El procedimiento comenzó hace casi un año, el 28 de marzo del 2025, cuando los agentes detuvieron una Toyota Corolla Cross que venía desde Resistencia, Chaco, rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante la inspección detectaron irregularidades en partes del interior del auto, especialmente en plásticos cercanos a la palanca de cambios, lo que derivó en una requisa autorizada por la Justicia, informó el sitio Fiscales.gob.ar.

En el momento de la requisa, uno de los implicados les dijo a los agentes: “por favor, no quiero que me rompan la camioneta, déjenme mostrarles cómo se quitan” las piezas del tablero, quedando al descubierto los compartimientos donde estaban ocultos los fajos de dinero, que se encontraban distribuidos detrás de la salida del aire acondicionado y del sistema de sonido, por debajo del volante y la gaveta y en el sector de la palanca de cambios. .

Al desmontar esas partes del tablero aparecieron compartimientos ocultos con fajos de dinero, 357.210.000 pesos.

Cómo empezó la investigación

La causa quedó a cargo del fiscal Roberto Salum, con la intervención del auxiliar fiscal Bruno Ojeda, quien durante la audiencia realizada el 27 de febrero, expuso que el traslado del dinero no habría sido un hecho aislado.

Según la fiscalía, el conductor formaría parte de un circuito organizado y reiterado de transporte de dinero, en el que también participaban otros tres implicados y una empresa dedicada a la venta de repuestos para autos y motos con sede en Resistencia.

Uno de los elementos que llamó la atención fue un documento encontrado en el vehículo, titulado “autorización para el uso de automóvil y administración de dinero”, certificado por escribano el 20 de marzo de 2025, que habilitaba el traslado de hasta 800 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, la empresa habría sido utilizada como fachada para realizar compra y venta de divisas ,principalmente dólares y euros, sin autorización del Banco Central de la República Argentina.

Durante un allanamiento realizado el 18 de febrero, los investigadores encontraron 8 millones de pesos, máquinas contadoras de billetes, llaves de vehículos y documentación financiera, elementos que, según la fiscalía, indicarían una actividad financiera paralela.

El juez federal Aldo Mario Alurralde formalizó la investigación y dispuso un embargo por 2.000 millones de pesos sobre los acusados, además de prohibirles salir del país sin autorización judicial.

La Justicia otorgó un plazo de un año para avanzar con la investigación, debido a la complejidad del caso y a que involucra movimientos entre varias provincias.