La «Comisión Especial de Investigadora de las Condiciones y Circunstancias relativas al tratamiento y aprobación de la Ley 27.742” de Bases y Puntos de Partida busca indagar en la posible compra de votos por parte del Gobierno de diputados y senadores aliados.

Tras anoticiarse del escándalo de la detención del senador entrerriano por presunto contrabando de dinero, el kirchnerismo y la izquierda se apuraron en reforzar la hipótesis del pago de coimas por parte del Poder Ejecutivo a legisladores aliados.

Unión por la Patria solicitó la expulsión de Kueider por inhabilidad moral, y le exigió a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que active los mecanismos para dar curso a ese procedimiento institucional.

El texto del proyecto prevé “investigar la posible existencia de coimas, sobornos, cualquier otro tipo de pago o promesa de beneficios irregulares vinculados con la votación de Ley Bases”

También estipula “evaluar los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y otras transacciones de Estado para identificar prácticas irregulares que comprometan la integridad de las instituciones”.

«Sin dudas, el proceso de tratamiento y aprobación de la ley en cuestión, tanto en enero como febrero, y luego en abril, lográndose allí la media sanción y su paso a la Cámara Alta, dejan un importante manto de sospecha sobre diversas instancias, eventuales implicancias y posibles irregularidades de forma -con las responsabilidades consecuentes- que sólo pueden enmarcarse en los vicios de una actividad que se realiza de espaldas al pueblo y soslayando el principio democrático de la transparencia», expresó Cafiero.

La iniciativa lleva también la firma de Paula Penacca, Carolina Gaillard, José Glinski, Victoria Tolosa Paz, Ricardo Herrera, Pablo Yedlin, Martín Aveiro, Jorge Romero, Andrea Freites y Nancy Sand.

Kueider y su secretaria cumplen prisión domicialiaria en Asunción

El senador nacional Edgardo Kueider y su secretaria, Iaria Magdalena Guinsel Costa, fueron trasladados en la madrugada de hoy a un departamento de Asunción, Paraguay, para cumplir con la prisión domiciliaria que ayer le otorgó la Justicia del país vecino, luego de que fueran detenidos con 200 mil dólares en una mochila sin declarar. Se trata del inmueble 103 de un complejo de lujo denominado «Tierra Alta».

Allí será vigilado por la policía paraguayo a la espera de que regularice la situación de ambos protagonistas. Para conseguir el beneficio, debieron pagar 150 dólares cada uno. La cifra se acordó en una audiencia que mantuvieron ayer con el juez del caso Humberto Otazú.

De la audiencia también participó el fiscal Edgar Benítez, que había pedido la prisión preventiva a ambos imputados por «riesgo a la fuga» y la eventual obstrucción de la investigación por con motivo de la influencia política que podría ejercer Kueider.

Horas antes, el abogado defensor de Kueider, César Nider Centurión, había hecho pública su pedido a la Justicia paraguaya para que la fiscalía le otorgara la libertad ambulatoria o, al menos, un arresto domiciliario al sostener que su representado no «tiene arraigo con Paraguay y ejerce sus funciones en la Argentina».