Decretan la quiebra de uno de los acusados de estafa millonaria en Puerto Madero
La Justicia Comercial tomó la medida con el fin de proteger a uno de los damnificados por Bruno Lorenzo Secolare, cuyo padre y la esposa de éste fueron procesados por el delito de estafa en una causa iniciada en 2023.
Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/
La Justicia Comercial dispuso la quiebra de Bruno Lorenzo Secolane, quien, junto con su padre, Héctor Guillermo Secolare y su esposa, María Teresa Rébori, fueron imputados en septiembre del 2023 por los delitos de estafa e insolvencia fraudulenta y concurso fraudulento, en el marco de una investigación conocida como la «estafa millonaria en Puerto Madero».
La recién tomada decisión por parte del Juzgado Comercial 30 -Secretaría Número 60, se basó en que, pese a haber firmado un reconocimiento de deuda en favor de uno de los damnificados por su accionar, no hizo frente a la obligación de pago de 300 mil dólares, y ni siquiera se presentó ante el tribunal para alegar su defensa.
Además de la quiebra, el juez dispuso la inhibición general de bienes y la inhabilitación de Bruno Lorenzo Secolare, con el fin de evitar que eluda el pago al acreedor. Por otra parte, el magistrado tomó una serie de medidas entre las que se incluyen: la inhibición general de bienes, la inhabilitación, la prohibición de la salida del país, averiguación de patrimonio y otros resguardos.
Debe tenerse en cuenta que, en su momento, los investigadores de la estafa aportaron datos sobre la vida ostentosa de quien hoy es un fallido o quebrado. En efecto, según pudo determinarse, Secolare frecuentaba restaurantes y sitios de diversión nocturna de lujo, no solo en Buenos Aires, sino también en Europa, como él mismo difundió a través de sus redes sociales.
La investigación por estafa
En septiembre del año pasado se presentaron ante justicia Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires una serie de denuncias por estafa contra los integrantes de una familia dedicada a inversiones inmobiliarias -nunca concretadas- que operaba desde una lujosa oficina ubicada en el barrio porteño de Puerto Madero y que habrían recaudado más de 5 millones de dólares.
Según indicaron fuentes vinculadas con la investigación, tres integrantes de una misma familia fueron acusados de haber armado empresas y sociedades comerciales dedicadas a desarrollar proyectos inmobiliarios para los cuales requerían el aporte de inversores particulares.
Estas personas, que se presentaban como emprendedores solventes, solicitaron la apertura del concurso preventivo personal en la Justicia Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para así licuar las sumas que le fueran dadas en préstamo y concretar la operatoria fraudulenta.
Las oficinas que se utilizaban como fachada están ubicadas en la Avenida Juan Manso al 1700, donde, además de los presuntos estafadores, había un número importante de empleados que fingían realizar tareas administrativas.
«La oficina tenía empleados, computadoras, escritorios y parecía que estaban trabajando pero todo era una puesta en escena montada para captar desprevenidos…», aseguró uno de los investigadores.
En ese momento, los imputados eran Bruno Lorenzo Secolare, Héctor Guillermo Secolare, y María Teresa Rebori, a quienes se acusó de los delitos de estafa e insolvencia fraudulenta y concurso fraudulento.
Tres meses después, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 2 (Secretaría Nº 107) dispuso el procesamiento de Guillermo Héctor Secolare y de su esposa, María Teresa Rébori, por considerarlos coautores del delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados en perjuicio de un acreedor cuya identidad se reserva, a quien, mediante una maniobra fraudulenta, no le permitieron ejecutar la garantía de un préstamo de 300 mil dólares.
Según consta en la causa n° 25901/2023, la víctima le realizó un préstamo de 300 mil dólares (unos 30 millones de pesos) al hijo el matrimonio, Bruno Secolare -cuya quiebra fue dispuesta hace pocos días- y que como garantía le ofrecieron un vehículo marca Jeep Compas que terminaron vendiendo para no permitirle al acreedor ejecutarlo y recuperar parte del dinero prestado.