Los fondos Burford e Eton Capital, quienes ganaron en primera instancia el proceso judicial, requirieron que Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago, mientras que ocurre en forma paralela el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La defensa argentina se negó y los demandantes comenzaron un nuevo proceso para detectar activos que puedan ser embargados.

«El Gobierno de los EE.UU. pide a la Juez Loretta Preska que NO publique su decisión sobre la entrega de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo. El Departamento de Justicia de los EE.UU. pide presentar una opinión antes de 6 de noviembre, el día después de las elecciones presidenciales (sic)”, publicó en la red social X, Sebastián Maril, director de Latam Advisors y quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior.

En los procesos que se llevan adelante en Estados Unidos resulta habitual que los países presenten su opinión acerca del caso cuando está involucrado un soberano como una de las partes. En la jerga legal, se llama amicus curiae (amigo de la corte, en latín). Por el juicio de la expropiación de YPF, en febrero pasado presentaron sus escritos Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador a favor de la Argentina.

“Estados Unidos va a recomendar a la jueza Preska que no ordene la transferencia de la titularidad de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo. Las relaciones de dos naciones amigas deben ser consideradas. Sin embargo, también opino que EE.UU. sabe muy bien que una nación soberana amiga (Argentina) violó las leyes de los mercados de capitales locales y por este motivo no descarto que también sugiera a la jueza Loretta Preska que nombre a un Special Master (mediador) y que ambas partes resuelvan la disputa”, opinó Maril.

Por su parte, Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro durante la gestión anterior, analizó: “El Departamento de Estado de Estados Unidos, además de advertirle a la jueza Preska que está evaluando opinar sobre el pedido de los demandantes de que Argentina les entregue las acciones de YPF, le pide que no resuelva la cuestión hasta recibir su opinión (a más tardar el 6/9). Es probable que Preska difiera su decisión hasta entonces, que el Departamento de Justicia opine, y que lo haga a favor de la postura argentina”.

Además de solicitar las acciones de YPF como medio de pago, los fondos Burford e Eton Park quieren probar que hay cuatro empresas estatales que son un “alter ego” del Estado argentino para embargar activos de dichas compañías y cobrar la sentencia de primera instancia. La referencia es para Banco Nación, Enarsa, Arsat y Aerolíneas Argentinas.

Expropación de YPF: un juicio y dos ramas

El juicio por la expropiación de YPF se desarrolla por dos vías distintas. Por un lado, en la Corte de Distrito de Nueva York los fondos buscan cobrar de manera anticipada la sentencia de primera instancia, mientras que, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ocurre el segundo proceso de apelación.

Si la Argentina quería evitar el proceso de cobro anticipado, la jueza Preska había concedido el pedido de garantía de pago que solicitaron los fondos. Equivalía a entregar un tercio de las acciones de YPF y un supuesto crédito a favor con Paraguay por la construcción de la represa de Yacyretá. Ninguna de las opciones era viable para el Estado, ya que para entregar o vender acciones de YPF es necesario tener la aprobación del Congreso.

Con relación a la supuesta deuda que Paraguay tiene con la Argentina, nunca se formalizó más allá de algunas declaraciones políticas del gobierno anterior que decían que el país financió la mayor parte de la construcción de la central hidroeléctrica, 30 años atrás.

De manera paralela, el viernes pasado, los demandantes, el Estado argentino e YPF presentaron ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sus últimos escritos argumentando su posición. Los fondos apelaron la decisión de primera instancia de declarar que YPF no tuvo responsabilidades sobre la expropiación y pérdida de valor de sus acciones. La petrolera busca defenderse de esa acusación, mientras que la Argentina intenta revertir el revés de la sentencia de indemnización de Preska.

A partir de la presentación de los escritos cruzados, la Cámara de Apelaciones está en condiciones de designar un panel de tres jueces para que se hagan cargo de la decisión. En este marco, el panel citará a las partes a una audiencia de un día y recién después fallará. Los plazos son inciertos, pero podría haber novedades recién a principios del año próximo. En caso de que se confirme el fallo de primera instancia, la Argentina puede intentar un último recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero el máximo tribunal debe aceptar primero tomar el caso.