En este documento, el Gobierno debe explicar por qué considera que la SIGEN está habilitada para auditar las finanzas y el funcionamiento de la institución, una postura que la universidad rechaza en su demanda, argumentando que es “inconstitucional”, atenta contra la autonomía universitaria y que solo la Auditoría General de la Nación debería llevar a cabo tal inspección.

Cormick quedó a cargo del caso por sorteo luego que este martes la UBA recusó sin causa a la primera magistrada que había sido sorteada, Rita Ailán, informaron fuentes judiciales.

Apenas recibió el caso, Cormick lo derivó a la fiscalía para que, «previo a proveer la medida cautelar solicitada», se dictamine «acerca de la competencia del tribunal», según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La UBA presentó ayer una «acción declarativa de certeza» para que la Justicia defina si la SIGEN puede o no auditarla y pidió que mientras se resuelve se dicte una medida cautelar que lo impida.

En el escrito de demanda se pidió la cautelar para que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional y a la SIGEN que se «abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno».

Esto teniendo en cuenta que «particularmente considerando que decidió unilateralmente la realización de una auditoría a partir del próximo 28 de octubre, careciendo de competencia para ello», advirtió la demanda de la UBA.

En la demanda se busca que la Justicia «declare la inconstitucionalidad del art. 8 del Decreto 1344/07 y la incompetencia de la SIGEN para ejercer el control interno de esta Universidad por resultar contradictorios e incompatibles con las normas, principios y garantías de la Constitucional Nacional».

«La normativa atacada comporta una inexcusable violación del orden jurídico constitucional, vulnerando lo dispuesto por los artículos 75 inciso 19 y 99 inciso 2 de la Constitución Nacional (CN), la ley 24.521, la ley 24.156, así como los arts. 77, 83 y 98 del 3 Estatuto Universitario y las pautas contenidas en la Resolución (CS) N 8237/13, procurándose con esta acción la tutela jurisdiccional de los derechos de esta parte», agrega la demanda.

«Ante ello constituye objeto principal de la acción promovida una declaración judicial de certeza, en virtud de la cual se establezca la inconstitucionalidad y, por ende, la correlativa inaplicabilidad a mi representada de la citada disposición legal y la inexistencia de relación jurídica entre la SIGEN y esta Universidad en cuanto al control interno», se agregó.