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Drogas, secuestros y homicidios: así es el Tren de Aragua, la banda criminal a la que Donald Trump le declaró la guerra

Drogas, secuestros y homicidios: así es el Tren de Aragua, la banda criminal a la que Donald Trump le declaró la guerra

Originada en Venezuela pero extendida en buena parte de América, el presidente de Estados Unidos pretende exterminar una organización culpable de los más terribles crímenes.

El Salvador recibió a 238 miembros del Tren de Aragua expulsados por Estados Unidos. Foto: Reuters.

Fuente: https://www.canal26.com/

El pasado 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, clasificó como organización terrorista al Tren de Aragua, junto a carteles mexicanos y otros grupos criminales. Se trata de una megabanda que nació en las cárceles de Venezuela y se extendió en los últimos años por varios países latinoamericanos.

Naciones como Colombia, Perú, Bolivia y Chile ya sufren los crímenes cometidos por los miembros del grupo trasnacional. Tanto es así que las autoridades acusan al grupo de cometer numerosos delitos, desde narcotráfico a extorsión, secuestros y homicidios.

La diversidad de nacionalidades de sus miembros es una de las principales características de la organización. Mujeres, niños y adolescentes son las principales víctimas de entramados como el Tren de Aragua, que ofrecen «paquetes» para migrar.

Este grupo criminal suele prometer un tránsito seguro y oportunidades de trabajo en los países de destino, pero terminan convirtiéndose en redes de explotación y trata de personas. Las víctimas son sometidas a condiciones de vulnerabilidad extrema, quedando atrapadas en circuitos de trabajo forzado, explotación sexual o reclutamiento para actividades criminales.

El Tren de Aragua tiene en la extorsión su fuente de ingresos más importante. Muchos de sus integrantes son víctimas de la misma organización, personas incorporadas tras ser obligadas a pagar una cuota periódica para mantener su negocio o su integridad física.

El cartel aprovechó el flujo de millones de migrantes de Venezuela a otras naciones latinoamericanas con el objetivo de expandir su presencia, extorsionando a migrantes, empleando métodos de secuestros y llevando a cabo asesinatos por encargo.

Donald Trump y su batalla contra el Tren de Aragua

Un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos identificó a presuntos miembros del grupo en 16 estados, por lo que abrió unas 100 investigaciones federales relacionadas con el Tren de Aragua y unas 50 detenciones.

Luego de que Joe Biden la declarara «organización criminal transnacional», Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones masivas de los integrantes de esta banda. Manifestó que el Tren de Aragua realiza «acciones hostiles y una guerra contra el territorio de Estados Unidos tanto directamente como bajo la dirección clandestina o de otro tipo del régimen de Maduro en Venezuela».

El actual presidente apuntó al Tren de Aragua al considerar que se han «infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y realizando acciones hostiles contra el país»

Los orígenes del Tren de Aragua, la organización criminal que se extiende por América Latina

Originalmente surgida como una pandilla carcelaria, bajo el liderazgo del venezolano Héctor «Niño» Guerrero evolucionó hasta convertirse en una «organización criminal transnacional», según el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ofrece una alta recompensa por información que lleve a su captura.

La organización tiene sus inicios en la prisión venezolana de Tocorón, en Aragua, donde se extendió bajo el chantaje a internos como principal sistema de negocio. Incrementó sus redes en el extranjero desde el año 2020.

La crisis migratoria venezolana fue la vía por la que el Tren de Aragua entró en países como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, estableciendo así sus propias redes. Un ejemplo de ello es la frontera entre Bolivia y Chile, donde tienen una fuerte presencia gracias a que miembros del Tren de Aragua operan controlando los pasos fronterizos, el tráfico de personas y el tráfico de drogas.

Quién es Héctor Guerrero, el líder del Tren de Aragua

Conocido como El Niño, fue condenado en 2018 a 17 años de cárcel por homicidio, tráfico de drogas, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra. Hoy en día se encuentra en paradero desconocido tras huir, en septiembre de 2023, de la cárcel de Tocorón, desde donde había liderado las operaciones del Tren de Aragua.

El gobierno de Venezuela confirmó su fuga después de tres días de un operativo policial en la cárcel donde se encontraba. En esa ocasión, participaron unos 11.000 policías y militares que entraron a la prisión, en el estado norteño de Aragua, pero no encontraron a Guerrero ni a los líderes del grupo.

Las fuerzas policiales buscaban recuperar el control de la cárcel que estaba en manos de la poderosa organización y la habían convertido en una especie de centro turístico, con restaurantes, boliches, casa de apuestas y pileta.

Pese a que Guerrero perdió el centro de operaciones tras la intervención policial de Tocorón, las operaciones del Tren de Aragua parecen mantenerse intactas, dentro y fuera de Venezuela. Mientras la oposición acusa al chavismo de tener nexos con la organización, el gobierno dice que los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque protegen al «Niño Guerrero».

 

Ya se registraron casi 130 homicidios por «género» en lo que va de este año

Ya se registraron casi 130 homicidios por «género» en lo que va de este año

Los crímenes ocurrieron entre el 1º de enero y el 31 de mayo pasado en todo el país. Más de 124 hijos perdieron a su madre como consecuencia de los femicidios.

De 39 años

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

En los primeros cinco meses de 2024 se registraron 127 hechos de violencia de género con víctimas mortales en todo el país, que se traducen en 114 femicidios, nueve de los denominados «femicidios vinculados» de varones adultos y niños, tres lesbicidios y un trans-travesticidio.

Las cifras surgen del relevamiento desarrollado por el Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano» que dirige la asociación civil La Casa del Encuentro, en base a los casos difundidos desde el 1 de enero al 31 de mayo de este año.

Al margen de estos 127 crímenes, del informe surgió el dato que un total de 124 hijas/hijos quedaron sin madre, como producto de los femicidios y que el 63% son niños, que quedan al cuidado de las familias de las víctimas. También que el 56 % de los agresores eran parejas o exparejas, ya que fueron los protagonistas de esos ataques con resultado de muerte en 66 casos, mientras que otros 19 hechos de atribuyen a familiares, 12 a vecinos y/o conocidos y en 21 episodios no se acreditó el vínculo con la víctima.

La Casa del Encuentro destacó, al mismo tiempo, que «como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor, ya el 58% fueron asesinadas en su hogar». En tal sentido, se detalló que 68 de los femicidios ocurrieron en la casa donde residía la víctima, cuatro hechos en la del femicida y siete en otros domicilios, mientras 20 ocurrieron en la vía pública (calles, descampados y cursos de agua), siete en el interior de vehículos, cinco en el lugar de trabajo de la mujer y en tres episodios se carecen de datos precisos.

Sobre la edad de las víctimas, 49 de las mujeres tenían entre 31 a 50 años, otras 29 se ubicaban en la franja etaria 19-30, nueve eran adolescentes (13 a 18), tres niñas (de hasta 12 años), 15 de ellas tenían de 51 a 65 y 12 adultas mayores (66-90).

El relevamiento dio cuenta que en relación a la modalidad en que se cometieron los femicidios, 36 fueron asesinadas a balazos y 32 apuñaladas, otras 17 resultaron ahorcadas/asfixiadas, 15 al haber recibidos golpes, siete quemadas y 11 casos no se estableció la modalidad del crimen.

En el rubro «información adicional», el documento difundido en vísperas de la conmemoración del NiUnaMenos como cada 3 de junio, se indicó que «un total de 17 víctimas habían realizado denuncia y como consecuencia de ello, cinco femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención». También que siete de los asesinos pertenecían a fuerzas de seguridad, utilizando armas reglamentarias, provistas por el Estado, que ocho víctimas tenían indicio de abuso sexual y otras dos estaban embarazadas.

En valores absolutos, que no reflejan la densidad poblacional, se puntualizó que 44 de los femicidios ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, seguida por Santa Fe con 12, Chaco con 8 y Misiones, Mendoza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 6 casos cada una.

Los otros hechos se registraron en Entre Ríos y Córdoba con cinco; Salta y San Luis, con cuatro; Santiago del Estero y Neuquén, con tres; Tucumán, Corrientes, San Juan y Chubut, con dos; y con uno aparecen los distritos de Río Negro, Tierra del Fuego, La Rioja y Santa Cruz. Solo en las provincias de Formosa, Jujuy, Catamarca y La Pampa no hubieron femicidios en lo que va del año.

«Llegamos a un nuevo 3 de junio para gritar nuevamente Ni Una Menos. Nueve años en los que las estadísticas que no descienden, con un Estado ausente que no muestra interés en elaborar políticas públicas para el abordaje, asistencia y prevención de las violencias de género», señaló el documento de La Casa del Encuentro.

Además, se hizo hincapié en «con una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que pareciera no tener voz, transferida hace pocos días al Ministerio de Justicia sin expresar los verdaderos motivos del cambio, sin explicar que acciones llevaran adelante y con qué presupuesto contará para esto».

Sobre los hechos ocurridos en los últimos días, remarcaron que «sumamos a nuestro Observatorio los tres lesbicidios, de Pamela, Mercedes y Andrea a las que asesinaron por lesbianas, crímenes de odio que recrudecen día tras día. Un odio habilitado desde quienes ejercen el poder, que prolifera en la opinión pública contra el colectivo LGBTIQ+, las mujeres, la pobreza que afecta doblemente a las mujeres, niñas y niños, jubiladas/os, las personas con discapacidad; todas y todos, sujetos de derecho, que necesitan un Estado activo que dé respuestas a las problemáticas reales de la sociedad».