Ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia, denunciaron irregularidades y malversación de fondos viales en rutas nacionales
Diversas entidades plantearon al Organismo de la Constitución diversas falencias cometidas por el Gobierno nacional y exigieron que la gestión pública de las rutas vuelva a manos de la Dirección Nacional de Vialidad
El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, Ricardo Lasca, junto al Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos; la Asociación de Protección de Consumidores; la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la Argentina, la Cooperativa DIESEL LTDA, la Asociación de Defensa del Usuario y Consumidor; y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, notificaron a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa del documento que revela las “variadas falencias del Régimen de Concesiones Viales Nacionales”, impulsadas desde el Gobierno nacional, remarcando que el mismo implica “un abierto incumplimiento a la Constitución Nacional, pues desconoce el derecho al libre tránsito de las personas y bienes, pretendiendo habilitarse por ahora 54 nuevas cabinas de peaje en todo el territorio argentino”.
Asimismo, se alertó que no se cumple con el recaudo de disponer de vías alternativas no concesionadas, y se exigió que la gestión pública de las rutas nacionales vuelva a manos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dado que si bien se anunció en distintas oportunidades su disolución, “la empresa estatal que en la actualidad está a cargo de la Administración, que se llama Corredores Viales SA, opera como una estructura paralela de Vialidad, limitándose al cobro de peajes, sin realizar obras y funcionando claramente como una caja política”.
A su vez, se mencionó que los usuarios de las rutas nacionales “ya abonan casi la mitad del costo de los combustibles para que las rutas nacionales estén en condiciones y aun así nada se hace hasta la fecha”.
“Encima, pretenden imponer peajes a mansalva, lo cual claramente es ilegal y representa una doble imposición. Si el Estado nacional va a concesionar todo lo relacionado con la infraestructura carretera argentina, debería dejar de recaudar los impuestos a los combustibles o coparticiparlos con todas las provincias”, se recalcó.
El documento presentado a la Defensoría, en su punto IV, titulado “Recaudación y Malversación de Fondos”, destaca que, por año, “son recaudados unos U$ S 3.000 millones de dólares en impuesto a combustibles, siendo evidente, a la luz de la inacción de Vialidad Nacional, la malversación de dichos fondos”.
Por otra parte, se repudia que los gastos para poner en marcha las nuevas concesiones serán financiados por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que depende del Ministerio de Economía de la Nación, resultando ello “una nueva carga financiera para el Estado nacional, que financiará las obras para que privados se lleven las ganancias”.
Por su parte, el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, con base en el Documento recibido, remitió sendas Instancias a la Dirección Nacional de Vialidad y al Ministerio de Economía de la Nación del cual depende, para solicitar que el actual esquema impulsado para reconstruir y mantener las rutas nacionales sea modificado, ya que el mismo “reproduce el modelo implementado durante la década del 90, que se caracteriza por su ineficiencia, falta de control estatal y ausencia de resultados concretos en materia de infraestructura vial, contrariándose principios de legalidad, equidad y eficiencia administrativa, afectando tanto a los usuarios, como al interés público”.