El oficialismo quiere emitir dictamen la próxima semana, pero esa decisión dependerá si consigue el respaldo de los bloques dialoguistas, según señalaron fuentes parlamentarias.

En la segunda reunión para debatir el proyecto promocionado por el Gobierno para “defender la propiedad privada”, senadores oficialistas salieron a defender la iniciativa antes las críticas del peronismo y de los expositores que fueron propuestos por el Bloque Justicialista.

La discusión se efectuó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Legislación General, que presiden los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez.

Los aspectos que generan más debates son los cambios que se quieren realizar en la ley el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, y la eliminación de los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, que fueron cuestionados por algunos aliados.

Uno de los puntos más destacados del debate fue el contrapunto entre la ministra de Ambiente, Daniela Vilar y la presidenta del bloque del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que se desató cuando la funcionaria dijo que se “necesita tener presa” a Cristina Fernández de Kirchner para aprobar leyes en contra de la soberanía del país.

Bullrich se quejó que utilice una reunión de las comisiones sobre una ley para hacer “un panfleto político” y disparó que la “señora que defendió la funcionaria fue condenada y hasta la Corte Suprema se expidió. No respetan la aceptación del máximo tribunal».

“Estamos en veredas enfrente”, disparó Bullrich porque ”nosotros defendemos a los ciudadanos comunes» y dirigiéndose a Vilar le señaló que que la provincia de Buenos Aires tienen “más usurpaciones que en el resto del país y no sé qué están haciendo”.

En forma previa, Vilar había manifestado que «la Ley de Manejo del Fuego no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios, o que intenta es desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso de suelo. No busca castigar», afirmó Vilar.

El debate en el Senado

Otro de los expositores que cuestionó la ley fue el abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, quien señaló que esta iniciativa «genera fuertes dudas en cuanto a la protección del medioambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa al problema habitacional en el actual contexto económico”.

El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, aseguró que el proyecto del Gobierno de Inviolabilidad de la Propiedad Privada establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina” y denunció que desde la derogación de la ley de alquileres hubo un aumento superior al 400% en dos años.

«El resultado de no tener una regulación del precio del alquiler es que ayer el INDEC informó que una vez más los alquileres aumentan por encima de la inflación como todos los meses», agregó.

El ex diputado peronista Santiago Igon señaló que “esta ley no la estamos necesitando, lo que si necesitamos es que llegue el tercio que le corresponde a la provincia por impuestos al combustible para arreglar las rutas. Necesitamos una política a favor de que las economías regionales puedan resurgir”.

El referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi dijo que “el 92% de las familias que vivimos en barrio populares no tenemos acceso formal al agua, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 98% no tiene conexión al gas. No apoyamos esta iniciativa”.

Por su parte, El combatiente de Incendios Forestales del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de la Provincia de Rio Negro, Paulino Inalaf, dijo que «si se aprueba este proyecto de ley y luego empieza a haber una enorme cantidad de incendios para la compra de tierras y el negocio inmobiliario, ¿Qué políticas tienen para asegurar la seguridad y la soberanía argentina?”.

Uno de los pocos expositores que respaldaron el proyecto fue el abogado especializado en derecho administrativo, Mariano Marcucci, quien señaló que “la ley avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado y va a favor de las garantías de los particulares. Desde mi punto de vista, debe ser celebrado porque en ese sentido avanza el estado de derecho”.