Meme presentó un amparo colectivo contra el Gobierno por presunto “adoctrinamiento político” en escuelas
La exdiputada provincial solicitó a la Justicia Federal que declare inconstitucional el uso de establecimientos educativos y alumnos menores de edad para promocionar la gestión gubernamental. El planteo surge tras un acto realizado en una escuela de la capital formoseña con la participación del gobernador Insfrán
La exdiputada provincial Gabriela Meme confirmó este jueves que presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal contra el Gobierno de la Provincia de Formosa y el Ministerio de Cultura y Educación provincial, en la que denuncia presuntas prácticas de “adoctrinamiento político” dentro del sistema educativo público.En la presentación judicial, bajo el patrocinio letrado del Dr. Kurt Ottosen, la dirigente solicita que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad de cualquier práctica estatal que utilice establecimientos educativos y alumnos menores de edad para la promoción político-partidaria de autoridades gubernamentales, su gestión o sus candidaturas.
Asimismo, pidió que se ordene el cese inmediato de esas acciones y la implementación de protocolos que garanticen la neutralidad política en las escuelas.
El planteo judicial se originó tras un acto oficial realizado el 2 de marzo de 2026 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N.º 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”, en la ciudad de Formosa, durante la inauguración del establecimiento. En ese evento, participó el gobernador Gildo Insfrán y se difundió un video en el que alumnos de nivel primario realizan preguntas al mandatario en una dinámica presentada como actividad escolar.
Según se expone en la demanda, durante ese intercambio los estudiantes realizaron comentarios vinculados con la gestión gubernamental y con obras públicas realizadas por la administración provincial. Para la denunciante, esa escena constituye un ejemplo de utilización del ámbito escolar para la promoción política.
Neme argumenta que la práctica vulneraría derechos garantizados por la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Educación Nacional, al afectar la libertad de conciencia de los estudiantes y el principio de pluralismo educativo.
La acción también solicita el dictado de una medida cautelar para que el Gobierno provincial se abstenga de realizar actos de promoción político-partidaria en establecimientos educativos que involucren a menores de edad, así como de utilizar instalaciones escolares para promover la imagen de autoridades gubernamentales.
En su presentación, la exlegisladora sostiene que la educación pública debe ser un espacio institucional neutral, plural y libre de presiones ideológicas, y que la utilización de estudiantes en actividades de promoción política vulnera el interés superior del niño.
Además, pidió que el proceso sea inscripto en el Registro Público de Procesos Colectivos y que intervengan el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
La causa deberá ahora ser evaluada por la Justicia Federal, que tendrá que resolver sobre la admisibilidad del amparo y el eventual dictado de las medidas cautelares solicitadas.