La medida fue dispuesta por el Gobierno nacional tras una inspección que detectó desvío de fondos, deterioro del muelle y graves fallas de seguridad y gestión.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El Gobierno nacional dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia por el plazo de un año, tras detectar un presunto desvío de fondos, deterioro en la infraestructura del muelle y serias deficiencias en materia de seguridad y gestión. La medida fue oficializada mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, y comenzará a regir a partir de este viernes, con posibilidad de prórroga.

La decisión se adoptó luego de una inspección realizada entre septiembre y octubre del año pasado, que reveló múltiples irregularidades en la administración portuaria. Entre los puntos más críticos, las autoridades señalaron fallas en los sistemas de seguridad, falta de mantenimiento, carencias tecnológicas y ausencia de protocolos para la operación simultánea de carga y pasajeros.

La intervención también se enmarca en una denuncia presentada por sindicatos portuarios de Tierra del Fuego, quienes advirtieron que la Ley Provincial N° 1596, que dio origen a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), comprometía la autonomía financiera de la Dirección Provincial de Puertos. La norma preveía financiar el sistema de salud con el superávit generado por el puerto, lo que, según los gremios, ponía en riesgo su funcionamiento operativo.

De acuerdo con el informe oficial, solo el 1,3% de los recursos era destinado a inversiones en infraestructura, mientras que la mayor parte de los fondos se utilizaba para gastos de personal y préstamos. Además, se detectó la inexistencia de auditorías, estándares mínimos en tecnología y seguridad de la información, y un marcado deterioro estructural del muelle.

Con la intervención, el Estado nacional asumirá la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto, limitada exclusivamente al ámbito de la infraestructura, equipamiento y espacios acuáticos bajo jurisdicción portuaria. La Gerencia de Coordinación Técnica de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) actuará como Unidad Ejecutora, con facultades para dictar normas operativas y garantizar la continuidad y seguridad de los servicios.

La medida no implica transferencia de personal ni cambios en las relaciones laborales vigentes. No obstante, se habilitó a la unidad interventora a solicitar apoyo técnico y administrativo de la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.) y a movilizar el personal necesario para asegurar el normal funcionamiento.

Finalmente, se notificará de la intervención a la Prefectura Naval Argentina, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Gobierno de Tierra del Fuego y las prestadoras de servicios públicos, con el objetivo de evitar afectaciones durante el período de intervención.