De esta manera, esa serie de resoluciones del Poder Ejecutivo, motorizadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, quedaron sin efecto porque ya tenían el rechazo de la Cámara de Diputados.

La avanzada cosechó el apoyo unánime del kirchnerismo, como era esperable, y de gran parte de la UCR, el PRO y otros espacios provinciales. La Libertad Avanza quedó casi en soledad en la votación.

Entre las medidas alcanzadas se encontraba la disolución de organismos clave como Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la ARICCAME, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar y el Instituto Nacional de Semillas. También se disponía la transformación del INTA, el INTI, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que pasarían a depender de secretarías del Ejecutivo y perderían su carácter de entes autárquicos. Otro de los decretos apuntaba a modificar la estructura del Banco Nacional de Datos Genéticos, organismo central en la investigación de crímenes de lesa humanidad y en la restitución de identidades de hijos de desaparecidos.

Además se incluía además la disolución del Instituto Nacional del Teatro, con fuertes críticas por supuesta “gestión deficiente”, y la fusión de instituciones históricas como el Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Juan Manuel de Rosas. Asimismo, se quitaba autarquía a entidades culturales como el Instituto Sanmartiniano, el Instituto Eva Perón y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Otro de los decretos proponía una desregulación de la Marina Mercante Nacional, habilitando el cabotaje con banderas extranjeras, lo que fue duramente cuestionado por gremios del sector y ya tenía fallos judiciales adversos.

El debate por los decretos inició recién pasadas 12.30, más de una hora después del comienzo de la sesión, luego de una serie de cuestiones de privilegio, intentos por parte de partidos provinciales de incluir otros proyectos en el temario y la aprobación de acuerdos militares.

El decreto delegado por el cual Milei se proponía disolver Vialidad Nacional fue uno de los puntos de mayor encuentro entre los representantes provinciales.

El texto sostenía que la estructura de no se ajustaba “a las necesidades actuales de gestión”, lo que se reflejaba en “altos costos operativos” y falta de agilidad, y mencionaba una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo y una mayor eficiencia en los tramos concesionados a privados.

A su vez, reasignaba tareas esenciales como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión eran reasignadas a unidades dentro del Ministerio de Economía, y disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público” y se basaba en que la Gendarmería Nacional ya tiene la capacidad operativa para realizar el control en las rutas nacionales.

Otra de las facultades del decreto rechazado por el Senado era que buscaba convertir a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, en un nuevo ente que absorbía las competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad.

Lo mismo estaba previsto para la Junta de Seguridad en el Transporte, que cambiaría su nombre a “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, al limitar su competencia al transporte aéreo, y sus funciones de investigación en los modos ferroviario, automotor y marítimo pasarían a ser suprimidas o reasignadas a otros organismos.

Votaciones

• INTA e INTI: 60 rechazos, nueve afirmativos y una abstención.
• Organismos de cultura: 57 rechazos, 13 afirmativos y una abstención.
• Banco de Datos Genéticos: 58 rechazos, 12 afirmativos y una abstención.
• Marina Mercante: 55 rechazos, 13 afirmativos y tres abstenciones.
• Vialidad: 50 rechazos, 10 afirmativos y una abstención.

GARRAHAN

El Senado convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en pediatría por 62 votos afirmativos y ocho negativos, dando así otro duro revés para el gobierno del presidente Javier Milei.

La iniciativa encontró adhesiones en los bloques Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales. El rechazo fue propiciado por La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

Esta vez, el Gobierno se quedó sin aliados. Los únicos que votaron en contra fueron los 7 senadores libertarios y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero, quien tuvo que hacer un mea culpa por haber dicho, hace un par de días, que no creía “que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”. “Reconozco que la frase fue muy desafortunada”, admitió en el recinto y, minutos después, votó en contra de la ley.

El dictamen con luz verde del Congreso fija que las autoridades deberán garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

INTA E INTI

Por su parte, con los decretos que buscaban transformar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Gobierno proponía quitarles su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados y dependientes de secretarías de Estado.

El INTA, en tanto, pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura, mientras que el INTI sería transformado en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria; en ese caso se cuestionó que el 30 por ciento de sus recursos humanos se hubieran concentrado en el área de administración, una ratio “muy por encima de los estándares habituales”.

Por último, el Senado también le dio su estocada final al decreto de necesidad y urgencia que establecía la desregulación de la Marina Mercante.

UNIVERSIDADES

En lo que tiene que ver con el proyecto sobre financiamiento universitario, la oposición logró aprobarlo con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. Mientras que la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y las residencias nacionales en salud, fue aprobada con 62 votos favorables y 10 en contra.

Un dato que sorprendió es la decisión de la radical Carolina Losada, quien se desmarcó de su bancada de trece miembros, que aportó doce votos a la sanción de la ley para otorgar aumento a las Universidades.

Además de la radical Carolina Losada -se desmarcó de su bancada de trece miembros- votaron en contra los seis miembros de la Libertad Avanza (Bartolomé Abdala, Ezequien Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero e Ivana Arrascaetea), los legisladores del PRO (Carmen Alvarez Rivero de Córdoba y Martín Goerling de Misiones) y Francisco Paoltroni de Formosa. El único ausente fue el senador por Entre Rios Alfredo De Angelis.

Dos de las abstenciones fueron aportadas por el PRO el partido amarillo con Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) y el salteño Juan Carlos Romero (Salta).

En este caso, quedó muy marcada la amplia mayoría (más de dos tercios) con la que el Senado podría insistir con la ley. Está claro que el desafío para la oposición sería rechazar el veto en la Cámara de Diputados antes.

MILEI Y LOS VETOS

Tras la sesión en el Senado, se descuenta que el presidente Javier Milei aplicará un nuevo veto sobre estas normas. Siempre bajo el mismo argumento de preservar el equilibrio fiscal, el mandatario aplicará la misma medida con las que había intentado frenar la declaración de emergencia en discapacidad y el aumento de jubilaciones.

Con todo, el veto es una herramienta que parece irse desgastando. Ocurre que al Gobierno le cuesta cada vez más reunir las adhesiones necesarias para blindar sus medidas en el Congreso.

En este escenario, la Casa Rosada pone todas sus fichas al recambio legislativo previsto para fin de año. Para las elecciones que decanten aquella renovación faltan todavía dos meses.