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Fate: denuncian el incumplimiento de la conciliación obligatoria

Fate: denuncian el incumplimiento de la conciliación obligatoria

El secretario ejecutivo del SUTNA habló lockout patronal y afirmó que la empresa sigue con sus puertas cerradas. El Gobierno había dictado el miércoles la conciliación obligatoria. Más de 900 trabajadores fueron despedidos.

La empresa anunció el último miércoles el cierre de su fábrica de neumáticos.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La tensión en la planta de neumáticos Fate alcanzó este sábado un punto crítico, luego de que los empleados denunciaran un lockout patronal al constatar que la firma no acató la conciliación obligatoria dictada días atrás por la Secretaría de Trabajo.

Según relató Miguel Ricciardulli, secretario ejecutivo del gremio, los operarios se presentaron a cumplir sus tareas pero se encontraron con las instalaciones cerradas, lo que motivó una permanencia en los portones de la fábrica. «Los compañeros se presentaron a prestar tarea y la empresa no abrió las puertas», afirmó el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que subrayó que la planta continúa «con candados y cadenas» pese a la vigencia de la medida legal que debería retrotraer los despidos.

El miércoles pasado, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero, había dictado la conciliación obligatoria por 15 días para intentar encauzar el conflicto de Fate, donde más de 900 trabajadores perdieron su fuente de empleo.

El conflicto se enmarca en una disputa política y económica entre la gestión nacional y el propietario de la empresa, dejando a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad. Ricciardulli manifestó, en ese sentido, que el sector se encuentra atrapado en medio de las decisiones oficiales que fomentan la importación de productos extranjeros y la postura empresarial ante la competencia externa.

«Quedamos en el medio de una discusión entre el Gobierno y lo que es el empresario», explicó, señalando además que el ministro de Economía, Luis Caputo, promueve el consumo de bienes importados por sobre la producción local, lo que agrava la incertidumbre sobre la continuidad de las fuentes de trabajo.

La crisis impacta de lleno en la economía de las familias operarias, quienes ya venían registrando un fuerte ajuste en su consumo cotidiano y en sus actividades sociales. El representante gremial, quien lleva 18 años en la firma, describió un panorama desolador donde incluso trabajadores con licencia médica o en periodo de vacaciones recibieron telegramas de despido.

En tanto, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, reclamó «una propuesta de continuidad laboral» para los trabajadores de FATE.

La planta tenía una capacidad productiva que superaba los 5.000.000 de neumáticos por año. Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

La compañía, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

 

Ley de Financiamiento Universitario: la UBA denunció al Gobierno en la Justicia

Ley de Financiamiento Universitario: la UBA denunció al Gobierno en la Justicia

El Consejo Superior de la institución decidió iniciar acciones legales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795

Ley de Financiamiento Universitario: la UBA denunció al Gobierno en la Justicia

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió este miércoles iniciar acciones legales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.

La iniciativa fue sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por decreto., pero con su aplicación suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.

En este contexto, el Consejo Superior de la institución adoptó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025.

En su resolución, la UBA planteó que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.

Y agregan que “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.

La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”.

Además dispuso que se comunique la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.

El Consejo Superior fundamentó la decisión en la situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En los considerandos se expresó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”.

La institución recordó “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”.

Ley de financiamiento universitario

Concretamente, mediante el Decreto 759 se aplicó la Ley 27.795, que establece el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial del personal docente, que busca garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y actualizar los salarios del personal docente y no docente, así como los programas de becas estudiantiles.

La normativa establece que el Poder Ejecutivo debe definir las partidas presupuestarias del programa “Desarrollo de la Educación Superior” para asegurar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, además de incrementar recursos para tecnología, investigación, extensión universitaria y formación del personal docente. También contempla la actualización de los salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la incorporación de sumas no remunerativas y no bonificables a los básicos.

 

Armando Cavalieri denunció el incumplimiento salarial en Makro, Vital y Jaguar

Armando Cavalieri denunció el incumplimiento salarial en Makro, Vital y Jaguar

FAECYS manifestó su «profunda preocupación» por el incumplimiento de las paritarias en Makro, Vital y Jaguar y otras empresas del sector.

Armando Cavalieri reclama que las cadenas mayoristas cumplan el acuerdo paritario

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) manifestó su “profunda preocupación” ante el “reiterado incumplimiento del acuerdo paritario por parte de varias de las principales cadenas mayoristas del país”.

El sindicato más grande del país advirtió que, desde mediados de mayo, trabajadores de empresas como Makro, Vital y Jaguar realizan medidas de fuerza para reclamar el pago íntegro del aumento salarial correspondiente al trimestre abril-junio.

El acuerdo firmado por la FAECYS con las cámaras empresariales del sector establecía un incremento salarial acumulativo del 5,4%, a abonarse en tres tramos trimestrales, junto con sumas fijas mensuales de $35.000 en abril, $40.000 en mayo y $40.000 en junio, esta última a incorporarse al salario básico.

De todos modos, distintas empresas adoptaron mecanismos para eludir lo pactado: algunas pagan las sumas fijas pero no aplican los porcentajes, mientras otras otorgan anticipos parciales sin ajustes posteriores.

«Los acuerdos paritarios son producto de una negociación responsable entre partes, y deben cumplirse sin excusas. No vamos a permitir que los trabajadores sean la variable de ajuste en este contexto», dijo Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, y consideró «inadmisible que mientras algunos empleadores honran sus compromisos, otros especulen con el bolsillo de los trabajadores».

Además del accionar de las empresas, la federación advirtió que el conflicto se ve agravado por la falta de homologación del acuerdo por parte del gobierno nacional, que adoptó una política restrictiva de aumentos que no superen el 1% mensual.

“Esta negativa oficial contradice el discurso de no intervención en las relaciones entre privados y termina beneficiando a los empleadores que buscan eludir sus responsabilidades”, advirtió.

Un artículo clave del acuerdo -el 10- establece que ante demoras administrativas en la homologación, los empleadores deben igualmente cumplir con lo pactado, efectuando los pagos como “anticipos a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025”.

Sin embargo, muchas de las cadenas mayoristas ignoran esta cláusula y supeditan los pagos a la aprobación gubernamental, se quejó el sindicato.

En paralelo, FAECYS denunció que “algunas empresas comenzaron a presionar a los trabajadores mediante la suspensión de beneficios como el menú diario en jornadas prolongadas, en un intento de desmovilización que es inaceptable”.