La investigación se había iniciado a partir de la denuncia de dos exempleadas del cantante, quienes aseguraron haber sufrido tocamientos, insultos, humillaciones y abusos mientras trabajaban para él durante 2021. Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que los hechos señalados se habrían producido en República Dominicana y Bahamas, y que Iglesias no reside en España ni tiene allí su centro de vida, intereses o actividad, más allá de poseer propiedades inmobiliarias.

Además, la Fiscalía remarcó que el artista, de 82 años, no mantiene una vinculación personal o profesional suficiente con el territorio español que habilite la jurisdicción local para avanzar con la causa.

En el marco del expediente, el abogado defensor de Iglesias, José Antonio Choclán, solicitó formalmente ser tenido por parte en la investigación y pidió el archivo de la denuncia por falta de jurisdicción. Días después, la defensa requirió una copia de la denuncia, trámite que finalmente fue concedido.

Si bien la investigación periodística de «elDiario.es» que dio a conocer el caso el 12 de enero, la Fiscalía ya había comenzado a analizar la situación desde los primeros días del mes.

Los testimonios de las ex empleadas de Julio Iglesias

Las denuncias incluyeron los testimonios de dos mujeres identificadas con nombres ficticios, «Rebeca» y «Laura». Según sus declaraciones, los episodios denunciados habrían ocurrido en propiedades del cantante, entre ellas una villa ubicada en Punta Cana, donde convivían varias empleadas domésticas.

Rebeca relató que Iglesias la hacía concurrir a su habitación luego de finalizar su jornada laboral y que allí sufría abusos físicos y sexuales sin su consentimiento. En su testimonio, describió un clima de control, miedo y sometimiento, y aseguró que algunas situaciones ocurrían en presencia de otra empleada con un rol jerárquico superior.

Laura, por su parte, denunció haber sido besada y manoseada sin su consentimiento tanto en la playa como en la piscina de la vivienda. Señaló que el entorno laboral estaba atravesado por discusiones, reacciones de enojo y un fuerte control sobre la vida cotidiana del personal.

Ambas denunciantes coincidieron en describir un esquema de vigilancia permanente, amenazas de despido y restricciones sobre la alimentación, la intimidad y el uso de teléfonos celulares, en un contexto que, según afirmaron, se sostenía a partir del poder y la intimidación ejercidos por el cantante. Con la decisión de la Fiscalía, la causa quedó archivada en España por falta de competencia territorial.