Los proyectos habían sido aprobados por el Congreso, que ahora tendrá la facultad insistir con las leyes. Para eso necesitará reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras. La clave estará en Diputados: mientras que en el Senado los proyectos superaron ampliamente ese umbral, en Diputados los márgenes fueron más ajustados.

Aunque las normas habían sido sancionadas por la Cámara Alta a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.

La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas. El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son «fiscalmente inviables», en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración libertaria, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el Presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.

«Vamos a vetar y si se diera la circunstancia de que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Y si se diera el peor de los casos, que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, aun así el daño que podría causar sería mínimo. Sería solamente una mancha de dos meses, que el 11 de diciembre la vamos a revertir. Como verán, la política del superávit fiscal es permanente», anticipó Milei, el 10 de julio pasado, en un acto en la Bolsa de Comercio.

La Ley de Movilidad Jubilatoria, impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.

Otra de las iniciativas sancionadas por el Senado disponía la extensión por dos años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025. Esta norma permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional. Fue sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y tenía un período de vigencia de dos años con posibilidad de prórroga, pero la gestión de Milei optó por no extenderla.

En cuanto a la emergencia en discapacidad, buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.

A esta altura, crece la tensión política, sobre todo entre sectores vulnerables que habían celebrado la aprobación de ambas leyes. Diversas organizaciones ya anticiparon movilizaciones frente al Congreso si no se avanza con una solución alternativa