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Categórico rechazo de JuFeJus al decreto que modifica los mecanismos de selección de jueces

Categórico rechazo de JuFeJus al decreto que modifica los mecanismos de selección de jueces

En un contundente comunicado publicado este viernes, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Categórico rechazo de JuFeJus al decreto que modifica los mecanismos de  selección de jueces - Diario La Mañana

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 Manifestó su profunda preocupación y rechazo al Decreto N° 467/2026, que introduce cambios en los mecanismos de selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores, advirtiendo que la letra de esta norma administrativa constituye un claro retroceso institucional.

El organismo, que reúne a las máximas autoridades judiciales provinciales y locales, ratificó las expresiones vertidas en su declaración previa del 22 de marzo de 2024 y advirtió sobre el impacto negativo que supone la nueva normativa para la institucionalidad y pluralidad del Poder Judicial argentino.

Según la Junta Federal, la modificación de los procedimientos de designación vulnera principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y compromisos internacionales asumidos por la Argentina. En particular, destacan que para estos cargos de alta relevancia se deben garantizar no sólo la idoneidad técnica y la especialización profesional, sino también la paridad de género y la representación federal de manera armónica e indivisible.

“La integración de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores debe respetar los principios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica, no siendo parámetros meramente políticos, sino exigencias constitucionales y federales”, subraya el comunicado firmado por Emilia María Valle, Sergio Vittar y Adriana García Nieto, presidenta, vicepresidente y secretaria, respectivamente.

Otro punto de preocupación manifestado por la Junta es la derogación de los artículos 3° y 6° del Decreto 222/2003, lo que constituye, según el organismo federal, un grave retroceso institucional. Esta medida, argumentan, restringe la participación ciudadana en el proceso, debilitando mecanismos esenciales de transparencia, publicidad y control democrático. En consecuencia, se pone en riesgo la confianza pública en las instituciones judiciales, un pilar imprescindible para una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social del país.

Desde la Junta se advirtió que esta reforma legislativa contradice el principio constitucional de progresividad de los derechos y vulnera garantías democráticas esenciales que aseguran la transparencia en la selección de magistrados y magistradas.

La Junta Federal finalizó su declaración enfatizando que cualquier modificación que prescinda o debilite estos criterios implica un retroceso institucional incompatible con los objetivos de una Justicia auténticamente federal y democrática.

Durante el debate que se dio en el seno de la JuFeJus con relación a este tema, el ministro Ariel Gustavo Coll, como integrante de la Junta y representando al Poder Judicial de Formosa, dejó constancia ante sus pares de las demás jurisdicciones, que la nueva Constitución de Formosa contempló y establece la paridad de género para la designación de los integrantes del STJ.

 

Afirman que el Estado provincial “llevó adelante los mecanismos establecidos por la ley para recuperar los predios fiscales”

Afirman que el Estado provincial “llevó adelante los mecanismos establecidos por la ley para recuperar los predios fiscales”

La administradora general del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, doctora María Isabel Atencia, enfatizó

Afirman que el Estado provincial “llevó adelante los mecanismos  establecidos por la ley para recuperar los predios fiscales” - Diario La  Mañana

Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar

«El Estado provincial no le ha arrebatado a nadie su tierra, sino simplemente ha llevado adelante los mecanismos establecidos por la ley para recuperar los predios fiscales” que habían sido entregados de manera irregular.

Así lo manifestó al clarificar sobre cuestiones legales que resultan aplicables al régimen de tenencia de la tierra rural fiscal, ya que “hay que diferenciar la propiedad privada particular de la propiedad privada del Estado”, precisando que en el primer caso, “la gente, dentro del marco de la ley, puede hacer lo que está permitido porque es su propiedad privada”.

En cambio, cuando se trata de una propiedad privada del Estado, “quien administra y dispone es justamente el Estado, que utiliza los mecanismos jurídicamente establecidos para dar a un tercero el uso, el goce de ese predio dentro de lo que dispone el marco de la ley”. En el caso de la provincia de Formosa, es la Ley 113, conjuntamente con el Decreto Reglamentario Nº 1.593 y el Código Rural.

Explicó la funcionaria que “en tiempos de poca o escasa población rural, hablábamos de campos abiertos, que sobrepasaban extensiones que hoy incluso son contrarias a lo que establece la Constitución Provincial, donde la gente que tenía, por ejemplo, ganado lo dejaba pastar libremente”.

No obstante, “a medida que el territorio fue avanzando en lo poblacional, significó la aplicación de un nuevo sistema legal para hacer una distribución de la tierra”, lo que “tiene todo un mecanismo legal de otorgamiento para poder seguir usándola y luego tener la adjudicación en venta y así llegar al título de propiedad, no sin antes pasar por el pago de la misma”.

A su vez, ahondó en la cuestión de la compraventa cuando se trata de predios fiscales. “Se compra y se vende como si estuviésemos vendiendo algo de nuestra propiedad, que nos pertenece, pero no es así. Se trata de algo que es propiedad del Estado provincial”, aclaró, por lo que se deben seguir los pasos establecidos en la normativa.

Agregó además que fue determinado por ley que “la administración y disposición de esos predios las va a llevar adelante un organismo que se denomina Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, al que hay que pedirle autorización para poder llevar adelante esos trámites”.

Respecto de la entrega de títulos, Atencia fue contundente al desacreditar las “falaces” críticas de la oposición local, al patentizar que “en la gestión nos ocupamos de ir avanzando a través de los relevamientos que se están realizando en toda la provincia para actualizar los datos de las ocupaciones de predios y regularizarlos”. Todo ello, con la finalidad de que “una vez que se cumplan todos los requisitos y se pague como corresponde el precio de la tierra, se tenga el título de propiedad”.

“Se miente, y a todo esto hay que sumarle la cuestión de los intereses políticos partidarios, porque en las cercanías a los tiempos eleccionarios, quienes más reclaman son los que están luchando por puestos gubernamentales”, evidenció la funcionaria, planteando “qué es lo que realmente les interesa verdaderamente: la situación del productor formoseño o las ambiciones personales de determinados personajes”.

Por último, la titular de Tierras puso de resalto que “el Instituto lleva adelante un trabajo de recuperación de los predios que se encuentran inexplotados, los que están en estado de abandono y los que, por el motivo que fuere, no cumplen con los requisitos exigidos por la ley”, por cuanto los mismos “tienen que estar en manos de quienes verdaderamente producen y hacen que con ellos lleguen los alimentos a la mesa de cada uno de los formoseños, a las escuelas y a los hospitales”.