En el caso de «Héctor Martínez Sosa & Cia SA», la decisión se tomó por la suma de 105.841.439,66 pesos. «Teniendo presente la modalidad económica de los delitos aquí pesquisados, existe una fundada sospecha de que los nombrados podrían llegar a disponer de estos fondos investigados, con anterioridad al dictado de una eventual sentencia en su contra», sostuvo el magistrado en la resolución.
El magistrado destacó que, tal como sostuvo el fiscal del caso, Carlos Rívolo; «en el supuesto caso que la firma ‘Nación Seguros S.A.’ libere y transfiera esos fondos, los mismos quedarían sin resguardo alguno» esto “ fundamenta la imposición de una medida cautelar preventiva, dado que se presenta como una medida idónea, necesaria y proporcional para sujetar los activos pasibles de decomiso -en sentido amplio- que podrían resultar producto del delito”.
«Todo esto, sin dejar de lado que el objetivo de esta medida es el poder garantizar los derechos del Estado Nacional, parte damnificada por las maniobras investigadas en estas actuaciones, y también establecer el patrimonio producido por la comisión de los delitos, a fin de impedir el aprovechamiento y administración del provecho de los mismos», evaluó además el magistrado
Uno de los ejes de la investigación «es el pago de comisiones indebidas a productores y organizadores de seguros, pudiendo ser el dinero retenido, parte de esa maniobra investigada», advirtió.
Se trata de comisiones de pólizas del sector público comprendidas en el Decreto 823/21 y el embargo abarcó además a «Castello Mercuri S.A.», por 1.283.175,79 pesos; «Paris Broker de Seguros S.A.», por la suma de $46.501,42; «Bri Brokers S.A.», por la suma de $51.891.434,01; «Net Broker S.A.», por la suma de $13.274.722,76 y «Service Risk S.A.», por la suma de $255.513,31.
Ese decreto publicado en el Boletín Oficial el 2 de diciembre de 2021 dispuso que «todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, debían implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su función, a través de la firma ‘Nación Seguros S.A.’ -durante la gestión de Alberto Carlos Pagliano mediante un convenio interadministrativo» recordó el juez.
«Asimismo, en aquél se estableció la posibilidad de dar participación a otras aseguradoras en forma de coaseguro. Esto habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, sea necesario o no, contasen con la participación de intermediarios y organizadores (tanto personas físicas como jurídicas)», agregó.
También quedaron embargadas comisiones de Emanuel Raúl Andrés Calvo, por la suma de $5.314.258,32; Laura Elena Crisafulli, por la suma de $686.922,53; Norberto Matías Garrido, por la suma $2.736.613,92 y Javier Marcelo Rodríguez Gómez, por la suma de $490.836,35.
El magistrado hizo saber a la firma «Nación Seguros S.A.» que en esta causa no pesan restricciones para que disponga de las liquidaciones » correspondientes a las comisiones de los distintos organizadores y productores de seguros, vinculados a pólizas de clientes del sector privado y pólizas de clientes del sector público no comprendidas en el Decreto 823/2021″
Ercolini ordenó la apertura de cuentas individuales en el Banco Ciudad para que «Nación Seguros SA» transfiera los saldos sujetos a embargo y que se los invierta en plazos fijos renovables de manera automática para resguardar el valor nominal actual de los activos.
El juez había rechazado un primer planteo para embargar esas comisiones hecho por el fiscal Rívolo, pero esa decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña que ordenó dictar una nueva resolución
La sala II del Tribunal de Apelaciones había revocado por mayoría el 6 de junio pasado la inhibición general de bienes que Ercolini había impuesto a 33 imputados en el caso, una decisión que ahora está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación.
En base a esa primera decisión de la Cámara, el juez de primera instancia no hizo lugar luego a embargos preventivos de comisiones aún no cobradas, Rívolo apeló y en este caso se revocó esa decisión y se ordenó en agosto pasado dictar un nuevo pronunciamiento porque se entendió que se trataba de temas diferentes.
Ante ello Ercolini dispuso ahora los embargos preventivos en la causa que investiga la posible existencia de una » una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Ángel Fernández, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora «Nación Seguros S.A.»; como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta».
