario La Mañana

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Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se rechazó “por infundadas y temerarias, las afirmaciones de la Oficina del Presidente de la Nación, desde donde se afirmó que la suba de tarifas de energía eléctrica depende de las provincias”.

El organismo provincial dijo que esta oficina de la presidencia añadió que «la energía cuesta lo mismo en todo el país y que lo que encarece las facturas en cada jurisdicción es el Valor Agregado de Distribución y los impuestos locales, ambos definidos por cada provincia».

 

Al respecto, el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, señaló que “como no se conoce públicamente quién está al frente de esta Oficina de Nación, lo que sí podemos afirmar que se trata de alguien que está mal informando a los usuarios o elige mentirles”.

En tal sentido, sostuvo que “la única verdad es que el costo de la energía eléctrica lo determina Nación y únicamente la distribución queda a cargo de las provincias y, en el caso de Formosa, en las facturas no existe ningún tributo provincial y menos aún tasas municipales, salvo el IVA que lo recauda también Nación”.

“Por ello -añadió Gialluca-, la composición del precio de la tarifa eléctrica en argentina se divide en tres sectores, Generación, Transporte y Distribución, los dos primeros los fija exclusivamente la Secretaría de Energía de Nación y las distribuidoras provinciales establecen el valor de distribución o VAD”.

Según el funcionario provincial, “lo que oculta o distorsiona el Gobierno nacional es que actualmente los usuarios cubren el costo real de la energía en un porcentaje del 72%, mientras que el Estado financia sólo el 28% restante, trasladando el ajuste directamente a los hogares”.

Indicó que “este dato no es ficticio, está respaldado por un reciente informe técnico de la UBA y el Conicet, donde se señala la fuerte caída de los subsidios energéticos en términos reales durante enero y febrero del 2026 en comparación con el mismo período de 2025, explicado principalmente por el diferimiento de pagos a CAMMESA, siendo además que, en el caso de la energía eléctrica, el costo de la producción se encuentra dolarizado”.

“De esta manera -añadió el defensor del Pueblo-, con un Estado Nacional decidido a alcanzar el equilibrio fiscal a cualquier precio, el traslado de los costos de producción a las facturas finales que pagan los usuarios son la herramienta principal que coloca a los hogares en una situación de vulnerabilidad ante la pérdida de poder adquisitivo frente a las tarifas”.

Gialluca aclaró que “desde el mes de enero del corriente año, se modificó el sistema de subsidios que pasó de la segmentación energética en los Niveles 1, 2 y 3, a los Subsidios Focalizados, que divide a los usuarios en dos categorías, Con Subsidios y Sin Subsidios. Este nuevo régimen significa aumento de usuarios perjudicados por menos kW/h subsidiados mensualmente y con fuerte incrementos en el valor del kW/h, sumado a los meses donde más impacta el valor de las facturas a los formoseños y usuarios del Norte argentino, por las elevadas temperaturas, que les originan mayores consumos necesarios para poder vivir dignamente”, apuntó.

En este sentido, detalló que “según el último cuadro tarifario para el mes de febrero de 2026, en las franjas de consumo que se considera la más aplicada por la época del año que va de 700 a 1400 kW/h, el precio del kW/h es para los usuarios sin subsidio $ 180,18 y para los usuarios con subsidios es de $ 86,20”.

Advirtió que “la situación se ve agravada, toda vez que las lecturas del mes de marzo no van a tener el beneficio del subsidio de Zonas Muy Cálidas de 550 kW/h por mes y la cobertura sólo será de 150 kW/h, salvo que la Secretaría de Energía de Nación haga lugar al pedido de las Distribuidoras del NEA para que el beneficio se extienda al mes antes citado y de esta forma, impedir que los usuarios reciban facturas impagables”.

Dijo que “diferente es la situación para aquellos usuarios que siempre pagaron tarifa plena, donde en este caso, los incrementos se dan por mes conforme al IPC, en tanto, la gran diferencia se encuentra en la mayoría y miles de hogares que mantienen subsidios, pero bajo un sistema diferente, donde el Gobierno nacional únicamente les bonifica 150 kW/h por mes, lo que no significa económicamente nada, frente a los consumos superiores a los 800 kW/h mes o más que posee cada uno de estos y donde los mismos ingresan a pagar tarifa plena de la energía eléctrica”.

Gialluca acusa a Nación de aplicar una “grosera doble vara” y niega adoctrinamiento de alumnos en una escuela

Gialluca acusa a Nación de aplicar una “grosera doble vara” y niega adoctrinamiento de alumnos en una escuela

La Defensoría del Pueblo de la Provincia criticó duramente a la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Horacio Torrendell, que depende del Ministerio de Capital Humano de la Nación, liderado por Sandra Pettevello,

Gialluca acusa a Nación de aplicar una “grosera doble vara” y niega  adoctrinamiento de alumnos en una escuela - Diario La Mañana

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Denunciando la “grosera doble vara o selectividad en la vigilancia ideológica en supuestos casos de adoctrinamiento en ámbitos escolares”.

En relación a la denuncia de Capital Humano sobre supuesto adoctrinamiento en una escuela provincial durante la presencia del gobernador Insfrán, la Defensoría señaló que “en el caso de los hechos desarrollados en la EPEP Nº 548 “Prof. Rodolfo Reinaldo Benitez”, en ningún momento se les faltó el respeto a los alumnos y menos aún se influyó en su libertad de conciencia, encontrándose ausente cualquier forma o tipo de agresión psicológica que es lo que sí prevé el art. 126 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional”.

Al respecto, el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, sostuvo que “detrás de todo esto, sólo existe una campaña antiderechos, negacionista, proimperialista, que pretende amordazar la crítica, la libertad de expresión, el debate de ideas, pero eso no es educación y menos libertad”.

En este contexto, indicó la “falta de acción del Ministerio de Capital Humano frente a casos reales de adoctrinamiento y donde hasta Amnistía Internacional y otros sectores han expresado preocupación por la doble vara y la intromisión en jurisdicciones locales en lo que respecta a las acciones contra el presunto adoctrinamiento político en Escuelas Argentinas”.

Gialluca advirtió que miles de tarjetas de débito de estatales fueron desactivadas por el banco y sus titulares no las pueden usar

Gialluca advirtió que miles de tarjetas de débito de estatales fueron desactivadas por el banco y sus titulares no las pueden usar

Se trata de los plásticos con banda magnética y sin chip. Se aclaró que en un lapso de siete días, todos los afectados estarán recibiendo las nuevas tarjetas

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La Defensoría del Pueblo de la Provincia reveló que durante esta semana, numerosos titulares de tarjetas de débito del Banco Formosa, con banda magnética sin chip que no están vencidas, se encontraron con la imposibilidad de hacer pagos en distintos comercios locales, como así también concretar extracciones en cajeros automáticos.

Ante esta situación, el organismo provincial cursó notas a los responsables de la Red Link, empresa de pagos y cobranzas, como así mismo al jefe de Gestión del Usuario Financiero del Banco Formosa SA, para conocer las causas y motivos de esta medida que viene afectando a estos usuarios del sistema financiero local.

 

La Defensoría hizo notar que este hecho ocurre en momentos en que “estamos transitando los últimos días del presente año, y en los cuales el Gobierno de la Provincia depositará los fondos para el pago de la segunda cuota del aguinaldo, más los haberes del mes de diciembre, y posteriormente, en el 2025, se efectivizará la primera y segunda cuota del Bono de $ 700.000 tanto a agentes estatales activos y pasivos; además, un gran número de Municipios ha tomado decisiones similares, por lo que se hace necesario llevar la información clara y tranquilidad a los reclamantes”.

En este punto, el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, explicó que la Red Link desactivó unas 2.500 tarjetas de débito, correspondientes a un lote viejo, donde se habrían detectado defectos en la seguridad y riesgos varios que podrían afectar a sus titulares.

 

Informó que ante este hecho “todos los afectados recibirán un correo electrónico y también un mensaje de texto a sus celulares, desde el Banco Formosa S.A. que estarán cifrados, para evitar estafas virtuales, y donde se les brindará un serie de información con opciones, que van desde la posibilidad de utilizar sus homebanking, la billetera virtual Onda o presentarse a cualquier sucursal de la entidad, donde exhibiendo las notificaciones recibidas serán atendidos con carácter preferencial a fin de que por ventanilla tengan la posibilidad de retirar el monto de dinero existente en su caja de ahorro”.

Por último, la Defensoría indicó que “se aclaró que en un lapso de siete días, todos los antes nombrados estarán recibiendo nuevas tarjetas de débito con chip, y en atención a que con el transcurso del tiempo sólo existirá este tipo de plástico, se invitó y sugirió a los usuarios a ingresar a la App de Autogestión del Banco Formosa para solicitar el cambio de tarjeta de débito, evitándose de esta manera inconvenientes como los antes descriptos”.

Para Gialluca, el llamado a asamblea constituyente apunta a garantizar derechos económicos, sociales y ambientales

Para Gialluca, el llamado a asamblea constituyente apunta a garantizar derechos económicos, sociales y ambientales

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa expresaron que se observa con beneplácito que el proyecto de ley para reformar la Constitución Provincial esté destinado a la defensa de derechos económicos, sociales y culturales, en una época en que este tipo de aspectos son “atacados sistemáticamente”.

Para Gialluca, el llamado a asamblea constituyente apunta a garantizar derechos económicos, sociales y ambientales - Diario La Mañana

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En este sentido, el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, consideró necesaria la actualización de este cuerpo normativo local en momentos en que en la Argentina “se ha impuesto un modelo de Gobierno llevado a cabo mediante decretos y vetos, teniendo como cimiento la Ley Bases aprobada por el Congreso de la Nación, donde lo único que importa es el tan preciado déficit cero, ignorándose a los jubilados, pensionados, discapacitados, estudiantes, usuarios, consumidores, inquilinos, etcétera”.

En este sentido, el defensor planteó que en la actualidad, la gestión nacional desconoce “derechos esenciales como lo son la educación, la salud y la seguridad pública”, entre otros, que “justamente son los temas que en el día a día, les interesan realmente a la gente, pues los medicamentos continúan subiendo de precio, al igual que los productos alimenticios, las telecomunicaciones, aplicándose por otro lado, impuestos a diarios, revistas, publicaciones periodísticas, así como también a las suscripciones digitales, que obviamente perjudicarán a los medios de comunicación, avasallando la libertad de prensa, evitando la circulación de ideas y que los ciudadanos estén informados y puedan tomar correctamente sus decisiones”.

En lo concerniente a la modificación de la carta magna provincial, Gialluca dijo que se pretende “contemplar los derechos de cuarta generación que surgen en el marco de la sociedad del conocimiento”.

Asimismo, agregó que “limitar una reforma a cuestiones partidarias o políticas o a futurología respecto al fallo de la CSJN -como ya se adelantaron en afirmar sectores políticos locales- simplemente significa desconocer los movimientos de derechos acordes a las exigencias de los tiempos”.

“Una Constitución renovada traerá consigo mayor desarrollo científico y tecnológico, receptando con jerarquía constitucional los derechos de la comunidad al agua y a la energía, buscando la diversificación de la matriz energética en el marco de la aplicación de políticas federales, fomentando la innovación para brindar más y mejores respuestas a las necesidades de la comunidad, consolidando la responsabilidad del Estado en la formulación de políticas públicas en materia de salud y educación, fortaleciendo criterios de universalidad y accesibilidad. También se fortalecerán las políticas ambientales, promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, incorporando los instrumentos de política ambiental más adecuados y eficientes”, explicó.

“Estos temas, como otros de relevancia, son los propuestos en la ley de necesidad de reforma de la Constitución Provincial, y el objetivo es claro: reconocer con categoría constitucional no sólo derechos, sino la posibilidad de atraer inversiones. Una provincia viable necesita ajustarse a estándares y este proyecto de constitución está orientado a la búsqueda del mejoramiento integral de sus instituciones y de una administración más eficaz y más eficiente fomentando la modernización e innovación”, aseveró.

“No podemos perder de vista que la asamblea constituyente es soberana. Es el pueblo de Formosa quien decidirá las reglas que regirán en el futuro, pues los cambios que se avecinan necesitan de un instrumento a la altura de los mismos que no sólo garanticen derechos presentes, sino también que protejan a las próximas generaciones”, manifestó José Gialluca.

Gialluca dijo que sectores asalariados no poseen la capacidad necesaria para producir energía renovable

Gialluca dijo que sectores asalariados no poseen la capacidad necesaria para producir energía renovable

Acerca del proyecto que propone la adhesión provincial a la Ley de Energía Distribuida

Gialluca dijo que sectores asalariados no poseen la capacidad necesaria  para producir energía renovable - Diario La Mañana

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el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, señaló ayer que “ordenando las prioridades y necesidades urgentes de la gente, el tratamiento y aprobación por el Congreso de la Nación de un Proyecto de Ley de Zonas Cálidas traerá mayores beneficios que la Ley Nacional Nº 27.424”.

En este sentido, dijo que “si bien apoyamos todas las acciones e iniciativas que buscan potenciar la generación de energía y que los usuarios se conviertan en productores, salvo los empresarios, los sectores asalariados no poseen la capacidad necesaria para enfrentar los costos de los estudios de viabilidad, obtener la infraestructura, en su caso paneles y medidores bidireccionales, que les permitan a partir de fuentes de energía renovable, autoabastecerse y, eventualmente, inyectar el sobrante a la red eléctrica”.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo de la Provincia solicitó formalmente al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, a la presidente del Senado, Victoria Villarruel, como así también a la Comisión Permanente de Energía y Combustible, presidida por Lorena Villaverde, “la unificación de los proyectos que buscan establecer tarifas diferenciadas por zona de los servicios públicos de energía eléctrica, para las Zonas Cálidas, con la finalidad de reducir los precios, en atención a los altos consumos frente a los factores climáticos extremos”.

Los proyectos de “Tarifa Eléctrica Diferencial para Zonas Cálidas” comprenden a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero, planteándose una reducción del 30% del valor del consumo y un 50% para aquellos grupos familiares cuyo estado socioeconómico así lo merezca.

Al respecto, el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, señaló que la idea es tomar el espíritu de la Ley de Zonas Frías Nº 25.565, que fue mantenida por la Ley Bases y que se financia con un porcentaje de la tarifa de gas que pagan todos los hogares, comercios e industrias del país, beneficiando a unos 4,3 millones de usuarios, “orientándolo a todas las localidades del Norte Grande que poseen altas temperaturas y donde la proporción de los ingresos destinados al pago del servicio eléctrico es de los más altos, no existiendo gas por redes en las mismas”.

Denuncian el sobreendeudamiento en el que se encuentran millones de consumidores y usuarios

Denuncian el sobreendeudamiento en el que se encuentran millones de consumidores y usuarios

El defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, y otros defensores nucleados en la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA)

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 Formaron parte de una reunión de trabajo en el Congreso de la Nación, específicamente en la Comisión de Defensa del Consumidor, Usuario y de la Competencia, presidida por Carolina Yutrovic, encuentro del que también participó la diputada nacional Graciela Parola.

En este marco, el ombudsman provincial se refirió al sobreendeudamiento en el que se encuentran millones de consumidores y usuarios, a raíz de la caída del poder adquisitivo y la imposibilidad de reclamar la defensa de sus derechos en determinadas situaciones.

 

Gialluca denunció la derogación de leyes y de más de 69 resoluciones que garantizaban derechos a los consumidores y usuarios, y dijo que esas personas “hoy son víctimas de variados abusos por empresas públicas y privadas”.

En este contexto, el funcionario se refirió a la no recepción de reclamos por parte de firmas como Telecom Personal, la cual, en Formosa, únicamente “cobra a sus usuarios y ante cualquier duda o inconveniente, los derivan a un 0800 que nunca soluciona nada”.

De la misma manera, mencionó el caso de aquellos supermercados que trabajan con entidades financieras o bancarias, ofreciendo tarjetas de crédito, pero que “a la hora de requerir la baja del servicio o desconocer algún consumo, derivan a Aplicaciones que no brindan respuestas a los consumidores”.

A su vez, se precisó que los diputados presentes en la reunión se comprometieron a llevar éstas y otras cuestiones planteadas, como las estafas virtuales, al recinto de la Cámara Baja y encontrar resultados constructivos para la ciudadanía.