La victima fue identificado como Alejandro Zalazar y, mientras se espera que se conozcan el resultado de pericias claves que permitirán determinar que hay detrás de la muerte, ahora se investiga una red de “fiestas controladas” que involucran a varios profesionales y salpica a reconocidos hospitales .

Las pesquisas iniciaron cuando a fines de febrero de este año se halló en su departamento del barrio de Palermo a Zalazar sin vida. Dentro de la vivienda se constató que el profesional, que trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, tenía en su pie derecho una vía conectada y en el izquierdo una marca similar.

Sin embargo, el cambio rotundo de la investigación surgió tras el informe de la autopsia, el cual indica que Zalazar falleció producto de una congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico. Se presume que está relacionado a una sobredosis por propofol y remifentanilo, dos sustancias utilizadas para anestesiar pacientes.

El propofol y el fentanilo no se consiguen en farmacias. Estos fármacos llegan directamente desde droguerías a hospitales y clínicas, donde se emplean en procedimientos quirúrgicos y sedaciones, bajo estricta vigilancia.

En paralelo, mientras se iniciaba la causa por el fallecimiento del profesional, el Hospital Italiano informó el faltante de fármacos por lo que, tras una investigación interna, se determinó que había dos involucrados detrás de la sustracción de dichos anestésicos.

De este modo, con el avance de la pesquisa, se logró constatar que ambas causas estaban relacionadas. Esto se supo luego de un allanamiento al departamento de Zalazar que concluyó con resultado positivo respecto a que los fármacos encontrados pertenecían a los lotes robados en el Hospital Italiano.

A su vez, con el análisis de los dispositivos móviles, se pudo saber de la existencia de un grupo de WhatsApp en el que había diversos profesionales de salud que participaban de “fiestas controladas” en los que se usaban dichos anestésicos.

Con la información aportada a la pesquisa, se imputó por el delito de administración fraudulenta a dos personas: Hernán Boveri, un ex profesional del área de Anestesiología del Hospital Italiano, y Delfina Lanusse, una residente de tercer año de la misma institución. Ambos fueron indagados, pero se negaron a declarar.

La investigación por la muerte de Zalazar es llevada a cabo por el fiscal Eduardo Cubría, mientras que la sustracción de fármacos está a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento.