Tras la publicación de chats en los que expone a sus compañeros de bancada en plena organización de la visita a ex militares condenados al Penal de Ezeiza, Arrieta en horas del domingo detalló: “Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”.

A través de su cuenta de X, la legisladora publicó el proyecto de ley denominado «Plazo Razonable» que busca liberar a aquellos genocidas, condenados por crimenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar de 1976, que aún permanezcan detenidos tras un plazo de 20 años desde la comisión del delito.

El borrador del documento establece: “Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, Ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’”.

De esta forma, argumentan que los 20 años como plazo máximo «superan los que hasta la fecha surgen de la jurisprudencia nacional e internacional, de los ciclos de vida, el plazo máximo de prescripción de la acción penal previsto en el artículo 62 inc. 2 del CP para los delitos reprimidos con pena de prisión perpetua, también con creces los tiempos ordenatorios de las normas procesales para cada etapa del proceso y el dictado de resoluciones».

Por otro lado, la legisladora también publicó un decreto al que apostaban a conquistar la aprobación del presidente Javier Milei, que fue propuesto por los diputados libertarios luego de las reuniones que mantuvieron con el padre Javier Olivera Ravasi y un grupo de abogados especializados en la materia.

Según el detalle del escrito, la intención es garantizar la libertad de aquellos ex militares que permanezcan presos durante un plazo de 25 años desde la comisión del delito.

«Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable,se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal», argumentan el primer artículo.

En la misma línea, formalizan que “el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme”.

Asimismo, señalan que el término»regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso de que la Nación sufra interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes”.

“Vencido este plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia”, puntualizan.

Según fundamentan «la magnitud y cantidad de los procesos de lesa humanidad mantiene colmadas las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar la corrupción y narcotráfico en todo el territorio nacional”; por lo que plantean que “resulta indispensable descongestionar la labor de los tribunales federales”.

Tras la difusión, Arrieta aclaró que estas intencionalidades no forman parte de «la agenda del presidente Javier Milei”, e insistió en que los proyectos “nada tienen que ver con los ideales de la libertad”. «No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei«, concluyó.