El objetivo del Gobierno es lograr la suspensión definitiva del fallo de primera instancia emitido en 2023 por la jueza Loretta Preska, que ordena pagar una indemnización que supera los 16.000 millones de dólares.

La presentación oficial fue realizada en el marco de los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge, en respuesta a los escritos presentados por los demandantes el pasado 17 de julio. Con esta acción, la Argentina busca que se mantenga suspendida la ejecución de la sentencia mientras dure el proceso de apelación.

Se completa de esta manera un proceso que también incluyó el amicus curiae que presentó el gobierno de EEUU apoyando el pedido de Argentina, y las fuertes críticas del fondo Burford Capital, principal beneficiario del juicio, a ese pedido de la administración de Donald Trump.

De acuerdo con la información de la Procuración del Tesoro, entre los argumentos presentados en el caso se encuentran los siguientes:

• “Tal como lo ha reconocido el propio Gobierno de los Estados Unidos, la orden de entrega de las acciones de YPF vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero.
• Contradice lo dispuesto por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos, ya que las acciones de YPF: se encuentran en territorio argentino, no han sido utilizadas por la República para actividades comerciales en los Estados Unidos, ni han sido empleadas en la actividad comercial que sirve de base a la demanda.
• También vulnera principios de cortesía (’comity ’) internacional, al exigir a la República que incumpla su propia legislación interna.
• Los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones. La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de ‘disipación’ de los activos.
• Los demandantes tampoco demostraron que la República no sufriría un daño irreparable si la orden no se suspende. La transferencia de las acciones implicaría la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Si las acciones fueran vendidas, el perjuicio sería irreversible, incluso si la Argentina resultara finalmente vencedora en la apelación.
• El interés público se ve claramente favorecido por la suspensión de la medida. La ejecución de la orden afectaría a terceros —incluyendo a YPF, sus accionistas y al pueblo argentino—, comprometería las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y podría generar represalias judiciales contra ese país en el extranjero, tal como advirtió el propio Gobierno estadounidense».

Estos son los caminos que tendrá el tribunal, desde el punto de vista de Argentina:

• El mejor resultado. La Corte de Apelaciones le da la razón al país, suspende el turnover y permite avanzar hasta la apelación final, un proceso que está presentado, pero no avanzó y del que podría haber novedades recién el año que viene.
• Intermedio. Aprueba que no se entreguen las acciones, pero podría sugerir que Argentina presenta algún tipo de garantías para sostener el proceso. Si es así, vuelve al estrado de Preska, que deberá definir qué pide en garantías (que no afecten a Estado).
• Negativo. Que falle en contra del pedido del Estado y queda firme la entrega de acciones. “Negociar no es una opción”, prometen en el Gobierno.

“El Gobierno nacional continuará defendiendo los intereses de la República con firmeza jurídica y pleno respeto por la soberanía, en contraste con la desidia de quienes nos llevaron a enfrentar esta situación”, destacaron desde la PTN.

Si bien la Corte de Apelaciones no tiene tiempos para definir, las partes esperan que se resuelva muy rápido, en horas, incluso.