La decisión se basa en la remisión al dictamen de la Procuración General de la Nación, que consideró que la sentencia de Casación que había absuelto a López y De Souza por defraudación a la administración pública fue arbitraria. La acusación principal contra López y De Souza se centraba en la retención de montos que debían ser abonados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el impuesto al combustible líquido.

La Corte Suprema concluyó que la Cámara de Casación había resuelto de manera arbitraria los planteos relativos a la interpretación de la prueba en el caso. Esta decisión implica que López y De Souza nuevamente enfrentan cargos por defraudación a la administración pública, dado que la revocación de la absolución reabre el proceso judicial en su contra.

Sin embargo, no todos los agravios presentados por el Fiscal fueron aceptados por la Corte Suprema. Los puntos relacionados con el levantamiento de las medidas cautelares y el rechazo de la reparación integral contra el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fueron rechazados por falta de una sentencia definitiva en esos aspectos específicos del caso.

El caso “Oil Combustibles” ha sido objeto de una considerable atención pública y mediática debido a las implicaciones de alto perfil y la magnitud del fraude fiscal alegado. Cristóbal López y Fabián De Souza, empresarios destacados, habían sido acusados de no transferir a la AFIP los impuestos cobrados a los consumidores en la venta de combustibles, utilizando esos fondos en cambio para financiar otras operaciones empresariales.

La decisión de la Corte Suprema de revocar la absolución pone de relieve las tensiones y debates en torno a la interpretación judicial y la aplicación de la ley en casos de fraude fiscal. El retorno de los cargos contra López y De Souza significa que el proceso judicial continuará, con nuevas etapas de evaluación y posible juicio.

La Corte Suprema revocó una cautelar que beneficiaba a la «Tabacalera Sarandí»

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una medida cautelar que beneficiaba a la Tabacalera Sarandí en el marco de una causa contra el Estado Nacional, el Ministerio de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI).

La empresa había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430, que establecen montos mínimos para los productos que comercializa, incluyendo toscanos, puros, cigarrillos y tabacos.

Según la Tabacalera Sarandí, dichos montos mínimos superaban los precios de comercialización de sus productos.

La decisión de la Corte se centró en cuatro recursos de queja entre ellos de la AFIP. En ese caso, el máximo tribunal dejó sin efecto la cautelar que ordenaba a la AFIP abstenerse de requerir a Tabacalera Sarandí la liquidación del monto mínimo y de impedirle la utilización del aplicativo previsto en la Resolución General 5113/21 para ningún trámite fiscal relacionado.

En el recurso interpuesto por Massalin Particulares S.R.L. (RH10), la decisión fue similar. Mientras tanto, en los recursos RH12 y RH13, también presentados por Massalin Particulares S.R.L. y la AFIP respectivamente, se cuestionaba la prórroga de las cautelares mencionadas.