La incertidumbre sobre el quorum surgió en la noche del miércoles cuando se supo que, al menos tres radicales, no concurrirán este jueves a la Cámara alta ni lo hará un legislador de Provincias Unidas como así también los dos santacruceños que rechazan aspectos centrales del proyecto de «inviolabilidad» de la propiedad privada.

Tampoco quiere que se realice la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel que mantuvo una fuerte discusión con la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto, en torno a la iniciativa que permite la venta de tierras a extranjeros.

La discusión, que se filtró a través de capturas de WhatsApp, escaló rápidamente de tono. Ante la propuesta de Villarruel de que cada legislador celebrara en su provincia, Bullrich respondió que la mejor forma de festejar era sesionando. La respuesta de la vicepresidenta fue tajante y acusó al bloque de querer sesionar «para vender el país» y votar una «ley que es indignante», en referencia al proyecto de propiedad privada que elimina límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

“Ustedes nos quieren rifar, no seas hipócrita”, le espetó Villarruel a Bullrich, añadiendo que a la titular del bloque no le importaba la «integridad territorial». Por su parte, Bullrich defendió la agenda oficialista asegurando que el desafío de su espacio es «cambiar el país».

La tensión entre ambas escaló cuando la discusión pasó de lo político a lo personal. Ante las críticas de la vicepresidenta, Bullrich fue directa: «Si no te gusta, renunciá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís».

Sobre el final del intercambio, la Vicepresidenta calificó a la senadora de chupamedias de Karina Milei: «Andá a chuparle las medias a Karina», espetó Villarruel; a lo que Bullrich retrucó: «¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política«.

Compra de tierras

Uno de los puntos centrales es que el proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.

Se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.

Si no existe un reparo ni del gobierno nacional ni provincial se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.

En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.

Desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si «el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria».

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

Otro punto es que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.

En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darle intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.